Miguel Angel Muñoz Salazar
Expediente 52/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Angel Muñoz Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Por otra parte, tomando en consideración que a foja seis de autos, obra un documento con sello original exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esa documental y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Por otra parte, tomando en consideración que a foja seis de autos, obra un documento con sello original exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esa documental y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. De conformidad con lo establecido en artículos 119 y 123 de la referida ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su informe de cuenta. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso en su ocurso inicial de demanda, señaló como autoridad responsable al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del cual reclamaron: (.) la omisión de acordar y notificar a las partes ese acuerdo, respecto de la promoción escrita presentada por mi diverso apoderado legal el Licenciado Rigoberto Padrón Segura, dentro del expediente laboral número 680/2016/E-3, esto desde el día 11 de octubre de 2018(.) En primer término, el suscrito estima que con relación a la falta de acuerdo recaído al escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciocho, se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual señala que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Así, de la copia autógrafa del auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la cual se acompañó al informe justificado de cuenta, se desprende que en dicha data se acordó el ocurso presentado por el diverso apoderado de la parte actora recibido el once de octubre de dos mil dieciocho. Documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto con antelación, evidencia que la omisión de acordar el escrito presentado por el apoderado jurídico del quejoso el once de octubre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, de la cual se duele en el presente juicio, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de enero de dos mil diecinueve), pues como se evidenció, su escrito presentado ante la autoridad responsable, fue atendido mediante auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, esto es, con anterioridad a que fuera instado el presente juicio constitucional. Situación la anterior que torna evidente que al momento de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión de acordar el escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciocho, reclamada por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por otro lado, por lo que hace a la omisión reclamada consistente en la falta de notificación del proveído recaído a su promoción de once de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito considera que se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto u omisión reclamada, en razón de las siguientes consideraciones: Del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en copia autógrafa de la razón de notificación de quince de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que el diligenciario adscrito al Tribunal responsable, notificó al quejoso el contenido del acuerdo dictado el ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante lista de estrados publicada en dicha fecha, con fundamento en los artículos 148 y 155 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la mencionada omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, esta última en relación con el diverso 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual está señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario la Juez responsable, al rendir su informe de ley. Asimismo, apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, además de conformidad con lo dispuesto a la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Miguel Angel Leos Quintana375/2021
- Miguel Angel Limon Castillo1227/2022
- Miguel Ángel López Puente178/2023
- Miguel Ángel Lutzow Steiner1219/2023
- Miguel Angel Lutzow Steiner1580/2022
- Miguel Angel Melendez Moreno904/2022
- Miguel Angel Muro Cortes378/2020
- Miguel Angel Nava Luna509/2019
- Miguel Angel Niño Cardona620/2019
- Miguel Angel Niño Cardona432/2019
- Miguel Ángel Otero Padron312/2020
- Miguel Angel Palacios Cisneros457/2019