Miguel Ángel Montero Rodríguez

Expediente 46/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
46/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Montero Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el once de febrero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos exhibidos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el once de febrero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos exhibidos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  3. Principal

    Visto; Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el quejoso presento un escrito en el que proporcionó la información que acredita como licenciados en derecho a Miguel Oswaldo Zarate Martínez, José Antonio Alvarado Rodríguez, Jorge Manuel Castillo Sauceda y Luis Gerardo Fernández Martínez; por tanto, se tienen por autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso Miguel Ángel ********************, téngase por cumplido con el requerimiento que le fue hecho en auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Ahora, el quejoso en su demanda de amparo señala como acto reclamado: ".la orden de realizar anotación de conservación de la cosa litigiosa respecto del bien inmueble inscrito en el registro público de los datos: Tomo 33, inscripción número 54, folio 120-122 de fecha veinticuatro de mayo de 1944, dictada en los autos del juicio ordinario civil 126/2018." Acto que reclama al Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad y, como autoridad ejecutora al Oficial del Registro Público del Estado de Zacatecas. Respecto de dicho acto, se trae a colación lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos artículos se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al contenido del escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado que se hace consistir en la integración de la carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". En el caso, como antes quedó transcrito, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la orden de realizar anotación de conservación de la cosa litigiosa respecto del bien inmueble inscrito en el registro público de los datos: Tomo 33, inscripción número 54, folio 120-122 de fecha veinticuatro de mayo de 1944, dictada en los autos del juicio ordinario civil 126/2018. Y, conforme a los antecedentes que el quejoso narra en su escrito de demanda, ante el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito Judicial de la Capital, se encuentra en trámite el expediente ********************, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de su padre ********************. En dicho juicio el quejoso y otros de sus familiares fueron declarados como únicos y universales herederos; se nombró como como albaceas conjuntos a ********************y ********************, ambos de apellidos ********************; y, dentro del patrimonio de la masa hereditaria se encuentra un bien inmueble inscrito en el registro público bajo los datos siguientes: tomo 33, inscripción número 54, folio 120-122 de fecha veinticuatro de mayo de 1944; inmueble que en el diverso juicio ordinario civil 126/2018, tramitado ante la propia autoridad responsable se ordenó y el Oficial del Registro Público de la ciudad de Zacatecas realizó, una anotación de cosa litigiosa. Conforme a esos datos, la sucesión de la cual forma parte el quejoso como heredero reconocido y entre los bienes del caudal hereditario aparece el bien inmueble del que el quejoso señala se hizo anotación de cosa litigiosa y, también se designaron albaceas que a la fecha se encuentran en funciones, pues el quejoso en su escrito aclaratorio así lo informa y también reconoce que no ha solicitado a los albaceas para que actúen conforme a sus atribuciones; esto es, la sucesión de la cual forma parte el quejoso está debidamente representada. Así, contrario a lo que argumenta el quejoso en su escrito aclaratorio y que al presente juicio acude como heredero de la sucesión intestamentaria a bienes de su padre ********************, donde reclama del Juez Segundo del Ramo Civil y, al Oficial del Registro Público, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, la orden y el realizar la anotación de conservación de la cosa litigiosa respecto del bien inmueble inscrito en el registro público de los datos: Tomo 33, inscripción número 54, folio 120-122 de fecha veinticuatro de mayo de 1944, dictada en los autos del juicio ordinario civil 126/2018. En ese sentido, el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "38.- En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, se observarán las reglas siguientes: I.- Mientras no se haya nombrado interventor o albacea, puede ejercitarlas cualquiera de los herederos o legatarios; II.- Si se ha nombrado interventor o albacea, a éstos compete el derecho de deducirlas, y sólo lo podrán hacer los herederos o legatarios, cuando requerido para ello el albacea o el interventor se rehusare a hacerlo." Por su parte, los artículos 486, 489, 494, 786, 824, 825, 826, 866, 867, 868, 869 y 958 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, establecen: "486.- Sucesión es la trasmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular; constituye una universalidad jurídica y una copropiedad en favor de todos los herederos a partir del día y la hora de la muerte del autor de la sucesión, hasta la partición y adjudicación." "489.- El heredero adquiere a titulo universal y responde de las obligaciones del autor de la herencia a beneficio de inventario, es decir, hasta donde alcance el valor de los bienes que hereda. Lo que significa que no existe confusión entre el patrimonio hereditario y el del sucesor." "494.- A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se realice la división y adjudicación." "786.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales." "824.- La sucesión se transmite en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente." "825.- No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, sino ha sido instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entero." "826.- Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación a que se refiere el artículo precedente; y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de pedir su remoción." "866.- El albacea podrá ser universal o especial. Los albaceas universales deben cumplir todas las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión. Los especiales deben cumplir las disposiciones testamentarias para las que se les designó. Los universales pueden ser testamentarios, legítimos o dativos. Los especiales sólo testamentarios." "867.- Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido por cada uno de ellos sucesivamente, en el orden en que hubiesen sido designados, a no ser que el testador hubiese dispuesto expresamente que se ejerza conjuntamente por todos los nombrados, pues en este caso su responsabilidad será solidaria. Para que exista mancomunidad entre los albaceas, se requerirá expresa disposición del testador." "868.- Cuando los albaceas fueren conjuntos, sólo existirán y valdrán los actos que hagan de consuno, los que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o los que en caso de disidencia, acuerde el mayor número. Si no hubiese mayoría decidirá el Juez. Los albaceas solidarios podrán actuar individualmente bajo su exclusiva responsabilidad." "869.