Miguel Ángel Ortega Domínguez
Expediente 304/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ortega Domínguez
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
... Resolución... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión...
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar reclusión.
- Principal
... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de marzo de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce (fojas 46 a 67), el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos de los artículos 74, 75, 76, 79 y 124 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, concedió el amparo y protección a Mariela Portilla Vázquez, en los siguientes términos: ".Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que como se dijo, la responsable no valoró el material probatorio que fue aportado a la reclamación, por lo que no resulta congruente y como consecuencia de ello no está debidamente fundada ni motivada. Lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de once de julio de dos mil catorce, y dicte otra en la que determine si concede o no valor probatorio a las documentales exhibidas por la quejosa, específicamente a la constancia de veintidós de abril del presente año, expedida por Amparo Portilla Vázquez, en su carácter de propietaria de la "Panadería Reyna", en la que se precisó que Mariela Portilla Vázquez, no es empleada ni trabajadora del citado negocio; y con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente si la medida provisional sobre la pensión alimenticia es fundada o infundada." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de tres de febrero del año en curso, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora de mérito (fojas 111 y 112). Mediante oficio número 396, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, informó que a fin de dar cumplimiento al fallo amparador emitido, dejó insubsistente la resolución de once de julio de dos mil catorce (fojas 117 a 119); y por diverso oficio 407 de fecha doce de febrero de los corrientes, remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 121 a 139); por lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de febrero de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa, así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 141); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Mariela Portilla Vázquez, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, es decir, la resolución de once de julio de dos mil catorce, dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil número 287/2014-IV de su índice, y en su lugar emitiera una nueva, en la cual motivara debidamente su decisión, pero atendiendo los lineamientos señalados en el fallo emitido, así como en base al interés superior del menor. Por lo tanto, del análisis a la resolución mediante la cual Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora aquí pronunciada, se desprende que por auto de diez de febrero del año en curso, dejó insubsistente la resolución que originó el juicio de amparo en que se actúa, y al avocarse nuevamente al estudio del recurso de inconformidad interpuesto por la parte aquí quejosa, en estricto apego a lo ordenado por esta potestad federal, por diversa resolución de doce de febrero siguiente, determinó declarar improcedente en parte y, procedente en otra, el medio defensivo hecho valer por ésta, no sin antes exponer las razones y circunstancias por las cuales arribó a dicha conclusión, así como valorando individualmente las pruebas ofrecidas por la demandada en el juicio de origen -aquí parte quejosa-, pero atendiendo fundamentalmente al interés superior de los menores inmiscuidos en el controvertido de origen, fundamentando y motivando debidamente su decisión, en los términos indicados en la sentencia amparadora. De la misma manera, se advierte que para resolver el juez responsable en la forma en que lo hizo, analizó de nueva cuenta actuaciones que obran en el sumario, a la luz de las disposiciones expresas en el Código de Procedimientos Civiles, en particular la constancia que exhibiera el tercero interesado, por lo que se presumió que la quejosa laboraba en una panadería, precisando los puntos que se le indicaron en la sentencia amparadora, motivando su resolución, toda vez que el amparo únicamente se concedió por vicios de forma en la resolución combatida. De igual forma, debe precisarse que la resolución que aquí se analiza, fue emitida por la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, dado que este órgano federal únicamente analizó si existía violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa en la resolución que emitió la autoridad, así como los vicios de forma que fueron por los que se otorgó la protección constitucional, pero sobre todo atendiendo al interés superior del menor, tal y como se le indicó en el fallo constitucional. Lo anterior cobra sustento, ya que de las constancias remitidas por el juez responsable con las cuales justificó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si bien se advierte que por una parte declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto, al sostener que aun con independencia que la parte actora no justificó que la demandada percibiera un salario, o bien que carezca de bienes con los cuales solventar el pago de la pensión a que fue condenada provisionalmente la aquí quejosa, no era viable cancelar la medida precautoria tomada, en virtud que ello dejaría sin materia el juicio natural del cual emana el acto aquí combatido, a más de que, de las constancias que integran aquella pieza de autos, se advierte que la parte demandada signó un contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado que la patrocina en el juicio de origen, lo que implica que una u otra forma, la quejosa obtendrá ingresos a fin de liquidar los servicios solicitados. De la misma manera, el Juez Cuarto de Primera Instancia, ponderó la situación de los dos menores por los cuales se fijó la pensión alimenticia provisional, tomando en cuanta diversas circunstancias particulares como lo son las edades de éstos, que los mismos se encuentran estudiando la educación primaria, que por las edades con las que cuentan, necesitan alimento para su pleno desarrollo físico y mental, así como que de las constancias que obran en el juicio ordinario civil 287/2014-IV de su índice no se advierte que los menores cuenten con alguna enfermedad, discapacidad o incapacidad, razones por las cuales determinó declarar procedente el recurso de reclamación interpuesto, y disminuir la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio de veinte por ciento del salario y prestaciones que según percibía la parte de demandada, a un salario mínimo diario, puesto será en todo caso en la sentencia de fondo donde se determine la procedencia o no de la acción instada, y en su caso, absolver a la parte demandada. En relatadas circunstancias, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción I de Nueva Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, del ordenamiento legal en cita, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, así como a su superior jerárquico, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Miguel Ángel Molinero Huipe470/2017
- Miguel Ángel Morgado Santiago636/2014
- Miguel Ángel Morgado Santiago1170/2015
- Miguel Ángel Noriega Ibanguergoitia1188/2016
- Miguel Ángel Ortega Domínguez462/2019
- Miguel Ángel Ortega Domínguez213/2015
- Miguel Ángel Ortega García17/2015
- Miguel Ángel Ortíz Romero206/2020
- Miguel Ángel Ortiz Romero422/2020
- Miguel Ángel Pérez Torres1134/2015
- Miguel Ángel Pérez Torres1027/2015
- Miguel Ángel Portilla Vásquez1148/2022