MIguel Ángel Mexicano Gómez
Expediente 859/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- MIguel Ángel Mexicano Gómez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, dictado en este juicio de amparo, por el que desechó la demanda de garantías con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción I, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, en virtud de que el treinta de junio del año en curso, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito en esta ciudad, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibidos los autos del juicio de amparo número 209/2016-VII y el testimonio de la ejecutoria de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión principal en materia laboral número 51/2016. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes; y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: ".PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida.- SEGUNDO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a.". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de treinta de junio de dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Mexicano Gómez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Río, San Luis Potosí, que estima violatorios de los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y fórmese el expediente de amparo como 859/2016-VI. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: El desequilibrio procesal dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 536/2015; La certificación del término de desahogo de pruebas; y El acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, en el que se determinó un término supletorio de desahogo de pruebas. En el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita y en la jurisprudencia 814, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Los numerales de la Ley de Amparo antes señalados, disponen, por su orden, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De una interpretación armónica de los numerales en comento, se concluye que el juicio de garantías en la vía indirecta será improcedente cuando se reclamen actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable. Así, debe decirse que el máximo Tribunal de la República ha determinado que se consideran actos procesales de ejecución irreparable, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernando que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Por el contrario, no son actos de ejecución irreparable cuando las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo indirecto al combatir la resolución definitiva que dé por concluido el procedimiento respectivo; es decir, que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. De los antecedentes del acto reclamado que relata el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende que en el juicio ordinario mercantil que promueve ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Precisado lo anterior, se reitera que de la interpretación en sentido contrario de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la propia codificación legal, se concluye que el juicio de garantías en la vía indirecta será improcedente cuando se reclamen actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales, y que no afecten directamente un derecho sustantivo del particular. Esto es, en tratándose de cuestiones meramente procesales, las violaciones alegadas pueden ser reparadas en la resolución que se dicte, es decir, en el supuesto de que ésta le sea favorable a los intereses de la parte quejosa quedará intacta su esfera de derechos, o bien, en caso negativo, reclamarse como una violación dentro de la secuela procesal al interponerse el amparo indirecto contra la resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. En este sentido, los actos reclamados consistentes en la certificación del término de desahogo de pruebas, así como el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, en el que se determinó un término supletorio de desahogo de pruebas, constituyen violaciones al procedimiento que no causan un perjuicio de ejecución irreparable ni violentan derechos sustantivos del quejoso, pues sus efectos son meramente procesales, en tanto no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. De conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes mencionado, el juicio de garantías bi-instancial será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio, y de existir, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en el caso, ya que si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses, esa violación desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica; en caso contrario, la misma es susceptible de impugnarse y ser reparada en el amparo directo que haga valer en contra de dicha resolución que ponga fin al juicio de origen. Más aún, porque la determinación reclamada constituye una violación procesal establecida en el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En efecto, la porción normativa en comento dispone que existe violación a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas de los quejosos, cuando en los procedimientos del orden civil se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Así, de acuerdo con el contenido del artículo 174 de la Ley de la Materia, dichas irregularidades sólo pueden combatirse a través del amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento correspondiente. Como puede apreciarse, el caso se encuentra comprendido en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, por cuanto a que la certificación que se asentó en el juicio de origen en relación al término de desahogo de pruebas, así como el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, en el que se determinó un término supletorio de desahogo de pruebas, constituyen violaciones procesales que, como se dijo, no son actos que afecten algún derecho sustantivo que corresponda al quejoso y que se encuentre protegido por las garantías individuales que otorga nuestra constitución política, ya que las posibles violaciones que en su caso pudieran ocasionarle, son meramente formales y pueden ser reparables si obtiene una sentencia definitiva favorable. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia I.7o.C. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del siguiente tenor: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." También cabe citar la jurisprudencia VI. 2o. J/49, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos." En cuanto al diverso acto reclamado, consistente en el desequilibrio procesal dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 536/2015, debe decirse que el quejoso, en su calidad de parte actora del juicio natural, tiene a su alcance los medios de impugnación que contempla el Código de Comercio, para controvertir las actuaciones que considere afectan sus intereses legales. De ahí que, a criterio del suscrito, lo aquí reclamado no constituye un acto de aquéllos contra los que pueda promoverse el juicio de amparo indirecto, pues no se trata de una resolución que sea de imposible reparación, por no afectar de manera cierta, inmediata e irreparable algún derecho sustantivo del quejoso, ya que se trata de violaciones procesales, mas no de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Así las cosas, y tomando en consideración que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Mexicano Gómez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Río, San Luis Potosí.
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