- En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas conjuntos practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fuesen necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás." "958.- La partición legalmente hecha fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos y concreta en ella el derecho de propiedad, que de manera indirecta e indivisa tenía antes el adjudicatario en toda la masa de la herencia." De acuerdo con dichos preceptos de los códigos estatales citados, se desprende que: 1. La herencia como conjunto de bienes, derechos y obligaciones, constituye una universalidad jurídica y una coporopiedad en favor de todos los herederos. 2. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se realice la partición y la adjudicación. 3. Los únicos casos en que los herederos pueden ejercitar las acciones que tengan como finalidad defender a la sucesión son: cuando no se haya nombrado interventor ni albacea; o bien, cuando exista interventor o albacea debidamente nombrados, y después de haber sido requeridos por los herederos, se nieguen a ejercitar esas acciones. Es así evidente, que el único que podía acudir al juicio de amparo y reclamar la anotación de conservación de cosa litigiosa sobre el bien inmueble que conforma el caudal hereditario, son los albaceas que fueron nombrados en juicio sucesorio intestamentario ********************, del índice del Juzgado segundo de Ramo civil de esta ciudad de Zacatecas, pues así lo previenen las normas apuntadas, y no el quejoso aquí recurrente en su calidad de heredero. Lo anterior porque de la copia certificada que ofreció como prueba el disconforme, del acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete, deducida del expediente ********************, del Juzgado Segundo del Ramo civil en esta ciudad de Zacatecas, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., se desprende que a él se le reconoció como heredero dentro de ese juicio, sin que exista alguna norma legal que lo autorice a acudir directamente al procedimiento constitucional, con objeto de defender un derecho de propiedad o posesión, que por el momento se encuentra indeterminado, pues como él mismo lo reconoce en su escrito aclaratorio de demanda de amparo, aún no se ha llevado a cabo la adjudicación de los bienes en tal juicio. Ciertamente, si se interpreta en sentido contrario el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (transcrito en párrafos anteriores y que aquí se da por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias), fácilmente puede advertirse que sólo puede acudir al juicio de amparo, aquélla persona que tenga interés jurídico o legítimo en el acto que reclame. Lo anterior significa que para esos efectos, se requiere, en primer lugar, la existencia de un acto de autoridad o una ley y que se produzca una afectación a algún derecho subjetivo de la parte quejosa, protegido por una norma o convención internacional, trascendiendo a su esfera jurídica. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, estos últimos ya transcritos, pues en ellos se previene que el ejercicio de la acción de amparo está reservado para la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame. Y, el primero de esos preceptos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Cabe apuntar que, el más alto tribunal del país ha establecido que por perjuicio, se entiende la afectación que produzca por la actuación de una autoridad o por la ley, a un derecho legítimamente tutelado, y cuyo desconocimiento o violación, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que ese derecho le sea reconocido o no sea violado, lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo prevé para la procedencia del juicio constitucional. Dicho en otras palabras, el juicio de amparo tiene como finalidad salvaguardar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en aquellos casos en que la violación atribuida a la autoridad responsable, tenga efectos materiales y que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Incluso, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación determinó que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P. XIV/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página 34, con registro 161286, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". En consecuencia, para poder acudir al juicio de amparo, se debe demostrar lo siguiente: A. Tratándose del interés jurídico: La existencia del acto de autoridad y que el mismo produjo una afectación a los derechos subjetivos del impetrante, los cuales están protegidos por alguna norma legal; y, B. Tratándose del interés legítimo: La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que el promovente pertenece a esa colectividad. Para respaldar esta postura, se estima traer a colación la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, página 1854, registro 2004501, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por consiguiente, es evidente que en el caso, el quejoso, ahora recurrente, carece de interés jurídico o legítimo para acudir al amparo, pues conforme a lo anotado, su intención fue impugnar un acto de naturaleza jurisdiccional, que afectan a la masa hereditaria y que por disposición legal, sólo pueden ser defendidos por el albacea de la sucesión y no por un heredero en lo individual. Para ilustrar el punto, se estima pertinente reproducir la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, página 1736, registro 2003067: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Bajo esa tesitura, es incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, conforme, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXIII, página 3047, registro digital 355061, que dice: "ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.- Como de acuerdo con la ley, es obligación del albacea deducir todas las acciones que pertenecen a la sucesión, y representarla en todos los juicios que hubiere de promover en su nombre, es claro que, mientras no se lleve a cabo la partición y adjudicación de la herencia, es el albacea y no cada uno de los herederos y legatarios, independientemente, quien tiene que ejercitar los derechos o las acciones que a éstos corresponden. De igual manera, se estima aplicable al caso, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, página 555, registro digital 230620, que dice: "SUCESIONES, ALBACEAS, SON REPRESENTANTES LEGALES DE LAS.- La representación legal de una sucesión, corresponde únicamente al albacea y no existe disposición alguna que faculte a los presuntos herederos a ocurrir en defensa de los bienes de la sucesión, por lo que al no acreditar que se ostenta el carácter de albacea, es evidente que se carece de interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Y, la jurisprudencia 1a./J 73/2018, en materia común, sustentada por la Primera ]Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018666, de rubro y texto: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. No obsta que la jurisprudencia anterior interprete preceptos de la legislación del Estado de Tlaxcala, pues conforme a los artículos que se transcribieron de la legislación del Estado de Zacatecas, son de contenido similar. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel ********************, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.

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