Miguel Ángel Moreno Mireles
Expediente 924/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Miguel Ángel Moreno Mireles
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por el Administración del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, el cual se agrega sin mayor proveído, lo anterior, toda vez que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se archivó el presente juicio de amparo; con lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Radicación. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Cesar Alejandro Aguilar Fernández, contra actos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, con sede en esta ciudad y otra autoridad. órmese y regístrese el juicio de amparo 924/2021-VI. Desechamiento. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento con sede en esta ciudad, cuestiones labores relativas a su jubilación. En razón de lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último dispositivo aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. or tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquéllas a quienes señala como autoridades responsables, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En ese entendido, del análisis de los actos reclamados que se hacen consistir en cuestiones labores relativas a su jubilación de cargo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, se advierte que los mismos serán, en su caso, emitidos por el personal respectivo de dicha institución, en ejercicio de sus atribuciones. En efecto, de los antecedentes narrados en la demanda, se advierte que el quejoso es trabajador del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento; por tanto, resulta inconcuso que los actos reclamados no son de aquellos que puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues derivan de la relación laboral que tienen con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, por lo que ambas partes se ubican en un plano de coordinación, el quejoso como "trabajador" y la para Estatal en su calidad de "patrón", por lo que cualquier conflicto que derive de esa relación, debe dirimirse ante los tribunales ordinarios correspondiente, lo que es contrario a las características propias de un acto de autoridad en el juicio de amparo, como lo son, la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria en perjuicio del gobernado; por tanto, no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Cesar Alejandro Aguilar Fernández, contra actos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 749 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 505, Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, registro digital 394705, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se autoriza en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su escrito. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
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