Miguel Ángel Mora Sánchez

Expediente 815/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
815/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Mora Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Al expediente, el oficio de cuenta del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, donde manifiesta la imposibilidad jurídica para designar un defensor público federal al quejoso ***, porque el proceso penal instaurado en su contra es del orden común, y proporciona información de quien pudiese designarlo (el defensor público). En consecuencia, en aras de una pronta impartición de justicia y el quejoso pueda tener una adecuada defensa, se requiere a la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, asigne (de no tener inconveniente legal) un defensor público al quejoso ***, y pueda representar sus intereses, orientarlo y asesorarlo jurídicamente en el proceso penal *** del índice del Juzgado de lo Penal de Distrito Judicial de Cholula, Puebla, instruido en su contra por el delito de extorsión. Ello atiende al hecho a la falta de técnica jurídica del quejoso para su adecuada defensa, por lo que el defensor que llegue a designar, será sólo para su asesoría jurídica en el proceso penal de origen, y no en el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues es evidente el estado de indefensión del quejoso; de modo que sólo bastará que informe su designación para su adecuada defensa en el proceso penal. Por otra parte, en caso de manifestar imposibilidad legal para designar a dicho defensor público, deberá proporcionar la información necesaria de la institución en el Estado de Veracruz (lugar de reclusión del quejoso) que pudiese proporcionar un defensor público al quejoso ***, y represente sus intereses, orientarlo, y asesorarlo jurídicamente en el proceso penal ***. Se hace notar que de ser omisa, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario. Por otra parte, se ordena girar oficio de la presente determinación al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, para los efectos a que haya lugar en el toca de revisión ** de su índice. Por último, con fundamento en los artículos 15 y 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de los artículos 107 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se ordena librar exhorto -en línea- al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, notifique la presente determinación al quejoso *** en su lugar de reclusión, y para ello se le envía copia autorizada de este proveído. Para todo lo anterior, se concede al juez exhortado, plenitud de jurisdicción para que de ser el caso habilite días y horas inhábiles y lleve a cabo las diligencias necesarias para cumplir lo aquí solicitado, y en su oportunidad lo devuelva diligenciado en sus términos.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Al expediente, la notificación de cuenta de la actuaria adscrita a este juzgado de distrito, donde se advierte el quejoso ratificó el contenido y firma de su escrito presentado el ocho de agosto del presente año, en el cual solicitó copias certificadas del presente expediente. Por tanto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el párrafo segundo de su numeral 2, expídase a costa del quejoso, las copias certificadas solicitadas, hágase entrega de las mismas a sus autorizados, previa identificación y razón de recibo que obre en autos para constancia. Sin embargo, se hace notar al quejoso que en las referidas copias habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada que puedan existir incluso de otras partes, como lo ordenan los lineamientos actuales en materia de información. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, materia común, página 470; cuyo rubro es: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA"; así como la diversa jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, materia común, página 28; del rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". De hecho, la determinación de suprimir datos personales, tiene el respaldo de otros antecedentes judiciales, por ejemplo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que dicha restricción en la expedición de copias se ajusta a lo previsto en la Ley de Amparo y a los criterios jurisprudenciales que existen al respecto, como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 48/2017 del citado tribunal. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ignacio Aldrete González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Serecibela demanda de protección de derechos signada por el quejoso *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otra autoridad. Improcedencia Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: ".El acrecentamiento o aumento excesivo del cobro del pago de derechos por concepto de arrastre y resguardo sin justificación originada por el retraso y omisión a contestar y acodar la devolución en su momento en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, por parte de Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez Puebla, dando pie a que se acrecentara tanto el adeudo haciéndolo imposible de pagar, este cobro ilegal que se presente realizar al suscrito a efecto de que me sea devuelto el vehículo, por parte del encargado del corralón de Grúas Ocaña, ya que el monto del cobro excesivo y es imposible cubrir pago alguno para poder gozar de la propiedad y posesión del bien mueble de mérito, ya que el Ministerio Público Investigador OMITIÓ y TARDÓ, acordar la devolución del vehículo de forma inmediata cuando se solicitó y el encargado del Corralón se niega a libertar el vehículo en comento, el acto reclamado tiene naturaleza negativa, ya que se trata de una omisión de parte de la autoridad ordenadora y ejecutora. Es decir, la devolución debió ser cuando se acreditó la propiedad y se solicitó la devolución del vehículo asegurado con motivo de una carpeta de investigación y no cuando se promovió amparo para que el Ministerio Público ordenó la devoción, como consta en el amparo número 129/2019-IX, del Cuarto Juzgado en Materia Penal. A) De la autoridad responsable ordenadora se reclama la responsabilidad directa que se haya acumulado y acrecentando los derechos de pago por concepto de arrastre y pensión, como la consecuencia de la omisión, tardanza a acordar la devolución del vehículo por tres años, vehículo que fue asegurado con motivo de una carpeta de investigación del vehículo oficial marca Chrysler, tipo pick up, denominado *color *, número de serie *, modelo *, y placas de circulación *, que pertenece al Gobierno del Estado de Puebla, y se encuentra en resguardo de la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, en