Miguel Ángel Morales López
Expediente 763/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Morales López
Actuaciones
- Principal
se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Miguel Ángel Morales López, se inconformara con el proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó por improcedente la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL ACUERDO DE 30 DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO,EN EL QUE SE DETERMINÓ: Por recibida la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; Jefe y Ministros Ejecutores de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores; encargado del Registro Público de la Propiedad, éstos del mismo distrito judicial; Secretario y/o Director de Seguridad Pública Municipal; y Comandante de la Policía Estatal Única; todos con residencia en esta localidad fronteriza, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. De los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad por el promovente en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil ********************, a partir de la supuesta audiencia de remate de tres de agosto de dos mil diecisiete, respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, identificado como lote ********************, manzana ********************, del fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta localidad fronteriza; lo mismo que la inscripción en la oficina registral correspondiente, la desposesión del bien raíz que defiende y la ejecución de dichos actos; ya que, aduce, no se publicaron los edictos de notificación correspondientes. Lo anterior hace evidente que el juicio de amparo es improcedente, porque tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que solamente podrá promoverse el juicio de amparo en la vía indirecta contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa al quejoso, porque la ejecución de una sentencia es de orden público y los jueces tienen que velar por su estricta observancia y cumplimiento. Establecido lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, y en tratándose de procedimientos de remate, en contra de la última resolución, la cual es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, haciéndose valer en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, a saber, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo ésta, como se dijo, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con lo que se evita el abuso del juicio de amparo biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo que, si en el caso concreto, el referido procedimiento culmina con la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En la especie, como se dijo, los actos que reclama los hace consistir en todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil ********************, a partir de la supuesta audiencia de remate de tres de agosto de dos mil diecisiete, respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, identificado como lote ********************, manzana ********************, del fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta localidad fronteriza; lo mismo que la inscripción en la oficina registral correspondiente, la desposesión del bien raíz que defiende y la ejecución de dichos actos; ya que, aduce, no se publicaron los edictos de notificación correspondientes; de donde se colige que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo del promovente. Sirve de apoyo, la tesis 177, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Quinta Época, página 145, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por ********************. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente del amparo, el ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 2206, en esta localidad fronteriza; y su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado Julio César Muñoz Morales, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no aparece cédula profesional registrada a su nombre. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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