Miguel Ángel Pacheco Pérez

Expediente 69/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
69/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
25/03/2015

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Pacheco Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes legitimadas hubieren hecho valer recurso de inconformidad contra el auto de veintitrés de febrero pasado (fojas 789 a 794), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en auto de veintinueve de diciembre del año pasado, respecto a la vista relativa al cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la sentencia que le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ; en consecuencia, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables respecto a dicho cumplimiento. Así, se destaca que el catorce de abril de dos mil catorce, se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 591 a 613), para el efecto de que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el quince de octubre de dos mil trece, en la causa penal 61/2013 de su registro, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad por omisión, cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior, pero subsanando los vicios formales indicados, o en sentido diverso, y a la luz de todas las pruebas que obran en autos. Concesión que se hizo extensiva respecto al diverso acto de ejecución reclamado al Director de la Penitenciaría del Estado, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento, al no haberse reclamado por vicios propios. Vicios formales que se destacaron a la autoridad judicial responsable en los términos siguientes: "Ahora bien, en principio, resulta importante señalar que el contenido del artículo 177 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que, en lo de interés, en la segunda parte tipifica el delito de desobediencia que estima actualizado la juez de proceso, permite conocer que éste se actualiza cuando el activo desobedece un mandato legítimo de la autoridad, el cual, como se aprecia claramente, está constituido por una omisión, consistente precisamente en desobedecer un mandato legítimo de autoridad. (.) Por tanto, al ser el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad -por el cual se emitió el auto de formal prisión en estudio-, por su naturaleza, de omisión, es evidente que fue incorrecto que la autoridad responsable lo hubiera denominado "DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN", previsto en el artículo 177, en relación con el diverso 7° , ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; toda vez que, como ya se dijo, no se trata de un tipo penal de acción, actualizado por no evitar un resultado material, sino, de uno de omisión; de ahí que la autoridad responsable, debe prescindir de la denominación que señaló y precisar que se trata de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD. Establecido lo anterior, conviene destacar que el artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en el cual señala la autoridad responsable se encuentra previsto el delito que denominó "DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE UNA AUTORIDAD POR OMISIÓN", por el cual dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, dispone lo siguiente: (.) Bajo estas premisas, se puede establecer válidamente que la autoridad responsable no cumplió con los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, en virtud de que no fundó ni motivó adecuadamente su resolución, pues omitió precisar, debidamente, en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales aplicable, los elementos objetivos o externos que integran la descripción de la conducta típica que se imputa al procesado, prevista, como ya se explicó en el artículo 177, en relación con el 182, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, lo cual resulta de trascendental importancia porque a partir de ello es como se estará en condiciones de proceder al análisis del cuerpo del delito de que se trata; por consiguiente, resulta evidente que tampoco estableció cuáles son los medios de convicción que acreditan cada uno de esos elementos, ni menos señaló cuál es el contenido y alcance probatorio que cada uno de ellos tiene en relación con los mismos. Es así, toda vez que la resolutora de origen al desarrollar el estudio del cuerpo del delito de que se trata, basado en la acreditación de los siguientes elementos del mismo: ".a).- Que el sujeto activo o activos tengan el carácter de funcionario público. b).- Que el activo desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad. c).- Que sea sin causa legítima.", de manera evidente, por una parte, consideró un elemento distinto al que integra el tipo penal, pues el mismo, como se explicó, no requiere de una calidad específica del sujeto activo del delito y, por otra, omitió considerar de entre de ellos que se requiere que, previamente, se hayan agotado en contra del activo los medios de apremio contemplados en la ley que rige el procedimiento de donde emana el mandato desobedecido, es decir, limitó el estudio de los elementos corpóreos del ilícito, pues no refirió el requisito previsto en el artículo 182 del Código Penal vigente en el Estado, no obstante que el mismo se encuentra ubicado dentro del capítulo correspondiente al delito de "desobediencia y resistencia de particulares", en el que se encuentra el de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se atribuye al ahora quejoso. En ese orden de ideas, es inconcuso que la autoridad responsable debió estudiar al analizar el cuerpo del delito en cuestión, además de los restantes elementos que lo integran, si se aplicaron los medios de apremio previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca; cuáles medios de apremio y cómo se aplicaron y, en todo caso, determinar si tales medios fueron efectivos para determinar si el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, agotó