Miguel Ángel Meza García

Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
704/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Meza García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se les tiene consentido dicho acuerdo. Por otra parte, devuélvase el presente expediente a la mesa IV de trámite de este órgano jurisdiccional, a efecto de que provea lo conducente respecto el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando el acatamiento al fallo protector; ello, a través del oficio 262/2023, recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintitrés, al cual adjuntó copia con firmas autógrafas del acuerdo de diez de enero del año en curso, dictado en el expediente laboral 293/2003, con las que a su criterio, se justifica el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó de manera personal a la parte quejosa por conducto de su autorizado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "A) Deje insubsistente el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 293/2003, (específicamente en lo atinente a la vinculación solicitada) y en su lugar emita una nueva determinación en la que, luego de reiterar lo que no fue materia de la concesión, y determine que en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral citado, sí puede tener intervención la Secretaría de Finanzas, Gobernador (Poder Ejecutivo) y Congreso, todos del Estado de Guerrero. En el entendido de que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar de manera fundada y motivada cuáles son las obligaciones de cada una de las citadas autoridades para efecto del cumplimiento del laudo, ello con plenitud de jurisdicción, deberá efectuar los apercibimientos que considere pertinentes. B) Asimismo, en la inteligencia de que queda bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente; sin embargo, las acciones que realicen deben ser eficaces y efectivas. Se precisa que los efectos de la protección constitucional no se aplicarán en actos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal de ejecución en que se sitúa el procedimiento laboral de origen; ello, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 262/2023, recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintitrés, adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de diez de enero de esta anualidad, dictado en el expediente laboral 293/2003. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: ".Ahora bien, en atención al amparo, se deja insubsistente el auto de seis de junio del dos mil veintidós, únicamente en la parte atinente a la vinculación solicitada por la parte actora, reiterándose lo que no fue materia de amparo, por lo que en este en base a lo ordenado por el Juzgado Federal, por lo que se ordena vincular al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración del Estado y al Congreso del Estado de Guerrero, al efecto de que en las esferas de su competencia, realicen todos y cada uno de los actos y mecanismos necesarios, encaminado a cumplir con el laudo emitido por este Tribunal, por el monto total de $349,887.90, (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.), en ese contexto, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, en el que ordena que se debe determinar cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades, acorde a lo resuelto por el Juez Federal, se establece que las obligaciones para cada una de los antes mencionados son las siguientes: C. Maestra EVELYN CECIA SALGADO PINEDA, Gobernadora del Estado de Guerrero, como titular de la Administración Pública Estatal y responsable de las Finanzas del Estado, acorde a lo que establecen los articulas 91 y 181, de la Constitución Estatal, deberá girar instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por conducto de su Secretario C. Contador Público RAYMUNDO SEGURA ESTRADA, para que éste acorde a lo que establecen los artículos 18 y 22, fracciones XXIII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, realice las acciones pertinentes a fin de que pueda ser cumplido el laudo, en base a la capacidad financiera que ostenta el demandado, asimismo el Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva, la C. Diputada YANELLY HERNANDEZ MARTINEZ, deberá proveer a la parte demandada de una ampliación de su presupuesto o la aprobación en su presupuesto de egresos del pago del laudo condenatorio, tal y como lo establece el artículo 146 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la su vez el Congreso del Estado de Guerrero, como vinculado al cumplimiento del laudo deberá proveer lo necesario a fin de que el presupuesto de egresos del ente demandado se apruebe a la brevedad posible, lo que deberán hacer en el término de QUINCE días hábiles, apercibidos que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de 200 días de UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALlZACIÓN), ascenderá a $19,244.00, tomando como base el UMA del 2022 de $96.22, la cual será aplicada a los CC. Maestra EVELYN CECIA SALGADO PINEDA, Gobernadora del Estado de Guerrero, al C. Contador Público RAYMUNDO SEGURA ESTRADA, Secretario de Finanzas y Administración del Estado, la C. Diputada YANELL Y HERNANDEZ MARTINEZ, Presidenta de la Mesa Directiva, esto de acuerdo a lo que estipula el artículo 95 de la Ley 51 del Estado vigente, hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda, esto para los efectos legales a que den lugar." De la transcripción anterior, se advierte el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable dictó el auto antes citado, en el que se aprecia que por un lado dejó insubsistente el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 293/2003 únicamente en la parte atinente a la materia del amparo, y de manera fundada y motivada proveyó lo relativo a la vinculación de las autoridades Gobernadora Constitucional del Estado, Secretaria de Finanzas y Administración y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; asimismo, estableció las obligaciones de cada una de las autoridades para el cumplimiento del laudo y decretó el apercibimiento en caso de incumplimiento. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, con el oficio de cuenta y anexos dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este órgano de control constitucional, emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y tercero interesado hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional cuyos efectos fueron los siguientes: "A) Deje insubsistente el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, (específicamente en lo atinente a la vinculación solicitada) y en su lugar emita una nueva determinación en la que, luego de reiterar lo que no fue materia de la concesión, y determine que en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral citado, sí puede tener intervención la Secretaría de Finanzas, Gobernador (Poder Ejecutivo) y Congreso, todos del Estado de Guerrero. En el entendido de que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar de manera fundada y motivada cuáles son las obligaciones de cada una de las citadas autoridades para efecto del cumplimiento del laudo, ello con plenitud de jurisdicción, deberá efectuar los apercibimientos que considere pertinentes. B) Asimismo, en la inteligencia de que queda bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente; sin embargo, las acciones que realicen deben ser eficaces y efectivas." Por lo anterior, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento; con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo solicitado, se hará acreedora por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Presidenta, a una medida de apremio consistente en multa, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Puntualícese además a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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