Miguel Angel Navarro Aparicio
Expediente 1715/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 36 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1715/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Navarro Aparicio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, sin que se advierta que a la fecha se le haya notificado a la parte tercero interesada dicho proveído; por tanto, se instruye a los actuarios de la adscripción, para que den cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y procedan a integrarla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de veinticinco de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa exhibió billetes de depósito expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., para garantizar la suspensión otorgada en el incidente del que deriva este juicio de amparo; sin embargo, como éste ya se encuentra concluido, notifíquese al quejoso para que, una vez que transcurra el término previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo promueva lo que a su derecho corresponda, ya que dentro del término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; dicho billete prescribirá en favor del Erario Federal. Sirve de apoyo, en lo que interesa la tesis III.4º.C.38 C (10ª)1, con número de registro 2009639, de rubro. "PRESCRIPCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA SI NO SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL TÉRMINO DE SEIS MESES PREVISTO POR EL DIVERSO 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA TRAMITE EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS". Finalmente, toda vez que mediante proveídos de siete y nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictados dentro del cuaderno que se formó de manera provisional, este Juzgado Federal se reservó proveer respecto del oficio enviado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual refiere que devuelve el despacho diligenciado, así como de las copias que solicitó la parte quejosa respecto del presente asunto, hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente, por tanto, como dicha circunstancia ya aconteció se provee lo siguiente. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio enviado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual refiere que devuelve el despacho diligenciado, toda vez que como se advierte del párrafo que antecede, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se resolvió el presente juicio de amparo. En cuanto a las copias que solicitó la parte quejosa, las cuales fueron reservadas en diverso auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, en días hábiles de lunes a viernes dentro del horario establecido de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, dejando asentada en autos la razón de su recibo; por tanto, queda a su disposición el expediente en esta secretaría para el trámite correspondiente. Finalmente, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el escrito recibido por vía electrónica, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de veinticinco de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa exhibió billetes de depósito expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., para garantizar la suspensión otorgada en el incidente del que deriva este juicio de amparo; sin embargo, como éste ya se encuentra concluido, notifíquese al quejoso para que, una vez que transcurra el término previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo promueva lo que a su derecho corresponda, ya que dentro del término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; dicho billete prescribirá en favor del Erario Federal. Sirve de apoyo, en lo que interesa la tesis III.4º.C.38 C (10ª)1, con número de registro 2009639, de rubro. "PRESCRIPCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA SI NO SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL TÉRMINO DE SEIS MESES PREVISTO POR EL DIVERSO 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA TRAMITE EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS". Finalmente, toda vez que mediante proveídos de siete y nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictados dentro del cuaderno que se formó de manera provisional, este Juzgado Federal se reservó proveer respecto del oficio enviado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual refiere que devuelve el despacho diligenciado, así como de las copias que solicitó la parte quejosa respecto del presente asunto, hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente, por tanto, como dicha circunstancia ya aconteció se provee lo siguiente. