Miguel Ángel Muñoz González

Expediente 1354/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1354/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Muñoz González

Actuaciones

  1. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Tribunal Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diecisiete de octubre del año en curso, del que se desprende que el citado órgano jurisdiccional radicó el recurso de inconformidad con el número de expediente 23/2023 de su índice. Asimismo, se advierte que en el citado proveído se requirió a la parte promovente para que señale con precisión cuál es el auto que reclama, a qué autoridad federal se lo atribuye y cuál es el medio de defensa que pretende hacer valer; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; Jueces Primero y Segundo Especializados en Oralidad Mercantil de Querétaro; y, de los Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1354/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253 , 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la demanda de que se trata respecto del acto reclamado. V. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS Y CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio. VI. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, en términos del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente respecto a la persona a la que, en su caso, le resulte el carácter de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. VIII. Intervención al Agente del Ministerio Público. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. IX. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan el informe justificado dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. X. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. XI. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGA DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XII. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XIII. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XIV. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XV. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene a la parte quejosa por designado como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, como sus autorizados en términos restringidos al resto de personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. XVI. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente, así como la práctica de notificaciones, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En la inteligencia que, la autorización para la práctica de notificaciones comprende sólo aquéllas que deban verificarse de manera personal. De igual modo, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento lo anterior a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. XVII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIX. Oposición publicación de datos personales. Por otra parte, téngase a la parte quejosa por manifestada su oposición a la publicación de sus datos personales en el presente juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción III, del artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, omítanse publicar en las listas de este Juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación de esas listas, el nombre y datos personales de la quejosa relacionada con el presente asunto; tómense las medidas pertinentes para tal efecto.

  3. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Apertura incidente. Como está ordenado en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************, por propio derecho; contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; Jueces Primero y Segundo Especializados en Oralidad Mercantil de Querétaro; y del Actuario Adscrito a dichos órganos jurisdiccionales. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253 , 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. III. Audiencia incidental. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan informe previo, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, en el que expresen si es o no cierto el acto que se les reclama; apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. V. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se impondrá una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente, con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VI. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que hagan llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que estimen necesarias para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. VII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. VIII. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el numeral 138, 140 y 141, ambos de la ley reglamentaria, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente y, cuando la parte quejosa únicamente solicita la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la medida cautelar única y exclusivamente respecto de dichos efectos. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la Jurisprudencia en materia común, número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, del tomo XVIII, de Diciembre de dos mil tres, con número de registro 182529, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En el caso, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados 1. Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro a) El emplazamiento realizado a la quejosa en un domicilio donde no tiene su residencia. b) El embargo de bienes propiedad de la quejosa, sin otorgar derecho a señalamiento de bienes. c) La prosecución de juicio en contra de la quejosa sin encontrarse legalmente emplazada. d) La declaración de legalidad del emplazamiento. e) La retención de bienes de la quejosa. 2. Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 3. Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 4. Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 5. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 6. Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 7. Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 8. Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 9. Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro 10. Juzgado Primero Especializado en Oralidad Mercantil de Querétaro 11. Juzgado Segundo Especializado en Oralidad Mercantil de Querétaro 12. Actuario adscrito a dichos órganos jurisdiccionales a) Los actos tendientes al cumplimiento de las órdenes señaladas en los incisos anteriores dictadas por las autoridades ordenadoras. IX. Requisitos suspensión. Conforme al desarrollo de la institución suspensiva, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, cuando ésta se pida a solicitud de parte, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, siendo tales por su prelación lógica de estudio: Que la solicite la parte interesada. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión. Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa. X. Se concede suspensión. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado es precisamente la parte quejosa. En relación al segundo requisito, también se colma, por los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto al tercer requisito, la quejosa se asume parte dentro de un procedimiento respecto del que manifiesta no haber sido legalmente emplazada; lo que es suficiente para acreditar, al menos de forma indiciaria, su interés para solicitar la medida cautelar. Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, consultable en el Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 515, registro 167346, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Respecto al cuarto requisito, se encuentra satisfecho, ya que éste se traduce en una conducta de hacer por parte de las autoridades señaladas como responsables. De igual forma, respecto a la quinta de las exigencias, con la medida que aquí se decreta no se daña un interés colectivo y sí por el contrario existe de por medio un interés particular, pues el perjuicio que éste puede sufrir es superior al perjuicio social que puede ocasionar la parte incidentista, lo que no afecta ninguna disposición de interés social y sí como ya se dijo, por el contrario, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa en su patrimonio. En consecuencia, se concede la suspensión provisional, para efecto de que, pudiéndose continuar con el trámite del juicio de origen, incluida la etapa de ejecución, no se desposea a la parte quejosa de los bienes (muebles o inmuebles) embargados o que se lleguen a embargar, ni se lleve a cabo su titulación a favor de terceros, hasta en tanto se les notifique la interlocutoria en que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior sólo si a la fecha no ha acontecido, pues en tal caso se considerarán consumados para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo, por las razones que lo informan, el criterio sostenido en la jurisprudencia número I.3º.A.J/16, visible en la página 383, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente tenor: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO DE Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.- De acuerdo a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento de que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores de los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos subjetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." En el entendido de que quedan expeditas las facultades de las autoridades para proceder en el ámbito de sus competencias según sea el caso. XI. Garantía. La quejosa deberá exhibir, dentro del plazo de cinco días que señala el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía, a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de ********************; misma que podrá exhibir mediante billete de depósito de la serie ********************, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o bien, a través de diversos medios jurídicos de aseguramiento asequible a la parte quejosa, tales como fianza, prenda, hipoteca; y solo en efectivo cuando por causa de fuerza mayor o urgencia justificada sea imposible en la forma anterior; por lo que una vez que la exhiba se dará aviso oportuno a las autoridades señaladas como responsables. En caso de que la quejosa garantice la suspensión otorgada mediante billete de depósito, este debe contener en el apartado de "concepto": a) Nombre de la parte quejosa. b) Especificar que se dirige al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************. c) Especificar que es suspensión provisional. Es aplicable al caso la tesis aislada XXI.1º.44 K, publicada en la página 496 del tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "SUSPENSION. EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS LEGALES, POSIBLE OTORGAR LA GARANTIA, PARA QUE SURTA EFECTOS LA, DEL ACTO RECLAMADO. Del contexto del artículo 125 de la Ley de Amparo, se desprende que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; atento a esto, debe considerarse optativa para los interesados la forma en que han de constituir aquélla, es decir, puede consistir en cualquiera de los medios jurídicos de aseguramiento asequibles, tales como: el depósito; fianza o hipoteca; de tal suerte, que no es correcto que el juez de Distrito exija en el caso concreto billete de depósito como forma exclusiva de otorgar la garantía". Asimismo, en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, notificará a las autoridades responsables que quedan facultadas para ejecutar el acto reclamado. En el entendido que si ello aconteciere pero el acto no fuere aún ejecutado, la parte quejosa podría exhibir la garantía, con la que volvería a surtir sus efectos la medida suspensional. XII. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene a la parte quejosa por designado como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, como sus autorizados en términos restringidos al resto de personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. XIII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo , se autoriza la consulta del expediente electrónico en que se actúa, así como la recepción de notificaciones personales a través de dicho medio al usuario "********************", por así haberlo solicitado de manera expresa. En la inteligencia que, la autorización para la práctica de notificaciones comprende sólo aquéllas que deban verificarse de manera personal. En ese sentido, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. XIV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.

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