Miguel Ángel Moreles Vázquez
Expediente 1135/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Moreles Vázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Moreles Vázquez. Por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Miguel Ángel Moreles Vázquez, contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1135/2022-III. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama la respuesta emitida a través del oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el Director de Verificación Urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato, respecto a su solicitud de levantar la suspensión que existe sobre el bien inmueble ubicado en Calle Calzada Insurgentes Oriente número. 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta Ciudad. Precisado lo anterior, este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ahora, desde la óptica del quejoso, en el caso no tiene la carga de observar el principio de definitividad, toda vez que: "[.] el acto de autoridad que se impugna, no se encuentra dentro de ningún procedimiento administrativo, constituyéndose dicho acto de autoridad como violatorio a los derechos fundamentales del suscrito, pues fue dictado fuera de cualquier procedimiento. Motivo por el cual no resulta procedente agotar el principio de definitividad para la procedencia del amparo indirecto que se interpone, reiterando que dicho acto es emitido por la autoridad responsable fuera de todo tipo de procedimiento, pretendiendo sustentar su actuar en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estyado de Guanajuato; sustento de derecho invocado por la responsable que resulta inaplicable al caso que nos ocupa". Al respecto, este juzgado disiente de la perspectiva del quejoso, pues a virtud del oficio que constituye el acto reclamado, número de folio DGDU/DVU/C-7-2936/2022, de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el Director de Verificación Urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato, declara y reconoce una situación jurídica individual y concreta, a saber: que respecto del inmueble ubicado en Calle Calzada Insurgentes Oriente número. 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta Ciudad, no es procedente que esa dependencia municipal levante la suspensión que existe sobre ese bien, por los motivos y fundamentos que refiere. En esa medida, el oficio que reclama el quejoso no es un acto intraprocesal, sino un acto administrativo definitivo, ya que que declara y reconoce una situación jurídica individual y concreta que, a consideración de la autoridad municipal, debe regir respecto del inmueble de referencia. Por tanto, el quejoso debió, previo al amparo, controvertirlo ante el tribunal administrativo local. Lo anterior se apoya en la tesis aislada XVI.1o.A.140 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2449, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2015434, de rubro y texto siguientes "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR LO QUE ÉSTA PUEDE RECLAMARSE POR MEDIO DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Los artículos 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato abrogada, que delimitan la competencia de ese órgano, no son claros en cuanto a si los actos materia de impugnación en el juicio contencioso deben o no ser definitivos. Sin embargo, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de la entidad prevé que la competencia del tribunal mencionado gira en torno a lo que debe entenderse por acto administrativo; por ello, no basta que los actos controvertidos provengan de autoridades, sino que, en apariencia, deben crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta o general, para que sean materia de impugnación en la vía indicada; esto es, deben ser resoluciones administrativas definitivas. Por tanto, contra la orden de iniciar el procedimiento administrativo de remoción de los miembros de las instituciones policiales, al constituir un acto intraprocesal y no uno definitivo, el juicio contencioso administrativo local es improcedente; de ahí que puede reclamarse por medio del juicio de amparo, al actualizarse una excepción al principio de definitividad" (enfasis añadido). En efecto, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, la parte quejosa reclama la respuesta emitida a través del oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, donde la autoridad informa la imposibilidad para levantar la suspensión de las medidas de seguridad implementadas respecto a la demolición del bien inmueble que defiende, ubicado en calle Calzada Insurgentes Oriente número 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta ciudad. Dicho acto es susceptible de impugnarse mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en términos de los artículos 4, fracción II, y 7, fracción I, inciso e, de su Ley Orgánica, que dispone: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: (.) II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos;" "Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: (.) e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;" Ahora bien, los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, del tenor: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." En cuanto a la segunda de las excepciones que se establece en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo para determinar la obligación de observar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, existe cuando se reclaman actos carentes de toda fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tal disposición opera en aquellos casos en que