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio enviado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual refiere que devuelve el despacho diligenciado, toda vez que como se advierte del párrafo que antecede, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se resolvió el presente juicio de amparo. En cuanto a las copias que solicitó la parte quejosa, las cuales fueron reservadas en diverso auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, en días hábiles de lunes a viernes dentro del horario establecido de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, dejando asentada en autos la razón de su recibo; por tanto, queda a su disposición el expediente en esta secretaría para el trámite correspondiente. Finalmente, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el escrito recibido por vía electrónica, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, cual dice: Juicio de amparo: 1715/2021 Quejoso: Miguel Ángel Navarro Aparicio Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1715/2021, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el veinte de diciembre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Miguel Ángel Navarro Aparicio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Jueza Menor Mixta de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y [2] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A.- El C. Juez Menor Mixto del Poder Judicial de la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos, la autorización de la desocupación y entrega del bien inmueble identificado como LA CASA 11 (sic), DE LA SECCIÓN "D", JACARANDAS, DEL FRACCIONAMIENTO PARAÍSO RESIDENCIAL, CUAUTLA, UBICADO EN EL NÚMERO 14 DE LA CALLE LAURELES, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE TETELCINGO, CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS. B.- Del C. Ejecutor adscrito al Juzgado Menor Mixto del Poder Judicial de la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos, la posible diligencia de lanzamiento y toma de posesión, toda vez que me informó el guardia de vigilancia del desarrollo donde vivo, que se presentó el pasado lunes 13 de diciembre 2021, siendo aproximadamente las 15:40 (quince horas con cuarenta minutos) el Licenciado Bernardo Cervantes Moreno, actuario del Juzgado Menor Mixto de Cuautla, Estado de Morelos, buscando a una señora ALEJANDRA MONSERRAT RIVERO RODRÍGUEZ, en LA CASA 11 (sic), DE LA SECCIÓN "D", JACARANDAS, DEL FRACCIONAMIENTO PARAÍSO RESIDENCIAL, CUAUTLA, UBICADO EN EL NÚMERO 14 DE LA CALLE LAURELES, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE TETELCINGO, CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, CASA QUE YO HABITO DESDE EL PASADO 1 DE OCTUBRE DEL 2021, manifestando al guardia que traía una orden de lanzamiento, y yo no he sido notificado ni emplazado de juicio alguno, por lo que puedo SER LANZADO DE MI VIVIENDA sin ser oído ni vencido en juicio, violando con ello mis derechos humanos y garantías, aunado que la supuesta Señora o Señorita Alejandra Monserrrat Rivero Rodríguez, no habita dicho inmueble, y no la conozco." (sic) 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. 3. Prevención y admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado requirió al quejoso para que aclarara si reclamaba la desocupación y entrega del bien inmueble identificado como la casa 11 de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número 14, de la calle Laureles del Fraccionamiento Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos, o bien respecto del inmueble identificado como la casa 1 de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número 14, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos, pues en el apartado relativo al "acto reclamado", señalaba la desocupación y entrega del bien inmueble identificado como la casa 11 y de las documentales que anexaba al escrito inicial de demanda se advertía que se trataba de la desocupación y entrega del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento ubicado como la casa 1 del domicilio antes referido; lo anterior con el apercibimiento que no cumplir con lo prevenido, se tendría por no presentada la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el cinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso precisó que el acto reclamado lo era respecto de la casa 1 de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número 14, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos; por lo que mediante auto de seis de enero de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, no tuvo como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto del Estado de Morelos -que también había sido señalado como autoridad responsable-, por considerar que no le asistía tal carácter, toda vez que su función se constriñe a dar fe de los actos de la Jueza de su adscripción, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se reservó acordar el emplazamiento de terceros interesados hasta en tanto obraran agregadas las constancias del juicio de origen, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, este juzgado ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a Alberto Saúl Mascareñas del Ángel, Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez y Gregorio Rivero Rojas, por lo que en virtud que de las constancias remitidas se advertía el domicilio del tercero interesado citado en primer lugar, ordenó que fuera notificado por conducto del Actuario de la adscripción, emplazamiento que se llevó a cabo el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, quien se apersonó a juicio mediante escrito recibido el dos de marzo