Miguel Ángel Núñez Gutiérrez

Expediente 801/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
801/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Núñez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que el quejoso no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda que promueve ******, por derecho propio, contra los actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil en Querétaro y otras autoridades. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistente en: La orden de embargo y/o secuestro de bienes emitida en contra del aquí quejoso. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". La fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción I, señala que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; de donde se sigue, que el promovente del amparo debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente, en otras palabras, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, como lo pretende la parte promovente, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de las autoridades, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar. Ahora bien, en el presente caso, el acto reclamado que hace valer en esta vía constitucional, no es de aquellos considerados como inminentes para el efecto de la procedencia del presente juicio de amparo, toda vez que sobre los mismos deben entenderse como aquellos en los cuales existen datos materiales, actos y antecedentes probados de cuya existencia habrá de desencadenar la existencia de otros, de manera cierta, directa e indudable, lo que no acontece en el presente caso, toda vez que no existe certeza de que los entes responsables pudieren inferir o desatar algún procedimiento de embargo; secuestro de bienes, y emplazamiento en contra de la parte agraviada. Asimismo, no existe algún dato objetivo que acredite que el acto sea inminente, máxime que el quejoso refiere en el apartado de antecedentes de su escrito de demanda, que el día veintiocho de septiembre del año en curso, se presentaron a su domicilio una persona que dijo ser actuario adscrito a los juzgados civiles y familiares. De haber ocurrido el acto inminente, como lo pretende el quejoso, el referido actuario debió actuar en términos del artículo 1393, del Código de Comercio; esto es, dejarle citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Asimismo, de haber ocurrido el evento como refiere el quejoso y de existir una orden de embargo conforme a la legislación local, el citado actuario debió actuar como lo prevé el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; esto es, previa identificación del actuario, dejará con quien entienda la diligencia, la cédula en la que hará constar la fecha y hora de su entrega, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, descripción de los documentos que se acompañen a la cédula y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, para que la haga llegar al interesado. Por lo anterior, se precisa que los antecedentes expuestos por el quejoso, no dan muestra de la inminencia que pretende demostrar el promovente, pues no existe ningún dato objetivo que demuestre lo afirmado. Incluso de ser cierto la existencia del acto que reclama el quejoso, no puede considerarse inminente ya que al ser este un acto de molestia y no privativo, no está precedido de un derecho de audiencia como lo pretende hacer notar el agraviado, ya que ese tipo de actuaciones están configuradas para iniciar así: primero requiriendo de pago, a falta de pago embargar y posteriormente emplazar a juicio, y no en forma viceversa, ya que de lo contario el Juicio de Amparo sería un obstáculo para el cumplimiento de la norma. Como se dijo en párrafo anterior, la actuación de embargar, no es un acto privativo sino de mera de molestia, entonces, será a partir que se ejecute el requerimiento, embargo y emplazamiento cuando el acto sea presente y cierto, con ello, ahora sí previo agotar definitividad el quejoso puede acudir al Juicio de Amparo a revisar si el acto de molestia es fundado y motivado, o bien, si emplazamiento es legal, pero no antes, ya que de ser así es incierto la actuación y no perjudica los interés del quejoso. Además que no se actualiza en el caso como se precisó con anterioridad, en la medida que la parte agraviada no expresa en la demanda de garantías un acto preexistente y concreto de materialización en su esfera de derechos que permita inferir que las autoridades responsables, puedan culminar en algún procedimiento de embargo o secuestro de bienes en su contra y en ese entendido, no es dable estimar que los actos que señala ya hubiesen acontecido, o bien, para considerarlos como aquéllos que necesariamente deberán de concretarse en el futuro, obteniendo de esa manera la naturaleza de inminente como lo pretende inferir. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos dos, materia común, tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación. Además, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable a página ciento noventa y siete, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Así también, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página ciento treinta y ocho, materia común, tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. De igual manera, es aplicable la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 2, Tercera Parte, página trece, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTOS INMINENTES. No lo son los eventualmente posibles, por el hecho de que la responsable tenga conferida por las leyes atribuciones que pueda o no, ejercitar. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Núñez Gutiérrez. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en *****. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirlo, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos del artículo 24, párrafo segundo, a las demás personas que indica por no contar con tal registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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