todos los instrumentos a su alcance para hacer valer sus mandatos; pues sólo así se verificará el ilícito de que se trata. Circunstancias que resultan indispensables para determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas que, en su caso, se puedan invocar como fundamento, y por ende, si se configura o no esa hipótesis normativa, además, para que el impetrante conozca con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se sustentan y, de ese modo esté en aptitud de defenderse en la vía legal que proceda. De ahí que resulte necesario que, una vez precisados de manera clara y detallada los elementos del cuerpo del delito mencionado, realice un verdadero estudio de cada una de las probanzas con las que se apoye, para determinar qué datos contenidos en cada uno de los medios de convicción desahogados en la averiguación previa, son los que actualizan la materialidad de sus elementos configurativos, a través de los razonamientos lógico jurídicos correspondientes. (.) En el entendido que, una vez precisados correctamente los elementos del cuerpo del delito de que se trata, deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, destacándose que, en cuanto al tiempo en que aconteció la conducta que le reprocha al inculpado, deberá tomar en consideración, como ya se dijo, que uno de los elementos que integran el cuerpo del delito que analizó, lo constituye determinar si el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, agotó todos los instrumentos a su alcance para hacer valer sus mandatos; pues sólo así se verificará el ilícito de que se trata. Lo anterior, en atención a que son éstos datos los que permiten comprender las condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico y al procesado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su privación de la libertad, estando así en posibilidad de desplegar una adecuada defensa. Aspectos que resultan elementales para que el inculpado tenga elementos suficientes que le permitan advertir con qué actos concretos se le relaciona, y de esa manera, pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa. (.) En este orden, aunado a lo anterior, el análisis del auto de formal prisión reclamado evidencia que la autoridad responsable si bien señaló que las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once, adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 335, fracción I del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, en virtud de que fueron autorizados por la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; sin embargo, omitió expresar con claridad porqué es precisamente el numeral 335 citado -el cual ni siquiera tiene fracciones- el que la autoriza a otorgar valor probatorio pleno a tales documentales, tomando en consideración que el mismo refiere lo siguiente: ".Todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un proceso y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen los artículos siguientes". También, se pone en evidencia que en el citado apartado, la autoridad judicial responsable determinó que la conducta típica del ilícito fue ejecutada por el inculpado MIGUEL PACHECO PÉREZ (sic), pues al respecto citó ".LESIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, el bien jurídico tutelado por la norma en el delito doloso de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD, lo constituye precisamente LA FUNCIÓN PÚBLICA, que en el presente caso se vio lesionada ya que el sujeto activo MIGUEL PACHECO PÉREZ, dejó de cumplir con el mandato legítimo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado, en sentencia dictada por dicha autoridad al no tomarle la protesta como concejal a que tenía derecho el pasivo JUAN MANUEL DE JESÚS CONCHA HERNÁNDEZ." (foja 502 vuelta ibídem); sin embargo, inadvirtió que ello es un aspecto que atañe al examen de la probable responsabilidad, pues será ahí donde se desentrañará la intervención del inculpado en la ejecución de la conducta que se investiga, tomando en cuenta que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría o coautoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona. En otro orden, se advierte que la A quo en el apartado correspondiente a la probable responsabilidad de MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, la cual tuvo por acreditada con las copias certificadas por el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, deducidas del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano JDC/39/2012, de su registro; la denuncia de Juan Manuel de Jesús Concha Hernández, formulada el seis de mayo de dos mil trece, y las declaraciones de los testigos de cargo Federico Flores Díaz, Ángel Sergio Muñoz Sánchez, Prócoro Mario López Hernández, Edith Carmona López y María del Socorro Contreras Hernández, emitidas el trece de mayo de dos mil trece, las cuales adminiculó a las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once; probanzas a las que una vez reseñadas les otorgó el valor probatorio que estimó alcanzan. Sin embargo, por lo que se refiere a la valoración de las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once, incurrió en la misma violación formal referida en párrafos anteriores, toda vez que si bien señaló que éstas adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 335, fracción I del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, omitió expresar con claridad porqué es precisamente el numeral 335 citado -el cual ni siquiera se compone de fracciones-, el que la autoriza a otorgar valor probatorio pleno a tales documentales; ello, tomando en consideración que el citado numeral se refiere a cómo se resolverán las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un proceso y que no sean de las especificadas en los capítulos que le anteceden. Asimismo, se advierte que la autoridad judicial responsable manifiesta que la conducta desplegada por el