Miguel Ángel Morales Infante

Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1162/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Morales Infante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se aprecia que ya transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes interpusiera el recurso de revisión en contra del acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. ********************Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que el expresado auto ha causado estado.********************Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido.********************Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Incidental

    CUMPLASE

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Agréguense a los autos el oficio y anexos que enviados por el Juez Tercero Civil de esta ciudad. Conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio porque se actualizó la causa de improcedencia prevista prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicha disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se consienten expresamente los actos reclamados o cuando existen manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento. En el presente caso, el quejoso consintió expresamente los actos que tilda de inconstitucionales, consistentes en el emplazamiento al juicio especial hipotecario ******************** y sus consecuencias, entre las que se halla la sentencia condenatoria dictada en su contra. Es así, porque al oficio de cuenta la autoridad responsable ordenadora adjuntó copia certificada de: 1. La promoción que la actora en el juicio de origen presentó el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que informó que el amparista, demandado en el juicio de origen, pagó la totalidad de las prestaciones a su cargo, previa quita acordada entre las partes, por lo que solicitó que se ordenara la cancelación de la hipoteca que pesa sobre el inmueble; y, 2. El auto de catorce del mes en curso, en el que se le tuvo informando el pago de lo reclamado y su conformidad con el mismo, y se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, para que cancelara el gravamen que pesa sobre el inmueble propiedad del demandado. Las constancias anteriores cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos públicos. Entonces, si el agraviado acude a reclamar el emplazamiento al juicio y sus consecuencias, entre las que se encuentra la sentencia condenatoria; pero realizó el pago de las prestaciones a que fue condenado en dicha resolución, la consintió, pues se sometió a su designio y determinación desde el momento en que cumplió con el pago de las prestaciones ahí especificadas, como también se sometió al proceso mismo. En efecto, el quejoso reclama el emplazamiento porque la forma irregular en que se realizó lo privó del derecho fundamental de defensa, en atención al cual podía articular argumentos, ofrecer pruebas y oponer excepciones, con lo cual, en principio, buscaría desvirtuar las prestaciones cuya satisfacción se le exigen; de ahí que si cubre los reclamos reconocidos en la sentencia, está conforme con el contenido de la misma y, como consecuencia, también con el desarrollo del proceso de donde surgió, incluyendo desde luego su llamamiento al juicio. En mérito de lo anterior es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con veinticuatro minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO LISTA A LA PARTE QUEJOSA. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Agréguense a los autos el oficio y anexos que enviados por el Juez Tercero Civil de esta ciudad. Conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio porque se actualizó la causa de improcedencia prevista prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicha disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se consienten expresamente los actos reclamados o cuando existen manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento. En el presente caso, el quejoso consintió expresamente los actos que tilda de inconstitucionales, consistentes en el emplazamiento al juicio especial hipotecario ******************** y sus consecuencias, entre las que se halla la sentencia condenatoria dictada en su contra. Es así, porque al oficio de cuenta la autoridad responsable ordenadora adjuntó copia certificada de: 1. La promoción que la actora en el juicio de origen presentó el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que informó que el amparista, demandado en el juicio de origen, pagó la totalidad de las prestaciones a su cargo, previa quita acordada entre las partes, por lo que solicitó que se ordenara la cancelación de la hipoteca que pesa sobre el inmueble; y, 2. El auto de catorce del mes en curso, en el que se le tuvo informando el pago de lo reclamado y su conformidad con el mismo, y se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, para que cancelara el gravamen que pesa sobre el inmueble propiedad del demandado. Las constancias anteriores cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos públicos. Entonces, si el agraviado acude a reclamar el emplazamiento al juicio y sus consecuencias, entre las que se encuentra la sentencia condenatoria; pero realizó el pago de las prestaciones a que fue condenado en dicha resolución, la consintió, pues se sometió a su designio y determinación desde el momento en que cumplió con el pago de las prestaciones ahí especificadas, como también se sometió al proceso mismo. En efecto, el quejoso reclama el emplazamiento porque la forma irregular en que se realizó lo privó del derecho fundamental de defensa, en atención al cual podía articular argumentos, ofrecer pruebas y oponer excepciones, con lo cual, en principio, buscaría desvirtuar las prestaciones cuya satisfacción se le exigen; de ahí que si cubre los reclamos reconocidos en la sentencia, está conforme con el contenido de la misma y, como consecuencia, también con el desarrollo del proceso de donde surgió, incluyendo desde luego su llamamiento al juicio. En mérito de lo anterior es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con veinticuatro minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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