Miguel Ángel Palacios Hernández y Otros.
Expediente 965/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Palacios Hernández y Otros.
- Miguel Ángel Palacios Hernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 17937 del índice de este juzgado, e informa que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el cual fue radicado con el número 156/2019. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Abel Tovilla Carpio, Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas. 3. Juan Carlos Rivera Robles, Asistente Particular o Secretario Particular del Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 965/2019-2-B DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de evitar la desnutrición severa y la orden de discriminación de los indígenas tzotziles, así como la negativa de brindar el derecho a la salud y alimentación a los niños, mujeres, ancianos indígenas, todos del municipio de Teopisca, Chiapas. Atento a lo anterior, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". De igual forma, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) , sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos del quejoso, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al Juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. En ese tenor, se infiere que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". En ese tenor, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en la omisión de evitar la desnutrición severa y la orden de discriminación de los indígenas tzotziles, así como la negativa de brindar el derecho a la salud y alimentación a los niños, mujeres, ancianos indígenas, todos del municipio de Teopisca, Chiapas. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, se advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo del aquí quejoso ***, para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, pues, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar el acto materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda, se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. Ello es así, pues del escrito de demanda se infiere que el quejoso acude a esta instancia constitucional en defensa de los derechos fundamentales de derechos a la salud e igualdad de indígenas tzotziles pertenecientes al municipio de Teopisca, Chiapas, sin que se acredite que pertenezca a esa colectividad, pues la demanda de amparo la promueve como activista humanitario independiente, o bien, que tenga alguna afectación a su esfera jurídica en virtud de su especial posición frente al ordenamiento legal. De manera que, se estima que el interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado, en que la actividad gubernamental en el ámbito estatal, se realice acorde a las leyes aplicables; pues el acto objeto de reclamo, no es susceptible de generar un perjuicio real y actual en los derechos del aquí inconforme, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendría el promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Así, no basta que los promoventes del amparo refieran que por ser activista humanitario independiente, cuente con interés legítimo para combatir los actos que por esta vía reclama, pues no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tienen el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, pues la parte quejosa ni siquiera hace derivar ese interés del hecho de su actividad humanitaria; circunstancia que no es suficiente para considerar que cuenta con una situación especial frente a los derechos que cuestiona. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada de los actos reclamados, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del quejosos, la cual, ante una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado, pues se colige que la pretensión del inconforme es que el Estado proporcione alimento, vestido y vivienda, así como un trato igualitario a los indígenas del municipio de Teopisca, Chiapas, lo cual debe realizarse con apego al orden legal y constitucional que debe regir todo acto emanado de los poderes del Estado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo que hace valer, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá al aquí quejoso en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. En ese sentido, es dable sostener que el quejoso carece de interés jurídico o legítimo, y como tal, el amparo intentado resulta improcedente. En efecto, es menester señalar que el Poder Judicial no puede evaluar cualquier acto de autoridad, es decir, no puede controlar a los demás poderes cuando estime conveniente, pues ello implicaría que los otros dos poderes quedarían subordinados a que los jueces tengan que decir en cada una de sus decisiones, lo que rompe con el ideal de "co-participación" que busca alcanzar la Constitución mediante la difusión del poder público en distintos departamentos, con competencias propias, para proyectar un sistema de pesos y contrapesos. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, los jueces constitucionales sólo son aptos para conocer de aquellas que puedan calificarse como actualizadoras del interés legítimo o del interés jurídico, y no otras, lo que no implica que el otro tipo de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en ese momento. Los jueces de amparo sólo pueden resolver sobre aquellas afectaciones que sean jurídicamente relevantes, es decir, actuales, reales y cualificadas. Las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponden a los órganos políticos. Ahora, si bien el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, lo cierto es que tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En el caso concreto, la afectación que alega el quejoso no puede calificarse como propia, ya que es una afectación que se despliega a una colectividad más amplia, consistente en la comunidad indígena tzotzil del municipio de Teopisca, Chiapas, extremo al que no puede extenderse el ámbito de aplicación del interés legítimo, pues implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de los actos de autoridad cuando estime que afectan a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar que resuelvan los jueces de amparo. De ahí que se estime que le peticionario acude en sede constitucional a proteger un interés que asiste a una categoría amplia de sujetos: indígenas tzotziles del municipio de Teopisca, Chiapas. Por consiguiente, se encuentra desprovisto de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al no ostentar un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento, en cuyo caso la concesión del amparo no puede lograr un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la actuación que, en su caso, llegue a desplegarse. Ello, si se toma en consideración que la afectación que afirma resentir es igualmente padecida por la comunidad indígena tzotzil del municipio de Teopisca, Chiapas, por lo que su interés forma parte del interés societario y general de que el Estado lleve a cabo las acciones necesarias para concluir una problemática de incidencia generalizada en dicho grupo social, cuya implementación debe mantenerse fuera de la esfera de competencias de los jueces de amparo, habida cuenta que este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien son existentes, no son aptos para dirimirse en sede de control constitucional. El principio de división de poderes reserva este tipo de afectaciones mayoritarias para que sean resueltas en los procesos democráticos. Nuestra forma de gobierno democrática dispone que sean las mayorías las que resuelvan los problemas que afecten el bien común, no los jueces. A los jueces de amparo sólo les corresponde resolver aquellas afectaciones que atañen a un interés propio del quejoso distinto al de cualquier otro gobernado, de tal forma que la concesión de una eventual protección constitucional se pueda traducir en un beneficio exclusivo de los quejosos en su esfera jurídica. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL". En ese sentido, si la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, deviene inconcusa la improcedencia de la acción constitucional, pues tal afectación no es susceptible de ser analizada en el juicio de amparo. Cabe precisar que el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica (sobre el curso que debe darse a la demanda) y, en ese tenor, el hecho de que la evidente e insuperable ausencia de un interés legítimo requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial, sobre todo cuando se configura facilidad o claridad en la materia del asunto y completitud en los elementos que revelan la situación concreta. De ahí que, tratándose de ese interés, subsista la posibilidad de que, de contar con los factores aptos y suficientes para determinar la potencial afectación a la esfera jurídica del quejoso, el Juez de Distrito pueda emitir una determinación que decida sobre su ausencia definitiva e insuperable, se insiste, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable, en términos del artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto señala. Asimismo, con fundamento en la parte in fine del artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado para tales efectos a César Madrid Taguada, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de que una vez que cuente con ella, podrá solicitar se acuerde lo conducente a este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes
- Miguel Ángel Magariño Perezordaz y Otros.1511/2022
- Miguel Ángel Molina López y Otros.73/2020
- Miguel Ángel Moreno Tagualari y Otros.1165/2022
- Miguel Ángel Nampula Pérez y Otros.817/2021
- Miguel Ángel Nango Torres y Otros.258/2020
- Miguel Ángel Olivar Martínez y Otros.585/2022
- Miguel Ángel Peñaloza Torres y Otros.1313/2022
- Miguel Angel Reyes Zuñiga654/2017
- Miguel Ángel Rodríguez Aguilar970/2017
- Miguel Ángel Sánchez Nandayapa y Otros.458/2023
- Miguel Ángel Suárez Díaz y Otros.1431/2022
- Miguel Ángel Suárez Díaz y Otros.823/2022