fecha catorce de diciembre del año dos mil diecinueve y no hasta tres de julio del año en curso. B) De la autoridad ejecutora es decir del Encargado y/o Dueño o Concesionario del Corralón de Grúas Ocaña, la negativa a liberar el vehículo en comento hasta que no se realice el pago por concepto de pensión y arrastre por demás excesivo. Cuando no fue culpa del suscrito, que se haya acrecentado el momento por concepto de pensión y resguardo de parte del suscrito se hicieron topo tipo de gestiones de manera inmediata, no a los tres años, haciendo imposible de parte del suscrito el pago de dicho monto.". Sin embargo, respecto de los actos transcritos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX , de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, se acude a las constancias del juicio de amparo 129/2019, tramitado en este juzgado de amparo; el cual representa un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ese juicio, según lo establecido en la sentencia, fue promovido por el mismo quejoso, contra la omisión del fiscal responsable de devolver el vehículo oficial marca *, tipo *, denominado *, color blanco, número de serie *, modelo * y placas de *. Luego, en la sentencia dictada el treinta de abril del año en curso, en el juicio de amparo 129/2019 del índice de este juzgado, la cual por auto de veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requerir su cumplimiento. Los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional son las siguientes ".El agente del ministerio público responsable, en respuesta a las peticiones de libramiento del vehículo oficial, realizadas por su poseedor legitimo a través de los oficios SFA-CJG-(26)-4351/16 y del escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecisiete, emita una determinación, en la cual, con base en los razonamientos expuestos en esta sentencia: a) Levante el aseguramiento decretado respecto del vehículo oficial. b) De manera fundada y motivada, determine si realiza la devolución del automotor de referencia, con reservas o sin reservas; o bien, si lo entrega en depósito. c) En cualquiera de los dos supuestos establezca medidas precautorias para garantizar la reparación del daño de la víctima del delito. d) Ordene a la encargada del corralón para depósito de vehículos denominado "Grúas Ocaña", realice la entrega del vehículo oficial a *, haciéndola la mención de que en caso de resultar procedente el cobro de algún derecho -por ser el imputado- éste debe hacerse acorde a los montos establecidos en la legislación aplicable. Lo anterior, en el entendido siguiente: al hacer alusión a la legislación aplicable, sólo me refiero a la Ley de Ingresos del Estado, pues no debe perderse de vista que los derechos son una especie de contribuciones, y éstas, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, solo pueden estar establecidas en la legislación, no en acuerdos, convenios o algún otro ordenamiento legal.". Una vez que el Agente del Ministerio Público responsable informó haber cumplido la sentencia y remitió las constancias conducentes para soportar su dicho, mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Luego, por auto de treinta y uno de julio de este año, se declaró cumplida la sentencia de amparo dictada en el amparo 129/2019 del índice de éste juzgado, aun ante la oposición del quejoso, quien manifestó que la cantidad que se le pretendía cobrar por derecho de piso y arrastre era excesivo. Bajo este contexto, es válido afirmar que los actos reclamados en la demanda origen del presente asunto, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la legislación, porque dichos actos que ahora reclama son materia del cumplimiento a la sentencia dictada treinta de abril del año en curso en el juicio de amparo 129/2019 del índice de este juzgado, sin que se esté en algún caso de excepción. Esto es así, ya que desde la sentencia dictada en aquél amparo, se estableció con claridad que, para proceder a la devolución del vehículo, el quejoso debía cubrir el pago correspondiente, el cual debía calcularse con base en los parámetros establecidos en la Ley de Ingresos del Estado, por lo que si el aquí promovente se encontraba inconforme con esa determinación debió interponer el recurso de revisión. Pero si el quejoso consintió esa decisión y su oposición se basa solo en el cálculo del monto que se le pretende cobrar, entonces, debió interponer el recurso de inconformidad, contra el acuerdo que declaró cumplida la sentencia en donde se estableció con precisión los parámetros para realizar esa cuantificación, esto es, se constriñó a las autoridades responsables a actuar bajo lineamientos precisos. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." (Décima Época, Registro: 2018315, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.), Página: 829) Con independencia de lo anterior, de las constancias del juicio de amparo 129/2019 del índice de este juzgado, se desprende que el quejoso tuvo conocimiento del cobro reclamado por la responsable ejecutoria, al menos, desde el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, cuando presentó el escrito mediante el cual desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento de la sentencia y manifestó su oposición al cobro que el encargado del corralón donde se encuentra resguardado su vehículo pretende hacerle. Esto es, que el quejoso conoció del acto que ahora reclama desde el veinticinco de junio del año en curso, por lo cual, los quince días para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintiséis de junio al dieciséis de julio de este año. Circunstancia que también actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo . En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con las fracciones IX y XIV del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. De manera oficiosa se advierte, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo . Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Luego, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y quedan autorizados para los mismos efectos e imponerse de los autos a las personas que señala en su demanda de amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que si a su interés conviene desde este momento se le autoriza hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero, tal supresión se realizará solo si lo permiten las constanciaFs que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 470, del tenor literal siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA" Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico, informativo y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita

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