Miguel Angel Meneses Pedroza
Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Meneses Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 841/2019-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena glosar a los autos el cuaderno provisional formado con motivo del informe justificado rendido en forma extemporánea por la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "1" hoy Ciudad de México, toda vez que el expediente principal se encontraba con audiencia celebrada, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 841/2019-VI-B, promovido por MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos del Servicio de Administración Tributaria. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 11 a 14). Seguida la secuela procesal, se tuvo a la parte quejosa en auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), ampliando la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad responsable Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, previo diferimiento realizado en acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso (foja 110), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos del Servicio de Administración Tributaria y del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, en acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado; sin soslayar, que las autoridades responsables lo negaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 19, 20 y 105) bajo el argumento de que se dio contestación al mismo el treinta y uno de julio pasado (fojas 97), fecha que como se analizará es posterior a la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, la parte quejosa exhibió copia simple del acuse de recibo del escrito que constituye el acto reclamado (fojas 6 y 7; constancia que amerita valor probatorio indiciario en términos de los artículos 205 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de treinta y uno de julio pasado (fojas 97), por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la autoridad responsable Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables en acordar el escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. En ese sentido, al rendir los informes justificados las aludidas autoridades negaron la existencia del acto reclamado ya que habían dado contestación al citado escrito, en el entendido de que la responsable de Morelos lo remitió a su homóloga de la Ciudad de México y esta última dio contestación el treinta y uno de julio pasado (fojas 97), para lo cual remitió copias certificadas del aludido acuerdo y de la notificación respectiva para acreditarlo. Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veinte de junio de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de treinta y uno de julio pasado (fojas 97), en el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por ende, se advierte que la junta responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar el citado ocurso; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el multicitado escrito. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía prevista en el artículo 8º Constitucional, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que la responsable ordenó la notificación por estrados del acuerdo en cita a las partes. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo pronunciado por el Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin soslayar, que la parte quejosa realizó manifestaciones en vía de alegatos, para sostener que no se actualiza la causal de improcedencia indicada, al sostener que no se dio cabal cumplimiento a la solicitud realizada; en la medida que el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la omisión de las autoridades responsables en dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, esto es una transgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional por lo que al haber proveído lo solicitado debe estimarse que se atendió el motivo de reclamo y por ello que no exista transgresión alguna a dicho dispositivo que estudiar; en el entendido que de no estar conforme con lo plasmado por las responsables en su respuesta, en cuanto al alcance que ésta pretendía, escapa de los elementos que configuran el derecho constitucional inicialmente reclamado, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en el medio que corresponda. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J.205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 605 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 841/2019-VI-B.Conste.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 841/2019-VI-B, promovido por MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos del Servicio de Administración Tributaria. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 11 a 14). Seguida la secuela procesal, se tuvo a la parte quejosa en auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), ampliando la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad responsable Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, previo diferimiento realizado en acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso (foja 110), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos del Servicio de Administración Tributaria y del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, en acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado; sin soslayar, que las autoridades responsables lo negaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 19, 20 y 105) bajo el argumento de que se dio contestación al mismo el treinta y uno de julio pasado (fojas 97), fecha que como se analizará es posterior a la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, la parte quejosa exhibió copia simple del acuse de recibo del escrito que constituye el acto reclamado (fojas 6 y 7; constancia que amerita valor probatorio indiciario en términos de los artículos 205 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de treinta y uno de julio pasado (fojas 97), por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la autoridad responsable Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables en acordar el escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. En ese sentido, al rendir los informes justificados las aludidas autoridades negaron la existencia del acto reclamado ya que habían dado contestación al citado escrito, en el entendido de que la responsable de Morelos lo remitió a su homóloga de la Ciudad de México y esta última dio contestación el treinta y uno de julio pasado (fojas 97), para lo cual remitió copias certificadas del aludido acuerdo y de la notificación respectiva para acreditarlo. Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veinte de junio de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de treinta y uno de julio pasado (fojas 97), en el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Por ende, se advierte que la junta responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar el citado ocurso; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el multicitado escrito. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía prevista en el artículo 8º Constitucional, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que la responsable ordenó la notificación por estrados del acuerdo en cita a las partes. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo pronunciado por el Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin soslayar, que la parte quejosa realizó manifestaciones en vía de alegatos, para sostener que no se actualiza la causal de improcedencia indicada, al sostener que no se dio cabal cumplimiento a la solicitud realizada; en la medida que el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la omisión de las autoridades responsables en dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, esto es una transgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional por lo que al haber proveído lo solicitado debe estimarse que se atendió el motivo de reclamo y por ello que no exista transgresión alguna a dicho dispositivo que estudiar; en el entendido que de no estar conforme con lo plasmado por las responsables en su respuesta, en cuanto al alcance que ésta pretendía, escapa de los elementos que configuran el derecho constitucional inicialmente reclamado, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en el medio que corresponda. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J.205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 605 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ANGEL MENESES PEDROZA, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 841/2019-VI-B.Conste.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre la vista ordenada mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. AEC
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