siguiente y formuló alegatos en diverso escrito recibido el nueve de junio del año citado (fojas 164, 165, 182, 363 y 364 del amparo indirecto) y, respecto de los terceros interesados Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez y Gregorio Rivero Rojas, requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, proporcionara el domicilio cierto y correcto en el que podrían ser localizados. A través del escrito recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el quejoso proporcionó el domicilio en el que podían ser localizados los terceros interesados Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez y Gregorio Rivero Rojas, por lo que mediante auto de dieciocho de febrero siguiente, atendiendo a la ubicación del domicilio de los terceros interesados, se ordenó su emplazamiento mediante exhorto que girara al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; sin embargo, ante la falta de emplazamiento en diversos domicilios que fueron proporcionados por el quejoso con posterioridad, mediante auto de seis de junio de dos mil veintidós, se ordenó realizar la investigación de tales domicilios, para lo cual se giraron oficios a diversas autoridades y dependencias. No obstante lo anterior, en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se ordenó regularizar el procedimiento, pues se consideró que a Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez y Gregorio Rivero Rojas, no les surtía el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo, toda vez que no tenían un interés contrario al del quejoso y además, no habían sido emplazados al juicio de origen, por lo que con sustento en la jurisprudencia 2ª./J 67/2009, con registro digital 167160, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL, NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 78/2003)", se les dejó de tener con dicho carácter de terceros interesados. En consecuencia, el veinticinco de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta de antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es la orden de entrega provisional de un bien inmueble, atribuida a autoridades civiles, con ejecución material en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza Menor Mixta de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. a) La orden emitida en el juicio especial de desahucio 660/2021, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, promovido por Alberto Saúl Mascareñas del Ángel -aquí tercero interesado-, en contra de los demandados Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez, en su carácter de arrendataria y Gregorio Rivero Rojas, en su carácter de obligado solidario, relativa a la entrega provisional del bien inmueble ubicado en calle Jacarandas número uno, colonia Tetelcingo, Municipio de Cuautla, Morelos (que el impetrante identifica como casa uno de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número catorce, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos), del cual Miguel Ángel Navarro Aparicio -aquí quejoso- aduce ser arrendatario y tener en posesión dicho bien inmueble, para uso de casa habitación, en su carácter de tercero extraño auténtico a dicho juicio. [2] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. b) La ejecución de dicha orden de entrega provisional de posesión a favor de Alberto Saúl Mascareñas del Ángel -aquí tercero interesado-, derivada del juicio especial de desahucio 660/2021, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, que se traduce en el lanzamiento y toma de posesión del bien inmueble del cual el quejoso aduce ser arrendatario. lll. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Jueza Menor Mixta de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y [2] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, pues así lo aceptó la autoridad citada en primer lugar al rendir su informe justificado y el actuario responsable se adhirió al informe que en su momento rindiera la Jueza de origen. Además, la Jueza responsable remitió copias certificadas de la totalidad de las constancias del juicio especial de desahucio 660/2021, entre las que obra la orden de entrega provisional del bien inmueble en controversia, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia; sin embargo, se advierte que se actualiza la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo en cita, puesto que el quejoso no acreditó su interés jurídico. Si bien, el artículo 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico o legítimo, los mismos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables, la orden emitida en el juicio especial de desahucio 660/2021, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, promovido por Alberto Saúl Mascareñas del Ángel -aquí tercero interesado-, en contra de los demandados Alejandra Monserrat Rivero Rodríguez, en su carácter de arrendataria y Gregorio Rivero Rojas, en su carácter de obligado solidario, relativa a la entrega provisional del bien inmueble ubicado en calle Jacarandas número uno, colonia Tetelcingo, Municipio de Cuautla, Morelos (que el aquí impetrante identifica como casa uno