el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la ausencia total de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Se expone tal aserto en atención a que la previsión de que se trata tiende a facilitar la procedencia del amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, ante una eventual violación a la garantía de seguridad jurídica del particular generada por la incertidumbre que le pudiera acarrear el desconocer el fundamento en que se apoya la actuación de la autoridad; por virtud de dicha prerrogativa legal, todo gobernado que se vea afectado por un acto gubernativo, debe conocer, puntualmente, el sustento jurídico en que aquél encuentra soporte, certidumbre que, en su caso, lo colocará en aptitud de desarrollar lo más adecuadamente posible su defensa. Sobre esa base, se justifica que ante un acto aislado de la autoridad administrativa que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, carente de total fundamentación, el quejoso no se encuentre obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario procedente porque no sabe, a ciencia cierta, qué ley es aplicable y, en esa medida, qué medio de defensa intentar. La anterior hipótesis no se actualiza en este caso, según los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que adjunto a su demanda de amparo, donde se advierte que oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se asentó: "(.) Por este medio reciba un cordial y respetuoso saludo, asimismo, a fin de respetar y garantizar el derecho de petición consagrado en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 23 fracción V de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, mismo que se encuentra en relación directa con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 25 fracción VIII, 30, 33, 34 fracciones XVII y XVIII, 105 106 fracción III y 109 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de lrapuato, Guanajuato, me permito emitir respuesta a su escrito ingresado vía módulo de gestión el día 22 veintidós de agosto de 2022 dos mil veintidós en la Dirección General de Desarrollo Urbano y turnado a la Dirección de Verificación Urbana, al cual le fue otorgado el número de consecutivo 7-2936, escrito que en lo medular versa en lo siguiente: "se acredita personalidad y se reitera la solicitud sobre el inmediato levantamiento de suspensión temporal total así como expedición de copias certificadas y/o autenticadas de todo lo actuado en el expediente en que se actúa, para iniciar procedimiento sobre responsabilidad de funcionario público, respecto de daños patrimoniales causados al suscrito" (Sic), se: (.)" Por tanto, el acto reclamado no carece de fundamentación. De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los recursos que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acto reclamado ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la demanda de amparo que promueve Miguel Ángel Moreles Vázquez, contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1135/2022-III. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama la respuesta emitida a través del oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el Director de Verificación Urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato, respecto a su solicitud de levantar la suspensión que existe sobre el bien inmueble ubicado en Calle Calzada Insurgentes Oriente número. 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta Ciudad. Precisado lo anterior, este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ahora, desde la óptica del quejoso, en el caso no tiene la carga de observar el principio de definitividad, toda vez que: "[.] el acto de autoridad que se impugna, no se encuentra dentro de ningún procedimiento administrativo, constituyéndose dicho acto de autoridad como violatorio a los derechos fundamentales del suscrito, pues fue dictado fuera de cualquier procedimiento. Motivo por el cual no resulta procedente agotar el principio de definitividad para la procedencia del amparo indirecto que se interpone, reiterando que dicho acto es emitido por la autoridad responsable fuera de todo tipo de procedimiento, pretendiendo sustentar su actuar en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estyado de Guanajuato; sustento de derecho invocado por la responsable que resulta inaplicable al caso que nos ocupa". Al respecto, este juzgado disiente de la perspectiva del quejoso, pues a virtud del oficio que constituye el acto reclamado, número de folio DGDU/DVU/C-7-2936/2022, de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el Director de Verificación Urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Irapuato, Guanajuato, declara y reconoce una situación jurídica individual y concreta, a saber: que respecto del inmueble ubicado en Calle Calzada Insurgentes Oriente número. 