Miguel Angel Nieto Montoya
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Nieto Montoya
- Ana Lucia Lozano Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
...Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular del acuerdo de doce de noviembre pasado, dictado en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, se advierte que se ordenó el archivo judicial del citado expediente por encontrarse totalmente concluido. En esas condiciones, a fin de lograr la devolución del tomo de pruebas aportado por la parte quejosa en esta incidencia, se comisiona al actuario de esta adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en ************, y haga entrega de las constancias de referencia que se anexan a la parte quejosa por conducto de quien atienda la diligencia; debiendo levantar el acta correspondiente.
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expediente (SISE). Ahora, por lo que hace al tomo de pruebas aportado por el quejoso, a fin de lograr su devolución, se comisiona al actuario de esta adscripción, para que se constituya en el domicilio correspondiente, y haga entrega de las constancias de referencia que se anexan, por conducto de quien atienda la diligencia; debiendo levantar el acta correspondiente. Asimismo, devuélvase al Juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada de constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que si bien al rendir su informe justificado no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, sí hace manifestaciones que permiten tenerlo por cierto. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** que remitió con su informe justificado, mismas que obran en el tomo II de pruebas por cuerda separada, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, esta juzgadora advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la citada legislación.5 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; en ese sentido, si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del reclamante del amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga perjuicio en el derecho que reclama, cuando sea titular de éste. Esto es, dicho en otros términos, la propiedad o posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Derivado de lo anterior, resulta incuestionable que el quejoso necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional. Ahora, la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama la diligencia de remate programada para el veinticinco de noviembre del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, respecto del bien inmueble identificado como *** que aduce es de su propiedad. En el caso, los motivos de inconformidad que hace valer el promovente del amparo, radican de forma esencial en que la orden de remate que reclama afecta su derecho de propiedad, pues el inmueble en cuestión le fue entregado en dación en pago en diverso juicio, lo cual fue con anterioridad a la posible venta en Primera Almoneda que se pretende realizar en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, por ello considera que si el inmueble se embargó en diversos juicios no conlleva a que tengan un derecho preferente, ya que el derecho que ostenta como dueño le concede el privilegio contra esos créditos. Resulta preciso indicar que, para acreditar su interés jurídico la quejosa adjuntó a su demanda entre otras documentales copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, de las que se advierte que el inmueble identificado como *** inscrito bajo el folio real *** efectivamente le fue entregado en dación en pago (fojas 71 a 79 del tomo I de pruebas). Por otra parte, de la copia certificada del juicio ordinario *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, se advierte que en acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó la diligencia de remate en primera almoneda de la finca urbana ubicada en *** señalando las doce horas del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo dicha diligencia. Por lo que, contrario a lo alegado por el quejoso, se acredita que dentro de la diligencia de remate que se encontraba programada para la fecha citada en el juicio ejecutivo mercantil mencionado, no estaba especificado el inmueble identificado como fracción de terreno denominado *** del que el quejoso aduce tiene la propiedad, ya que si bien se advierte que sí se ordenó una diligencia de remate en la fecha mencionada, también lo es que el remate fue ordenado respecto del inmueble finca urbana ubicada en *** Por lo que es evidente que el inmueble que se ordenó rematar es distinto respecto al que el quejoso pretende defender, sin que exista medio probatorio alguno que sirva para acreditar que los citados inmuebles sean el mismo, circunstancia que es sumamente necesaria acreditar para demostrar el interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues sólo demostrándose tal identidad es que se podrían estimar afectados los derechos de propiedad a que alude el promovente del amparo. Con lo cual, se arriba a la conclusión que no quedó debidamente demostrado, que el predio objeto de la orden de remate, guarde alguna relación con el inmueble que se describe en las documentales con las que pretende acreditar su propiedad la parte quejosa, esto es, que se demuestre con dicha documental la afirmación de la quejosa, relativa a que el inmueble ahí precisado, se trate de rematar en el juicio ejecutivo M- *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato. En las relatadas condiciones, es evidente que las documentales aportadas a esta instancia, resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, pues como ya se estableció, no demuestran que el inmueble que refiere pretenden rematar, sea el mismo a que se hizo referencia en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, y tampoco aportó algún otro elemento de prueba idóneo para constatar que el inmueble del que se dice propietario, se encuentra comprendido dentro del inmueble que se pretende rematar en el juicio de origen; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, dado que, es requisito indispensable para que prospere la acción constitucional la demostración de un agravio por el acto de autoridad. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/340, visible en la página 53, Tomo 84, Diciembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. Y finalmente la jurisprudencia número 3ª/J.70 20/90 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 233, Tomo V- Primera parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que establece "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631 CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917- 1985)."7 No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se haya llevado a cabo una diligencia de embargo sobre el inmueble que refiere la parte quejosa es de su propiedad, esto es, el bien inmueble identificado como fracción de terreno denominado *** bajo el folio real *** (foja 168 del tomo II de pruebas); pues el citado embargo, no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, aún y cuando este órgano jurisdiccional en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte (foja 58 de autos), le requirió para que manifestara si tenía interés en ampliar su demanda respecto del embargo mencionado, sin que hubiera hecho pronunciamiento al respecto. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario del amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, razón por la cual procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA TANTO AL QUEJOSO COMO AL TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DICTADA EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA QUE SE CONCLUYÓ EN SÍNTESIS LO SIGUIENTE: ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que si bien al rendir su informe justificado no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, sí hace manifestaciones que permiten tenerlo por cierto. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** que remitió con su informe justificado, mismas que obran en el tomo II de pruebas por cuerda separada, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, esta juzgadora advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la citada legislación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; en ese sentido, si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del reclamante del amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga perjuicio en el derecho que reclama, cuando sea titular de éste. Esto es, dicho en otros términos, la propiedad o posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Derivado de lo anterior, resulta incuestionable que el quejoso necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional. Ahora, la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama la diligencia de remate programada para el veinticinco de noviembre del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, respecto del bien inmueble identificado como *** que aduce es de su propiedad. En el caso, los motivos de inconformidad que hace valer el promovente del amparo, radican de forma esencial en que la orden de remate que reclama afecta su derecho de propiedad, pues el inmueble en cuestión le fue entregado en dación en pago en diverso juicio, lo cual fue con anterioridad a la posible venta en Primera Almoneda que se pretende realizar en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, por ello considera que si el inmueble se embargó en diversos juicios no conlleva a que tengan un derecho preferente, ya que el derecho que ostenta como dueño le concede el privilegio contra esos créditos. Resulta preciso indicar que, para acreditar su interés jurídico la quejosa adjuntó a su demanda entre otras documentales copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, de las que se advierte que el inmueble identificado como *** inscrito bajo el folio real *** efectivamente le fue entregado en dación en pago (fojas 71 a 79 del tomo I de pruebas). Por otra parte, de la copia certificada del juicio ordinario *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, se advierte que en acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó la diligencia de remate en primera almoneda de la finca urbana ubicada en *** señalando las doce horas del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo dicha diligencia. Por lo que, contrario a lo alegado por el quejoso, se acredita que dentro de la diligencia de remate que se encontraba programada para la fecha citada en el juicio ejecutivo mercantil mencionado, no estaba especificado el inmueble identificado como fracción de terreno denominado *** del que el quejoso aduce tiene la propiedad, ya que si bien se advierte que sí se ordenó una diligencia de remate en la fecha mencionada, también lo es que el remate fue ordenado respecto del inmueble finca urbana ubicada en *** Por lo que es evidente que el inmueble que se ordenó rematar es distinto respecto al que el quejoso pretende defender, sin que exista medio probatorio alguno que sirva para acreditar que los citados inmuebles sean el mismo, circunstancia que es sumamente necesaria acreditar para demostrar el interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues sólo demostrándose tal identidad es que se podrían estimar afectados los derechos de propiedad a que alude el promovente del amparo. Con lo cual, se arriba a la conclusión que no quedó debidamente demostrado, que el predio objeto de la orden de remate, guarde alguna relación con el inmueble que se describe en las documentales con las que pretende acreditar su propiedad la parte quejosa, esto es, que se demuestre con dicha documental la afirmación de la quejosa, relativa a que el inmueble ahí precisado, se trate de rematar en el juicio ejecutivo ** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato. En las relatadas condiciones, es evidente que las documentales aportadas a esta instancia, resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, pues como ya se estableció, no demuestran que el inmueble que refiere pretenden rematar, sea el mismo a que se hizo referencia en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, y tampoco aportó algún otro elemento de prueba idóneo para constatar que el inmueble del que se dice propietario, se encuentra comprendido dentro del inmueble que se pretende rematar en el juicio de origen; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, dado que, es requisito indispensable para que prospere la acción constitucional la demostración de un agravio por el acto de autoridad. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/340, visible en la página 53, Tomo 84, Diciembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. Y finalmente la jurisprudencia número 3ª/J.70 20/90 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 233, Tomo V- Primera parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que establece "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631 CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985)." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se haya llevado a cabo una diligencia de embargo sobre el inmueble que refiere la parte quejosa es de su propiedad, esto es, el bien inmueble identificado como fracción de terreno denominado *** bajo el folio real *** (foja 168 del tomo II de pruebas); pues el citado embargo, no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, aún y cuando este órgano jurisdiccional en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte (foja 58 de autos), le requirió para que manifestara si tenía interés en ampliar su demanda respecto del embargo mencionado, sin que hubiera hecho pronunciamiento al respecto. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario del amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, razón por la cual procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo...
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