de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número catorce, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos), del cual Miguel Ángel Navarro Aparicio -aquí quejoso- aduce ser arrendatario y tener en posesión dicho bien inmueble, para uso de casa habitación; así como la ejecución de dicha orden, que se traduce en el lanzamiento y desposesión de dicho bien inmueble, sin que se le conceda su derecho de audiencia, pues aduce ser tercero extraño auténtico al procedimiento de origen. Para acreditar la posesión que refiere tener respecto del bien inmueble reclamado, el quejoso exhibió original del contrato de arrendamiento de uno de octubre de mil veintiuno (fojas 20 a 22 del amparo indirecto), celebrado entre Autofin México, Área Fiduciaria (sic), representada por Orión Raúl Castañeda García, en su carácter de parte arrendadora y Miguel Ángel Navarro Aparicio, como arrendatario; sin embargo dicho documento carece de fecha cierta y por tanto, no resulta suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en este juicio. Es así, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) desde la muerte de alguno de los contratantes. En ese sentido, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquélla a partir del día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, adquiere fecha cierta cuando se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado pues existe certeza sobre la fecha en que fue elaborado, ya que es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley, a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Apoya el anterior acotamiento la jurisprudencia 1a./J.46/99, con registro digital 192662, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", cuyo criterio se retoma en la diversa jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), sustentada por la citada Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo." Como se explica en dichos criterios, nuestro máximo tribunal ha sostenido que para que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta; y, en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO", se establece también que la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros. Lo anterior, porque ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Por tanto, señala que la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes, sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas. Sin embargo, del contrato de arrendamiento que exhibió el quejoso no se advierte que haya sido presentado ante alguna autoridad o fedatario público, tampoco se demostró el fallecimiento de alguno de los firmantes o que en su caso, hubiese sido presentado ante algún Registro Público para su inscripción, sino que de éste únicamente se deriva que supuestamente figuró con el carácter de parte arrendadora Autofin México, Área Fiduciaria (sic), representada por Orión Raúl Castañeda García, ostentándose como titular de los derechos de propiedad y posesión del bien inmueble ubicado en la casa uno de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número catorce, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos, y con el carácter de arrendatario Miguel Ángel Navarro Aparicio -aquí quejoso-, pero del citado contrato no se desprenden datos fehacientes y jurídicos de que quien comparece en dicho pacto de voluntades con el carácter de parte arrendadora estuviera facultada para transmitir el uso del bien inmueble a favor del quejoso, así como tampoco se prueba que el impetrante de amparo tenga la posesión del bien inmueble de referencia por virtud de dicho acto jurídico, el cual refirió en la demanda que usa como casa habitación. Lo anterior, debido a que la posesión es un poderío de hecho y, en el caso, el quejoso no ofreció diverso medio de prueba del cual se pueda constatar que ejerce en forma física o material una posesión respecto del bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento; pues cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio, la posesión para que sea objeto de protección constitucional, debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que se tiene tal derecho. Es así, porque el artículo 965 del Código Civil del Estado de Morelos, dispone que la posesión de una cosa es un poderío de hecho en virtud del cual una persona la retiene y realiza en ella actos materiales de aprovechamiento o de custodia; y, en el caso, el quejoso no demostró con ningún medio de prueba ejercer una posesión física o material respecto del bien inmueble que refiere arrendar, a efecto de establecer que efectivamente tiene en posesión dicho bien con las modalidades establecidas por la ley, que en su caso, le pudiera dar derecho a poseer éste, así como que efectivamente lo utiliza como casa habitación, como lo afirmó en la demanda de amparo. En consecuencia, la prueba documental que exhibe el quejoso, relativa al contrato privado de arrendamiento de uno de octubre de dos mil veintiuno, no resulta suficiente para acreditar su interés jurídico en este juicio, porque además de que dicho acto carece de fecha cierta y que el quejoso tampoco demostró con diverso medio de prueba la posesión material del bien inmueble, del citado contrato se advierte que se ostentó como arrendador Autofin México, Área Fiduciaria (sic), representada por Orión Raúl Castañeda García, persona moral de la cual no se demostró que contara con algún derecho de propiedad o posesión respecto del bien inmueble; y que en consecuencia, se encontrara facultada para, a través de su representante legal, disponer de dicho bien y otorgarlo en arrendamiento al aquí quejoso. Asimismo, no se demostró que tal acto jurídico reúna alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se acreditó que se hubiese celebrado ante alguna autoridad o fedatario público, tampoco que fuera incorporado o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni el fallecimiento de alguno de los firmantes; es decir, las partes contratantes o de los testigos que suscribieron dicho documento. Además, como se hizo referencia, tampoco el quejoso demostró la posesión material que aduce tener respecto de dicho bien inmueble que reclama, toda vez que si bien exhibió como pruebas los originales de los recibos de uno de octubre, uno de noviembre y uno de diciembre, todos de dos mil veintiuno (fojas 17 a 19 del amparo indirecto), suscritos por Orión Raúl Castañeda García, en su carácter de representante legal de Banco Autofin México, Área Fiduciaria (sic); en su caso, tales documentales lo único que acreditan es que la citada persona moral recibió por conducto de quien se ostentó como su representante legal, la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional) en los meses citados, por concepto de renta mensual de la casa uno, manzana "D", Sección Jacarandas, del Conjunto Paraíso Residencial Cuautla, en Cuautla, Morelos, pero no resulta suficiente para efectos del presente juicio, para acreditar la posesión física o material que el quejoso aduce tener respecto del bien inmueble objeto del juicio de origen. Lo cual tampoco se demostró mediante los recibos originales de doce de octubre, nueve de noviembre y once de diciembre, todos de dos mil veintiuno, con folios 5524, 5558 y 5596, con membrete de la Asociación de Condóminos de Paraíso Residencial de Cuautla, Asociación Civil, a nombre de Miguel Ángel Navarro Aparicio, por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, en concepto de pago de servicios del mes correspondiente a la expedición del recibo, puesto que lo que demuestran en su caso, es el pago de servicios realizado a dicha asociación por el aquí quejoso, sin que sean suficientes para demostrar que el quejoso ejerce posesión en el bien inmueble que aduce tener en arrendamiento, pues como se dijo, la posesión es un poderío de hecho, que no se acredita con los pagos de servicios señalados; además que, esencialmente, como ya se refirió, el quejoso no demostró que quien supuestamente le transmitió la posesión del bien inmueble que refiere tener en arrendamiento, le asistiera derecho alguno de propiedad o posesión para disponer de tal bien inmueble y otorgarlo en arrendamiento al aquí quejoso. Lo anterior, porque de las pruebas exhibidas y de las constancias del juicio de origen que remitió la Jueza responsable, si bien se advierte que Miguel Ángel Navarro Aparicio -aquí quejoso-, no es parte actora ni demandada en dicho juicio, tampoco se desprende que la persona moral que supuestamente le otorgó en arrendamiento el bien inmueble objeto del juicio especial de desahucio 660/2021, acredite la titularidad o posesión de bien inmueble y, que por tanto, estuviera en condiciones de otorgarlo en arrendamiento al aquí quejoso; porque del contrato de arrendamiento de uno de octubre de dos mil veintiuno que se adjuntó en original a la demanda de amparo, no se desprende título de propiedad alguno con el que se hubiese ostentado la parte arrendadora ni éste se exhibió en el presente juicio, a efecto de constatar que contaba con facultades para transmitir la posesión de dicho bien inmueble y otorgarlo en arrendamiento. No obstante, tampoco se advierte que se haya demostrado la identidad del bien inmueble reclamado en el juicio de amparo con el que es materia del juicio de origen, toda vez que el quejoso refiere tener en arrendamiento el bien identificado como casa uno de la sección "D", Jacarandas, del Fraccionamiento Paraíso Residencial Cuautla, ubicado en el número catorce, de la calle Laureles del Fraccionamiento, Villas de Tetelcingo, Cuautla, Morelos, y el bien inmueble reclamado en el juicio de origen corresponde al ubicado en Jacarandas número uno, colonia Tetelcingo, Municipio de Cuautla, Morelos, sin que se ofreciera diversa prueba a efecto de constatar que efectivamente se trata del mismo bien inmueble y que existe identidad entre éstos. Respecto a las manifestaciones realizadas por el quejoso y el tercero interesado Alberto Saúl Mascareñas del Ángel, en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo en cita, se sobresee en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al [2] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Miguel Ángel Navarro Aparicio, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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