activo del delito es dolosa, en términos de lo previsto por el artículo 8, fracción I del Código Penal del Estado; sin embargo, fue omisa en exponer los motivos por los cuales llegó a la conclusión que el inculpado conocía los elementos objetivos del hecho típico. (.) Finalmente, se advierte que la autoridad responsable al inicio de la resolución impugnada sostiene que el delito que denominó "desobediencia a un mandato legítimo de autoridad por omisión", que le imputa al procesado, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado, ya transcrito; sin embargo, al concluir el estudio de la probable responsabilidad del inculpado, señaló que éste se encuentra sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 272, primera parte, del código sustantivo invocado, pues al respecto expuso lo siguiente: "Y como el delito que se le imputa al inculpado se encuentra sancionado en términos (sic) artículo 272 primera parte, del Código Penal Vigente en el Estado, al estar satisfechos los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política del país, se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DE MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ." (foja 517 vuelta), último numeral citado que señala lo siguiente: (.) Por tanto, es evidente que si en la especie el delito que se imputa al inculpado es el de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, no resulta lógico que a dicha conducta corresponda la sanción que prevé el artículo 272, primera parte, del código sustantivo penal, que señala la resolutora de origen, pues, como se expuso, este último sanciona la conducta por la que se infiere una lesión pero no aquélla por la que se desobedece un mandato legítimo de autoridad. En tales condiciones, al no haber señalado la autoridad responsable con precisión el o los artículos que contemplan la sanción aplicable a la conducta del activo constitutiva del delito que le reprocha, es evidente que se vulneran los derechos humanos del aquí quejoso. Omisiones e imprecisiones apuntadas que contravienen en perjuicio del quejoso los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, los que obligan a la responsable a verificar que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado estén acreditados en autos y, consecuentemente, violan el derecho fundamental de legalidad consagrado en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. (.)." Inconforme con tal resolución, mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil catorce (foja 631), la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en su contra; del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el registro 365/2014 (foja 662). Medio de impugnación en el que el Tribunal de Alzada, por ejecutoria pronunciada el dos de octubre de dos mil catorce (fojas 666 s 675), confirmó la sentencia impugnada, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ; en los términos reseñados en la misma. En ese orden, por acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce (fojas 676 y 677), se requirió a las citadas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por oficio 2827 de cuatro de noviembre del año pasado, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, en la causa penal 61/2013 de su índice (foja 712 a 736), de la que se advierte dejó insubsistente la diversa de quince de octubre de dos mil trece y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra en la que nuevamente dictó auto de formal prisión contra el quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Resolución de cuyo análisis se advierte que atendió los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, pues precisó que el delito de que se trata es el de desobediencia a un mandado legítimo de autoridad, así como que éste se integra con los elementos relativos a la existencia de un mandato de autoridad, que dicho mandato sea legítimo, que sea desobedecido sin causa legitima, y que previamente se hayan agotado en contra del activo los medios de apremio contemplados en la ley que rige el procedimiento de donde emana el mandato desobedecido; precisión de la que derivó el auto de formal prisión que emitió. Por su parte, el Subdirector Técnico Jurídico de la Penitenciaría del Estado de Oaxaca, por oficio SSP/SPRS/GRS/DPE/STJ/4607/2014, informó haber realizado las anotaciones correspondientes a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ en el expediente administrativo que se lleva en el archivo de esa Subdirección Técnica Jurídica de la Penitenciaría del Estado, correspondiente al citado quejoso (foja 764). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por una parte, dejó insubsistente la resolución de quince de octubre de dos mil trece, dictada en la causa penal 61/2013 de su registro y, por otra, con plenitud de jurisdicción, dictó otra determinación en la que nuevamente dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, en la que subsanó los vicios formales que se le destacaron. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, en primera instancia, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en auto de veintinueve de diciembre del año pasado, respecto a la vista relativa al cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la sentencia que le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ; en consecuencia, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables respecto a dicho cumplimiento. Así, se destaca que el catorce de abril de dos mil catorce, se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 591 a 613), para el efecto de que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el quince de octubre de dos mil trece, en la causa penal 61/2013 de su registro, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad por omisión, cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior, pero subsanando los vicios formales indicados, o en sentido diverso, y a la luz