Miguel Ángel Osorio Ortíz
Expediente 359/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Miguel Ángel Osorio Ortíz
Actuaciones
- Principal
e HA CAUSADO ESTADO. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Visto lo la demanda de amparo que promueve ...; contra los actos y autoridades que se citan a continuación: Autoridad(es)Acto(s) reclamado(s)Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, Secretaria Actuaria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de ColimaOmisión de emplazar demanda en los autos del juicio laboral ... Formación de expediente físico y electrónico.Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 359/2022-III Análisis de la demanda En consecuencia se estima pertinente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Una vez analizado el citado libelo, así como el contenido del escrito aclaratorio de cuenta, se considera viable el desechamiento de plano, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Ahora, previo a continuar con la parte toral de la presente determinación, conforme al arábigo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, resulta necesario establecer en forma clara y precisa el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, del análisis integral del ocurso inicial, se advierte, la parte quejosa señala como acto destacado lo siguiente: "La omisión de emplazar demanda." De dicha manifestación, así como de la lectura integral del escrito inicial de demanda se advierte, que el acto reclamado consiste en la omisión de realizar el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral ..., relativo a la demanda presentada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Con lo anterior se puede constatar la materialización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Del análisis armónico de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto, ante la inexistencia del acto reclamado. En ese orden de ideas, si como ya se precisó el acto reclamado por el quejoso en su escrito de demanda lo hace consistir en la falta de emplazamiento de la demandada en el juicio laboral de origen, y del contenido del escrito de cuenta, no se advierte que el tribunal responsable haya efectuado la admisión de la demanda presentada por el aquí quejoso el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, debido a que en la narración de sus antecedentes sólo refiere que el día ocho de abril del presente año en que compareció ante el tribunal laboral se le hizo del conocimiento que la demanda había sido radicada con el número ... Sin embargo, del propio escrito de cuenta, no se advierte que cuando fue radicado el citado escrito de demanda laboral se haya admitido la demanda, pues sólo se aprecia de "fue radicado" el expediente, pero ello no es indicativo de que se haya admitido la demanda y en consecuencia que se haya ordenado la realización del emplazamiento cuya omisión reclama. En ese sentido, el hecho de que en el presente juicio se reclama la omisión de emplazar sin que de los antecedentes se advierta que se haya admitido la demanda laboral, entonces resulta inconcuso que es inexistente el acto de omisión reclamado en los términos descritos en la demanda de amparo. En tal contexto, resulta innegable que no se actualiza la afectación alegada por el quejoso, ni tampoco que hasta este momento procesal haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de esos actos; por ende, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues no se advierte la existencia del acto reclamado. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.
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