Miguel Ángel Meneses Valle

Expediente 297/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
297/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Meneses Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión relativo. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables foráneas carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a) y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales se advierte que atendiendo a las particularidades de los cuadernos de referencia, el expediente principal es destruible y el cuaderno original del incidente de suspensión es depurarle, asimismo, se establece que ambos carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a la destrucción del juicio principal en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dos de diciembre de dos mil veinticuatro. De igual manera, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el numeral 18 del citado acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión; lo que se estima acontecerá a partir del dos de diciembre de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día dos de junio de dos mil veintidós.

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Meneses Valle, en términos del considerando tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional.

  3. Principal

    mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, y estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo a las partes el plazo de ocho días, otorgado en proveído de veinte de octubre del año en curso, a efecto de que se impongan del contenido de las constancias remitidas por la responsable Director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veintisiete minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional de que se trata.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que que por auto de veintiséis de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio y anexos remitidos por la responsable Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (en su denominación correcta), en el que entre otras cosas manifestó que en la plantilla de dicha paraestatal no existen las autoridades responsables señaladas por el quejoso como Consejo Consultivo y Presidente del Consejo Consultivo del Agua, ambos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, sin que en el referido auto se le hubiere dado la vista correspondiente a la parte quejosa. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito, dese vista al impetrante del amparo, en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por inexistente a la autoridad en cita. Sin perjuicio de lo anterior, en lo subsecuente, omítase el envío de oficios a las mismas, ya que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra en trámite. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), con número de registro 2021029, Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 440, que señala lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Sin que sea el caso dar cuenta en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, dado a que dicho incidente ya fue resuelto por interlocutoria de siete de julio de dos mil veinte. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diecisiete minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional de que se trata.

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