de todas las pruebas que obran en autos. Concesión que se hizo extensiva respecto al diverso acto de ejecución reclamado al Director de la Penitenciaría del Estado, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento, al no haberse reclamado por vicios propios. Vicios formales que se destacaron a la autoridad judicial responsable en los términos siguientes: "Ahora bien, en principio, resulta importante señalar que el contenido del artículo 177 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que, en lo de interés, en la segunda parte tipifica el delito de desobediencia que estima actualizado la juez de proceso, permite conocer que éste se actualiza cuando el activo desobedece un mandato legítimo de la autoridad, el cual, como se aprecia claramente, está constituido por una omisión, consistente precisamente en desobedecer un mandato legítimo de autoridad. (.) Por tanto, al ser el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad -por el cual se emitió el auto de formal prisión en estudio-, por su naturaleza, de omisión, es evidente que fue incorrecto que la autoridad responsable lo hubiera denominado "DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN", previsto en el artículo 177, en relación con el diverso 7° , ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; toda vez que, como ya se dijo, no se trata de un tipo penal de acción, actualizado por no evitar un resultado material, sino, de uno de omisión; de ahí que la autoridad responsable, debe prescindir de la denominación que señaló y precisar que se trata de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD. Establecido lo anterior, conviene destacar que el artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en el cual señala la autoridad responsable se encuentra previsto el delito que denominó "DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE UNA AUTORIDAD POR OMISIÓN", por el cual dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, dispone lo siguiente: (.) Bajo estas premisas, se puede establecer válidamente que la autoridad responsable no cumplió con los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, en virtud de que no fundó ni motivó adecuadamente su resolución, pues omitió precisar, debidamente, en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales aplicable, los elementos objetivos o externos que integran la descripción de la conducta típica que se imputa al procesado, prevista, como ya se explicó en el artículo 177, en relación con el 182, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, lo cual resulta de trascendental importancia porque a partir de ello es como se estará en condiciones de proceder al análisis del cuerpo del delito de que se trata; por consiguiente, resulta evidente que tampoco estableció cuáles son los medios de convicción que acreditan cada uno de esos elementos, ni menos señaló cuál es el contenido y alcance probatorio que cada uno de ellos tiene en relación con los mismos. Es así, toda vez que la resolutora de origen al desarrollar el estudio del cuerpo del delito de que se trata, basado en la acreditación de los siguientes elementos del mismo: ".a).- Que el sujeto activo o activos tengan el carácter de funcionario público. b).- Que el activo desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad. c).- Que sea sin causa legítima.", de manera evidente, por una parte, consideró un elemento distinto al que integra el tipo penal, pues el mismo, como se explicó, no requiere de una calidad específica del sujeto activo del delito y, por otra, omitió considerar de entre de ellos que se requiere que, previamente, se hayan agotado en contra del activo los medios de apremio contemplados en la ley que rige el procedimiento de donde emana el mandato desobedecido, es decir, limitó el estudio de los elementos corpóreos del ilícito, pues no refirió el requisito previsto en el artículo 182 del Código Penal vigente en el Estado, no obstante que el mismo se encuentra ubicado dentro del capítulo correspondiente al delito de "desobediencia y resistencia de particulares", en el que se encuentra el de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se atribuye al ahora quejoso. En ese orden de ideas, es inconcuso que la autoridad responsable debió estudiar al analizar el cuerpo del delito en cuestión, además de los restantes elementos que lo integran, si se aplicaron los medios de apremio previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca; cuáles medios de apremio y cómo se aplicaron y, en todo caso, determinar si tales medios fueron efectivos para determinar si el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, agotó todos los instrumentos a su alcance para hacer valer sus mandatos; pues sólo así se verificará el ilícito de que se trata. Circunstancias que resultan indispensables para determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas que, en su caso, se puedan invocar como fundamento, y por ende, si se configura o no esa hipótesis normativa, además, para que el impetrante conozca con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se sustentan y, de ese modo esté en aptitud de defenderse en la vía legal que proceda. De ahí que resulte necesario que, una vez precisados de manera clara y detallada los elementos del cuerpo del delito mencionado, realice un verdadero estudio de cada una de las probanzas con las que se apoye, para determinar qué datos contenidos en cada uno de los medios de convicción desahogados en la averiguación previa, son los que actualizan la materialidad de sus elementos configurativos, a través de los razonamientos lógico jurídicos correspondientes. (.) En el entendido que, una vez precisados correctamente los elementos del cuerpo del delito de que se trata, deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, destacándose que, en cuanto al tiempo en que aconteció la conducta que le reprocha al