Miguel Ángel Núñez Domínguez

Expediente 2063/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2063/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Núñez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese el oficio de la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. *** Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral ***.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Informe justificado. Agréguese el oficio de la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, resulta oportuno recordar que la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la omisión de pronunciarse sobre el ofrecimiento y admisión del material probatorio dentro del expediente laboral ***, del índice de la autoridad responsable. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable emitió el acuerdo correspondiente en relación a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral *** de su índice. Lo anterior, pone de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación. En efecto, la omisión reclamada por el quejoso dejó de surtir efectos en su esfera jurídica pues la autoridad laboral admitió las pruebas ofrecidas y señaló fecha para el desahogo de los medios de convicción admitidos dentro del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de inejercitabilidad en estudio. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento de éste, pues se le correrá traslado con copia de esa resolución al momento de la notificación de esta determinación. No se soslaya que la parte quejosa solicitó que la autoridad responsable se apegue durante toda la secuela procesal a los términos procesales previstos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, dígasele que en términos de la tesis 2a. CV/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe delimitarse según la etapa procedimental en la que se sitúa el procedimiento laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la siguiente tesis sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral D-4/458/2016.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Autoridad solicita expediente. Agréguese el oficio de cuenta mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual solicita la devolución de las constancias originales del expediente laboral ******************** para estar en posibilidades de rendir su informe justificado. A lo cual es preciso indicar que mediante proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dichas constancias fueron devueltas y mediante oficio ******************** la Secretaria General "B", mandó acuse de recibo del expediente laboral ********************, el cual se adjunta al oficio que al efecto se gira. Por tanto requiérase a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para que a la brevedad posible remita a este órgano jurisdiccional el informe justificado requerido mediante proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en el auto mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Efectivo apercibimiento de lista. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la tercera interesada ********************, ha sido omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano