Miguel Ángel Ortiz Cervera
Expediente 532/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ortiz Cervera
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y por el Actuario adscrito al citado Tribunal, al que acompañan en apoyo al citado informe las constancias conducentes del juicio laboral 88/2012. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión del Tribunal responsable de continuar e impulsar el procedimiento laboral 88/2012, y como consecuencia la falta de emisión del laudo correspondiente y su respectiva notificación. Sin embargo, de las copias certificadas que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y el Actuario adscrito al citado Tribunal, remitieron en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, proveyó respecto a lo solicitado por la parte demandada en su memorial de treinta de noviembre de dos mil quince y a las manifestaciones realizadas por la parte actora en su memorial de dieciocho de abril del año en curso, y al no existir alguna prueba que requiera su perfeccionamiento, concedió a la partes el término de tres días hábiles para que presenten ente ese Tribunal sus alegatos por escrito, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del término otorgado se les declararía por perdidos sus derechos para alegar en el juicio laboral 88/2012. Determinación que le fue notificada a la parte quejosa, el propio veintiuno de mayo del presente año; todo esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el cuatro de mayo del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber continuado la autoridad responsable con el trámite correspondiente en el juicio de origen y haber dejado de existir la paralización del juicio alegado por el promovente; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el suscrito juzgador, en aplicación de la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 y rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", en resoluciones emitidas con anterioridad a la presente fecha, en juicios de amparo en que se reclamaban actos u omisiones de los tribunales laborales en el Estado, aun cuando los efectos de las omisiones reclamadas hubieren cesado durante la tramitación del juicio de amparo, este tribunal, en estricto apego a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en líneas que anteceden, cuando se acreditaban violaciones al derecho de una administración de justicia pronta y expedita, concedía el amparo y protección de la Justicia Federal contra las posibles dilaciones futuras que se cometieran en el juicio laboral correspondiente, esto es, contra los "actos subsecuentes". Sin embargo, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonaron el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, al considerar que los alcances por los que en su caso se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, considerando la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral correspondiente, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la nueva Jurisprudencia 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al pronunciarse sentencia en contrario, la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 de la Segunda Sala del más alto tribunal del país, ha dejado de tener carácter obligatorio de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Amparo. De ahí que, al advertirse que en el juicio de origen aún se encuentra en la etapa de alegatos, no es posible considerar que el Tribunal y el actuario responsables, ya debieron de haber emitido y notificado el laudo respectivo y, por ende, llegar al extremo de conceder el amparo para ese efecto. Por otra parte, no es necesario girar oficio al Actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que rinda su correspondiente informe justificado al haber sido señalada como autoridad responsable en la demanda de amparo, y al no obrar constancia alguna en autos de dicho requerimiento, toda vez que el referido actuario rindió su informe justificado junto con el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. En virtud de todo lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del trece de junio de dos mil dieciocho. Finalmente, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas por la citada autoridad, en virtud de que no resulta indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el mismo queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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