inculpado, deberá tomar en consideración, como ya se dijo, que uno de los elementos que integran el cuerpo del delito que analizó, lo constituye determinar si el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, agotó todos los instrumentos a su alcance para hacer valer sus mandatos; pues sólo así se verificará el ilícito de que se trata. Lo anterior, en atención a que son éstos datos los que permiten comprender las condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico y al procesado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su privación de la libertad, estando así en posibilidad de desplegar una adecuada defensa. Aspectos que resultan elementales para que el inculpado tenga elementos suficientes que le permitan advertir con qué actos concretos se le relaciona, y de esa manera, pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa. (.) En este orden, aunado a lo anterior, el análisis del auto de formal prisión reclamado evidencia que la autoridad responsable si bien señaló que las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once, adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 335, fracción I del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, en virtud de que fueron autorizados por la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; sin embargo, omitió expresar con claridad porqué es precisamente el numeral 335 citado -el cual ni siquiera tiene fracciones- el que la autoriza a otorgar valor probatorio pleno a tales documentales, tomando en consideración que el mismo refiere lo siguiente: ".Todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un proceso y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen los artículos siguientes". También, se pone en evidencia que en el citado apartado, la autoridad judicial responsable determinó que la conducta típica del ilícito fue ejecutada por el inculpado MIGUEL PACHECO PÉREZ (sic), pues al respecto citó ".LESIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, el bien jurídico tutelado por la norma en el delito doloso de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD, lo constituye precisamente LA FUNCIÓN PÚBLICA, que en el presente caso se vio lesionada ya que el sujeto activo MIGUEL PACHECO PÉREZ, dejó de cumplir con el mandato legítimo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado, en sentencia dictada por dicha autoridad al no tomarle la protesta como concejal a que tenía derecho el pasivo JUAN MANUEL DE JESÚS CONCHA HERNÁNDEZ." (foja 502 vuelta ibídem); sin embargo, inadvirtió que ello es un aspecto que atañe al examen de la probable responsabilidad, pues será ahí donde se desentrañará la intervención del inculpado en la ejecución de la conducta que se investiga, tomando en cuenta que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría o coautoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona. En otro orden, se advierte que la A quo en el apartado correspondiente a la probable responsabilidad de MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, la cual tuvo por acreditada con las copias certificadas por el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, deducidas del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano JDC/39/2012, de su registro; la denuncia de Juan Manuel de Jesús Concha Hernández, formulada el seis de mayo de dos mil trece, y las declaraciones de los testigos de cargo Federico Flores Díaz, Ángel Sergio Muñoz Sánchez, Prócoro Mario López Hernández, Edith Carmona López y María del Socorro Contreras Hernández, emitidas el trece de mayo de dos mil trece, las cuales adminiculó a las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once; probanzas a las que una vez reseñadas les otorgó el valor probatorio que estimó alcanzan. Sin embargo, por lo que se refiere a la valoración de las copias certificadas de la constancia de Mayoría y Validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición "POR LA TRANSFORMACIÓN DE OAXACA", emitida por el Instituto Estatal Electoral, el ocho de julio de dos mil diez, y del acta de instalación y toma de protesta de ley de cargo de concejales del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que fungirían del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada el uno de enero de dos mil once, incurrió en la misma violación formal referida en párrafos anteriores, toda vez que si bien señaló que éstas adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 335, fracción I del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, omitió expresar con claridad porqué es precisamente el numeral 335 citado -el cual ni siquiera se compone de fracciones-, el que la autoriza a otorgar valor probatorio pleno a tales documentales; ello, tomando en consideración que el citado numeral se refiere a cómo se resolverán las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un proceso y que no sean de las especificadas en los capítulos que le anteceden. Asimismo, se advierte que la autoridad judicial responsable manifiesta que la conducta desplegada por el activo del delito es dolosa, en términos de lo previsto por el artículo 8, fracción I del Código Penal del Estado; sin embargo, fue omisa en exponer los motivos por los cuales llegó a la conclusión que el inculpado conocía los elementos objetivos del hecho típico. (.) Finalmente, se advierte que la autoridad responsable al inicio de la resolución impugnada sostiene que el delito que denominó "desobediencia a un mandato legítimo de autoridad por omisión", que le imputa al procesado, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado, ya transcrito; sin embargo, al concluir el estudio de la probable responsabilidad del inculpado, señaló que éste se encuentra sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 272, primera parte, del código sustantivo invocado, pues al respecto expuso lo siguiente: "Y como el delito que se le imputa al inculpado