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta Ciudad, no es procedente que esa dependencia municipal levante la suspensión que existe sobre ese bien, por los motivos y fundamentos que refiere. En esa medida, el oficio que reclama el quejoso no es un acto intraprocesal, sino un acto administrativo definitivo, ya que que declara y reconoce una situación jurídica individual y concreta que, a consideración de la autoridad municipal, debe regir respecto del inmueble de referencia. Por tanto, el quejoso debió, previo al amparo, controvertirlo ante el tribunal administrativo local. Lo anterior se apoya en la tesis aislada XVI.1o.A.140 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2449, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2015434, de rubro y texto siguientes "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR LO QUE ÉSTA PUEDE RECLAMARSE POR MEDIO DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Los artículos 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato abrogada, que delimitan la competencia de ese órgano, no son claros en cuanto a si los actos materia de impugnación en el juicio contencioso deben o no ser definitivos. Sin embargo, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de la entidad prevé que la competencia del tribunal mencionado gira en torno a lo que debe entenderse por acto administrativo; por ello, no basta que los actos controvertidos provengan de autoridades, sino que, en apariencia, deben crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta o general, para que sean materia de impugnación en la vía indicada; esto es, deben ser resoluciones administrativas definitivas. Por tanto, contra la orden de iniciar el procedimiento administrativo de remoción de los miembros de las instituciones policiales, al constituir un acto intraprocesal y no uno definitivo, el juicio contencioso administrativo local es improcedente; de ahí que puede reclamarse por medio del juicio de amparo, al actualizarse una excepción al principio de definitividad" (enfasis añadido). En efecto, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, la parte quejosa reclama la respuesta emitida a través del oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, donde la autoridad informa la imposibilidad para levantar la suspensión de las medidas de seguridad implementadas respecto a la demolición del bien inmueble que defiende, ubicado en calle Calzada Insurgentes Oriente número 13, perteneciente al Barrio de San Vicente de esta ciudad. Dicho acto es susceptible de impugnarse mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en términos de los artículos 4, fracción II, y 7, fracción I, inciso e, de su Ley Orgánica, que dispone: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: (.) II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos;" "Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: (.) e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;" Ahora bien, los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, del tenor: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." En cuanto a la segunda de las excepciones que se establece en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo para determinar la obligación de observar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, existe cuando se reclaman actos carentes de toda fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tal disposición opera en aquellos casos en que el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la ausencia total de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Se expone tal aserto en atención a que la previsión de que se trata tiende a facilitar la procedencia del amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, ante una eventual violación a la garantía de seguridad jurídica del particular generada por la incertidumbre que le pudiera acarrear el desconocer el fundamento en que se apoya la actuación de la autoridad; por virtud de dicha prerrogativa legal, todo gobernado que se vea afectado por un acto gubernativo, debe conocer, puntualmente, el sustento jurídico en que aquél encuentra soporte, certidumbre que, en su caso, lo colocará en aptitud de desarrollar lo más adecuadamente posible su defensa. Sobre esa base, se justifica que ante un acto aislado de la autoridad administrativa que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, carente de total fundamentación, el quejoso no se encuentre obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario procedente porque no sabe, a ciencia cierta, qué ley es aplicable y, en esa medida, qué medio de defensa intentar. La anterior hipótesis no se actualiza en este caso, según los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que adjunto a su demanda de amparo, donde se advierte que oficio con número de Folio: DGDU/DVU/C-7-2936/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se asentó: "(.) Por este medio reciba un cordial y respetuoso saludo, asimismo, a fin de respetar y garantizar el derecho de petición consagrado en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 23 fracción V de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, mismo que se encuentra en relación directa con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 25 fracción VIII, 30, 33, 34 fracciones XVII y XVIII, 105 106 fracción III y 109 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de lrapuato, Guanajuato, me permito emitir respuesta a su escrito ingresado vía módulo de gestión el día 22 veintidós de agosto de 2022 dos mil veintidós en la Dirección General de Desarrollo Urbano y turnado a la Dirección de Verificación Urbana, al cual le fue otorgado el número de consecutivo 7-2936, escrito que en lo medular versa en lo siguiente: "se acredita personalidad y se reitera la solicitud sobre el inmediato levantamiento de suspensión temporal total así como expedición de copias certificadas y/o autenticadas de todo lo actuado en el expediente en que se actúa, para iniciar procedimiento sobre responsabilidad de funcionario público, respecto de daños patrimoniales causados al suscrito" (Sic), se: (.)" Por tanto, el acto reclamado no carece de fundamentación. De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los recursos que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acto reclamado ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.."
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