Miguel Ángel Ordaz García
Expediente 755/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/08/2022
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ordaz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el uno de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 24233, dirigido al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, en los que se ordenó notificar el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, requiérase vía estafeta a la autoridad de referencia, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si recibió el oficio 24233; y, en caso afirmativo indique la fecha en que así fue, lo que podrá realizar vía correo electrónico 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, solicitando que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número del oficio que se remite para su mejor identificación; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, reexpídase el oficio antes referido. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 755/2020-VIII, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda, documentales anexas y escritos aclaratorios; b) constancias de emplazamientos realizados a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y a la parte tercero interesada; y, c) informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y documentales anexas consistentes en copia certificada de algunas actuaciones que integran el expediente 299/2008, de su índice. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales antes relacionadas, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes por proveer o desahogar se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 755/2020-VIII, promovido por Miguel Ángel Ordaz García, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el tres de diciembre de dos mil veinte, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y, finalmente, receptado en la cuatro siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Miguel Ángel Ordaz García, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que a continuación se precisan: Autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Acto reclamado "Del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, se reclama LA OMISIÓN DE TURNAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA POR EL DESACATO EN QUE HAN INCURRIDO, AL NEGARSE A CUMPLIR CON UNA ORDEN LEGÍTIMA DE AUTORIDAD Y CUMPLIOR (sic) EL LAUDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO." Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa aclaró su demanda en los términos siguientes: "El acto reclamado lo hago consistir en LA OMISIÓN DE TURNAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento en este juicio, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 755/2020-VIII; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, sus aclaraciones y las constancias que obran en autos, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado consiste en: La omisión de dar vista al Ministerio Público con los hechos relacionados con la posible comisión del delito de desacato, derivado del incumplimiento del laudo dictado en el juicio 299/2008. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que quedó corroborado con las documentales que exhibió consistentes en copia certificada de algunas actuaciones que integran el juicio 299/2008, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje de Baja California, de dar vista al Ministerio Público con la actuación de los miembros del Ayuntamiento de Tijuana, por su probable participación en el delito de desacato, al no dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente 299/2008. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, previamente valoradas, se desprende que mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, ante la desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas en el juicio 299/2008 y dirigidas al Ayuntamiento de Tijuana, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, de esta ciudad, para que instaurara el procedimiento correspondiente a quien resultara responsable de la probable comisión del delito previsto en el artículo 311 del Código Penal de Baja California. Para demostrar lo anterior, se reproduce la parte conducente del acuerdo de mérito, que es del tenor siguiente: "Por otra parte se hace constar que de los autos que integran el presente asunto no se desprende que haya sido recibido el oficio ordenado en autos de fecha 20 de octubre de 2016 girado a la Agente del Ministerio Público el cual fue enviado por valija en fecha 08 de noviembre de 2016 dado lo anterior se ordena dar VISTA al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL PATRIMONIO, SOCIEDAD, ESTADO Y JUSTICIA, con residencia en TIJUANA, BAJA CALIFORNIA a través del OFICIO CORRESPONDIENTE, ante la desobediencia o desacato a las determinaciones legalmente emitidas por este Tribunal de Arbitraje, conforme al numeral 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, que señala: 'Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público que la ley lo obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a un año o trabajo en favor de la comunidad de tres a seis meses', para que inicie el procedimiento correspondiente en contra de quien resulte responsable, en virtud del incumplimiento por parte de la demandada AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, al ser omiso en cumplimentar el laudo dictado por esta autoridad y cubrir al actor MIGUEL ÁNGEL ORDAZ GARCÍA, las prestaciones a las que fue condenada." De igual forma, de las constancias que fueron remitidas por la responsable, se desprende que el cinco de abril de dos mil veintiuno, se autorizó la expedición de copias certificadas de las actuaciones que integran dicho juicio, para ser remitidas al Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de esta ciudad, en atención a la solicitud formulada por éste para lograr la debida integración de la carpeta de investigación formada con motivo de la vista dada en el expediente laboral 299/2008. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del peticionario consiste en la omisión de dar vista al Ministerio Público con los hechos probablemente constitutivos de un delito relacionado con el juicio laboral de origen y a la fecha el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ya giró el oficio correspondiente a la representación social e incluso se advierte la radicación de la carpeta de investigación derivada de ello, debe concluirse que han cesado los efectos del acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, consistente en la omisión de dar vista al Ministerio Público con los hechos relacionados con la posible comisión del delito de desacato, derivado del incumplimiento del laudo dictado en el juicio 299/2008. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Ordaz García, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/Acma
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra en vías de notificación el proveído mediante el cual se ordenó emplazar a la parte tercero interesada Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, en el entendido de que se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
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