se encuentra sancionado en términos (sic) artículo 272 primera parte, del Código Penal Vigente en el Estado, al estar satisfechos los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política del país, se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DE MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ." (foja 517 vuelta), último numeral citado que señala lo siguiente: (.) Por tanto, es evidente que si en la especie el delito que se imputa al inculpado es el de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, no resulta lógico que a dicha conducta corresponda la sanción que prevé el artículo 272, primera parte, del código sustantivo penal, que señala la resolutora de origen, pues, como se expuso, este último sanciona la conducta por la que se infiere una lesión pero no aquélla por la que se desobedece un mandato legítimo de autoridad. En tales condiciones, al no haber señalado la autoridad responsable con precisión el o los artículos que contemplan la sanción aplicable a la conducta del activo constitutiva del delito que le reprocha, es evidente que se vulneran los derechos humanos del aquí quejoso. Omisiones e imprecisiones apuntadas que contravienen en perjuicio del quejoso los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, los que obligan a la responsable a verificar que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado estén acreditados en autos y, consecuentemente, violan el derecho fundamental de legalidad consagrado en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. (.)." Inconforme con tal resolución, mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil catorce (foja 631), la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en su contra; del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el registro 365/2014 (foja 662). Medio de impugnación en el que el Tribunal de Alzada, por ejecutoria pronunciada el dos de octubre de dos mil catorce (fojas 666 s 675), confirmó la sentencia impugnada, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ; en los términos reseñados en la misma. En ese orden, por acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce (fojas 676 y 677), se requirió a las citadas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por oficio 2827 de cuatro de noviembre del año pasado, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, en la causa penal 61/2013 de su índice (foja 712 a 736), de la que se advierte dejó insubsistente la diversa de quince de octubre de dos mil trece y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra en la que nuevamente dictó auto de formal prisión contra el quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Resolución de cuyo análisis se advierte que atendió los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, pues precisó que el delito de que se trata es el de desobediencia a un mandado legítimo de autoridad, así como que éste se integra con los elementos relativos a la existencia de un mandato de autoridad, que dicho mandato sea legítimo, que sea desobedecido sin causa legitima, y que previamente se hayan agotado en contra del activo los medios de apremio contemplados en la ley que rige el procedimiento de donde emana el mandato desobedecido; precisión de la que derivó el auto de formal prisión que emitió. Por su parte, el Subdirector Técnico Jurídico de la Penitenciaría del Estado de Oaxaca, por oficio SSP/SPRS/GRS/DPE/STJ/4607/2014, informó haber realizado las anotaciones correspondientes a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ en el expediente administrativo que se lleva en el archivo de esa Subdirección Técnica Jurídica de la Penitenciaría del Estado, correspondiente al citado quejoso (foja 764). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por una parte, dejó insubsistente la resolución de quince de octubre de dos mil trece, dictada en la causa penal 61/2013 de su registro y, por otra, con plenitud de jurisdicción, dictó otra determinación en la que nuevamente dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, cometido en agravio del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, en la que subsanó los vicios formales que se le destacaron. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, en primera instancia, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA II A Con apoyo en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, y en la tesis jurisprudencial 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO", se ordena a la Secretaria de este Juzgado certifique la hora y fecha en que fue recibido el oficio número SSP/SPRS/DGRS/PE/STJ/4607/2014 signado por el Subdirector Técnico Jurídico de la Penitenciaria del Estado de Oaxaca, así como el órgano que lo remitió. Hecho lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por el que la autoridad antes citada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de trece de octubre del año en curso y al requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre actual (fojas 760), informa que el cuatro de octubre del año en curso, fue recibida mediante oficio 2465, copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintisiete de octubre de este año, por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en contra del quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, motivo por el cual el personal del área Jurídica realizó las anotaciones respectivas en el expediente de no ingreso de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso MIGUEL ÁNGEL PACHECO PÉREZ y parte tercera interesada, con las manifestaciones de la autoridad antes citada, así como con las constancias remitidas por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, mismas que se tuvieron por recibidas en proveído de siete de noviembre del año en curso (fojas 712 a 737), por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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