Miguel Angel Mora Zuñiga

Expediente 1014/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1014/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Miguel Angel Mora Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    II) Toluca, Estado de México; doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Ángel Mora Zúñiga, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos como anexo a su demanda y al escrito aclaratorio, así como también autoriza a diversas personas para recibirlos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de mérito para que obre como corresponda y estese a lo acordado en proveído de cuatro de los actuales (fojas 54 y 55), donde se proveyó lo relativo a la devolución de los documentos que exhibió el quejoso en el presente asunto. Finalmente, por lo que hace a las personas que autoriza estese a lo acordado en auto de seis de julio del año en curso (fojas 14 a la 18), donde se les tuvo por autorizados en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    II. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 40 a la 47), donde se desechó la demanda motivo del presente asunto. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, archívese este expediente como asunto concluido, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el juicio de amparo es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XXI). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezcan a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia certificada por la Secretaria de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    II. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Ángel Mora Zúñiga, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta y dígase al quejoso que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en el entendido de que una vez que se declare firme el proveído de diecinueve de julio del año en curso (fojas 40 a la 47), se acordará lo conducente.

  4. Principal

    II. CONTENIDO ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Ángel Mora Zúñiga, mediante el cual desahoga los requerimientos formulados en auto de seis de julio del año en curso (fojas 14 a la 18). SE AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de mérito para los efectos legales procedentes, se tienen por cumplidos los requerimientos y sin efectos el apercibimiento respectivos, decretados en auto de seis de los actuales. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo y 18; así como la fracción XIV del artículo 61, corroborada a su vez con la diversa que se aprecia en la fracción XXIII, del propio artículo, vinculado con el precepto legal 217, en términos del diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, del contenido siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte agraviada señaló como actos reclamados: 1. La orden emitida en el juicio ejecutivo mercantil 770/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, de donde se deriva la diligencia de embargo practicada el quince de enero de dos mil dieciséis, donde se embargó el vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2012, color blanco, número de seria 3VW2W1AJ7CM461960, motor número CCC147828, placas de circulación MLG9083; y 2. La orden emitida en el juicio ejecutivo mercantil 770/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, de la cual se pretende privar al suscrito de la posesión y propiedad del bien mueble propiedad del quejoso consistente en un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2012, color blanco, número de seria 3VW2W1AJ7CM461960, motor número CCC147828, placas de circulación MLG9083. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El veintinueve de julio de dos mil quince, Margarita Iraiz García Hernández promovió en la vía ejecutiva mercantil, el cumplimiento de diversas prestaciones, en contra de la demandada Rosa Angélica Martínez Sánchez, demanda que fue admitida el treinta de julio de dos mil quince. 2. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Ejecutora adscrita a la central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, se constituyó en el inmueble señalado como domicilio de la demandada Rosa Angélica Martínez Sánchez, siendo atendida por ella directamente, a quien se le hizo saber el contenido del auto de exequendo dictado el treinta de julio de dos mil quince, procediendo a trabar embargo sobre el vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, placas de circulación MLG-90-83 del Estado de México, modelo 2012, serie 3VW1AJ7CM461960, color blanco, motor CCC147828, cuatro puertas, quedando como depositaria de dicho mueble, la demandada misma. 3. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la demandada dio contestación a la demanda. 4. Posteriormente, la parte actora presentó escrito el cuatro de marzo del año en curso, solicitando el cambio de depositario del bien embargado el quince de enero de dos mil dieciséis, revocando a la anterior depositaria y señalando como nuevo depositario a la señora Yuliana Idcehl García Hernández. 5. Ante tal circunstancia, se dictó auto el siete de marzo de dos mil dieciséis, donde se revocó a la anterior depositaria y se nombró como tal a Yuliana Idcehl García Hernández, requiriéndola para que se presentara en el local de dicho juzgado para la aceptación y protesta del cargo y una vez hecho lo anterior, por conducto del Ejecutor respectivo, se requiriera a Rosa Angélica Martínez Sánchez, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, hiciera entrega de los bienes embargados a la nueva depositaria. 6. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se levantó acta circunstanciada por la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México, donde se advierte que en compañía de la nueva depositaria Yuliana Idcehl García Hernández y otra persona, se constituyeron en el domicilio de la parte demandada y fueron atendidos por una persona del sexo masculino a quien le requirieron la presencia de la demandada Rosa Angélica Martínez Sánchez y manifestó que era su esposa pero no podía salir, motivo por el cual por su conducto, se le requirió para que en el acto o en el término de tres días, hiciera la entrega de los bienes embargados, dando por terminada dicha diligencia. 7. Ante tal circunstancia, la parte actora, mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, solicitó se autorizara el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras y chapas a efecto de dar cumplimiento al auto de siete de marzo del presente año. 8. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se dictó nueva determinación donde se estableció que había transcurrido con exceso el término de tres días otorgado a la demanda y anterior depositaria para entregar el bien embargado, por lo que se turnaron de nueva cuenta los autos al ejecutor para dar cumplimiento al auto de siete de marzo de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se autorizará el uso de la fuerza pública y rompiendo cerraduras. 9. Así las cosas, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, acudió la ejecutora respectiva al domicilio de la demandada, quien fue atendida por el aquí quejoso, a quien le hizo del conocimiento que se llevaría el vehículo multicitado, obteniendo oposición por parte de Miguel Ángel Mora Zúñiga ante dicha circunstancia. Expuesto lo anterior, de las narraciones vertidas por el propio quejoso se evidencia que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México, llevó a cabo una diligencia a efecto de realizar el cambio de depositaria del bien embargado, misma que fue atendida directamente por él, manifestando que era esposo de la demandada Rosa Angélica Martínez Sánchez pero ésta no podía salir, motivo por el cual por su conducto, se requirió a su esposa y demandada en el juicio de origen, para que en el acto o en el término de tres días, hiciera la entrega del bien mueble embargado, por lo que desde ese entonces se hizo sabedor del embargo trabado sobre el vehículo de su propiedad y por ende se encontraba en aptitud de combatir dicho acto. En ese sentido, si desde el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el quejoso tuvo conocimiento del embargo trabado sobre el bien mueble de su propiedad consistente en un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2012, color blanco, número de seria 3VW2W1AJ7CM461960, motor número CCC147828, placas de circulación MLG9083, en tales condiciones, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del veintitrés de mayo al diez de junio de dos mil dieciséis, previo descuento de los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de junio, todos de dos mil dieciséis, por haber días inhábiles para la promoción del juicio de amparo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cinco de julio de dos mil dieciséis, según se advierte del sello impreso en la parte superior derecha de la demanda de amparo. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de julio de dos mil dieciséis, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 245095, emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común, Séptima Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Asimismo, se invoca la tesis con número de registro 216152, visible en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la jurisprudencia P./J. 115/2010, con número de registro 163172, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Común, donde se estableció: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que la sanción reclamada no tiene el carácter de sentencia definitiva ni proviene de un proceso penal. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; circunstancias en las que tampoco se encuadra el supuesto en estudio. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. Se invoca la tesis III.2o.P.255 P, con número de registro 163630, visible en la página 3028 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, Materia Penal, que establece: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que también se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61, corroborada a su vez con la diversa que se aprecia en la fracción XXIII, del propio numeral, vinculado con el precepto legal 217, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo previene que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, y la fracción XXIII, del precepto antes indicado, se refiere a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de la Materia; por otra parte, el artículo 217 del ordenamiento legal en cita, se refiere a que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito y otras autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, como se observa en la publicada con el número 17, en la página 12 del Apéndice de 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación, volumen VI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Los supuestos o elementos que hacen operante esta causa de improcedencia, son: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, y c) La situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, con respecto al posterior. Apoya el criterio anterior, la tesis número 3, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228 Primera Parte, Séptima Época, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; en otras palabras, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el no ejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que pueden impedir legalmente la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta para demostrar que no se consintió un acto. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante los medios legales correspondientes, pues de hacerlo, implicaría dejar a los quejosos ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. Ahora, como se especificó en la primera parte de la presente determinación, el quejoso se duele de la orden dictada en el expediente 770/2015 del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante la cual se le pretende privar de la posesión y propiedad del bien mueble de su propiedad consistente en un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2012, color blanco, número de seria 3VW2W1AJ7CM461960, motor número CCC147828, placas de circulación MLG9083; circunstancia que es una consecuencia directa del embargo trabado sobre dicho bien mueble el quince de enero de dos mil dieciséis, el cual consintió por no haberlo impugnado en el término legal, como se estableció en párrafos precedentes. Es aplicable, en lo conducente, la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, cuya literalidad es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Lo anterior, toda vez que desde que se trabó el embargo que se señala como primer acto reclamado, se privó de la posesión jurídica del bien y se dejó la custodia a un depositario únicamente para su vigilancia, circunstancia que evidencia que el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, por lo que si en el caso concreto que se estudia, se consintió tácitamente el embargo por no haberse impugnado en los términos legales como ya se estableció anteriormente, es lógico que el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso concreto, la tesis II.1o.C.T.54 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, Materia Común, que establece: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por ello, ante la actualización de las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo y 18; así como en la fracción XIV del artículo 61, corroborada a su vez con la diversa que se aprecia en la fracción XXIII, del propio artículo, vinculado con el precepto legal 217, procede desechar la demanda promovida por Miguel Ángel mora Zúñiga, contra actos del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, en términos del artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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