Miguel Angel Mendoza Mejia
Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Angel Mendoza Mejia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de catorce de octubre de dos mil veintidós, la cual en su punto resolutivo establece: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por propio derecho y en representación del infante de identidad reservada con iniciales A.J.M.G." "SEGUNDO. Por causa distinta a la señalada, se confirma el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo 699/2022-1. Confírmese la llegada del oficio. Hágase del conocimiento del promovente la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes y glósese el cuaderno de antecedentes. En tal virtud, queda firme el auto de diecinueve de mayo de dos ,mil veintidós, por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Reincorporación de Titular. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y en específico del contenido del oficio SEADS/476/2022 signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informa que en sesión ordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la reincorporación de Fredy Francisco Aguilar Pérez, como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se enviaron los anexos correspondientes para la tramitación del recurso de queja. Asimismo informa que el recurso interpuesto se admitió, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo 158/2022 de su índice, circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Federal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado César David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en aras de la pronta impartición de justicia remítase a la brevedad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el expediente original del juicio de amparo 699/2022-1, dejando un cuadernillo en su lugar. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado ***, por medio de la cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de once de mayo del año en curso; por lo que se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a esta Juzgadora a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que el acto que en esencia se reclama es la resolución emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca Civil y Familiar 430/2018-III, la cual confirma el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco El Grande, Hidalgo, en los autos del expediente 249/2013, en el que resolvió en lo que aquí interesa que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que ya se le había apercibido a su contraria en caso de inasistencia a la práctica del estudio sicológico del infante en compañía de su progenitora ante el Consejo de Familia para la práctica de estudios psicológicos, esto no obstante que ya había justificado su inasistencia. Por lo tanto, de lo que se advierte que el quejoso en realidad se duele de que el Juez de la causa no le impuso medidas más severas a la mama de la menor por no asistir al desahogo del estudio sicológico, ello aunque se hayan justificado debido a que la infante en compañía de su progenitora en esas fechas llevo a su hija al médico, refiriéndole la autoridad responsable que se realizó dicha determinación atendiendo al interés superior del menor de su derecho a la salud. Así, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es de precisarse, que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Luego, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso de manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones para que se practique examen psicológicas al menor, al tercero interesado y al quejoso, por lo que debido a la inasistencia a dicha práctica por parte de la tercero interesada y la menor, el quejoso solicitó se le imponga una medida más severa a la progenitora de ésta para su comparecencia, no obstante que se ha privilegiado el interés superior del menor a que tenga asistencia médica debido a que las faltas se han justificado por parte de la mama debido a que acudió al médico por cuestiones de salud de la de la menor, motivo por el cual se han ausentado a la práctica de los estudios en cita, sin que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca Civil y Familiar 430/2018-III, del índice de la Sala responsable, la cual confirma el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco El Grande, Hidalgo, en los autos del expediente 249/2013, acto del que se duele en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación para el quejoso, en virtud de que dicha determinación no le causa perjuicio de difícil reparación o que viole sus derechos sustantivos ya que estimar lo contrario si le causaría un perjuicio de imposible reparación al menor y con ello se vulneraría su interés superior porque si se admitiera este amparo se retardara el procedimiento de origen, esto es, se señalara nueva fecha para efecto de que se desahogue el estudio psicológico del menor, progenitora y quejoso como se encuentra ordenado en autos. Aunado a ello, se advierte que en el momento en que se encuentra el juicio de origen, una medida más severa provocaría una duplicidad de medida y un estado de incertidumbre en la actora (tercero interesada y menor), al no saber con claridad a que medidas ceñirse en caso de incumplimiento. En ese sentido, se advierte no se le causa un agravio personal y directo con la resolución combatida debido a que el aquí quejoso en el juicio de origen, puede solicitar de nueva cuenta fecha para la práctica de dicho estudio psicológico, sin que se le cuarte el derecho de petición para comparecer ante la responsable y manifestar lo que a su interés convenga y en caso de no darle entrada a su solicitud o contestarle lo pedido ya podrá promover amparo o el medio de impugnación que estime necesario y será hasta en ese momento que tal vez dependiendo si efectivamente tiene derechos litigiosos respecto de dicho juicio laboral, podrá tener una afectación. En apoyo a las consideraciones anteriores se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte que es del tenor siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis I.13o.A.3 K, visible en la página 1742 del tomo XIII, Marzo de 2001, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expone: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Luego, es inconcuso que no existe en autos algún elemento que revele que el acto destacado como reclamado afecte real y (en su esfera de derechos como particular) directamente los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, toda vez que no demuestra de manera objetiva que hasta este momento que el acto impugnado, le haya vulnerado su esfera jurídica (negritas énfasis añadido). Por lo tanto, si para la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, situación que en la especie no aconteció, ya que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca Civil y Familiar 430/2018-III, la cual confirma el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco El Grande, Hidalgo, en los autos del expediente 249/2013, en el que resolvió en lo que aquí interesa que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que ya se le había apercibido a su contraria en caso de inasistencia a la práctica del estudio sicológico de la infante en compañía de su progenitora, esto no obstante que ya había justificado su inasistencia, no es un acto que tenga una imposible reparación, en virtud de que dicha determinación no le causa perjuicio de difícil reparación o que viole sus derechos sustantivos, sino hasta que se afecte su esfera jurídica, esto es, cuando la progenitora no llegara asistir a los estudios psicológicos y en su caso no justificara sus inasistencias y el Juez de origen no actuara en consecuencia. De modo que, ante la ausencia de agravio personal y directo del justiciable, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca Civil y Familiar 430/2018-III, la cual confirma el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco El Grande, Hidalgo, en los autos del expediente 249/2013, en el que resolvió en lo que aquí interesa que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que ya se le había apercibido a su contraria en caso de inasistencia a la práctica del estudio sicológico de la menor y la propia tercero interesada, esto no obstante que ya había justificado su inasistencia, no constituye un acto que hasta la fecha afecte directa y materialmente un derecho sustantivo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, página 1086, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, es decir, la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca Civil y Familiar 430/2018-III, la cual confirma el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco El Grande, Hidalgo, en los autos del expediente 249/2013, en el que resolvió en lo que aquí interesa que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que ya se le había apercibido a su contraria en caso de inasistencia a la práctica del estudio sicológico de la menor y la propia tercero interesada, esto no obstante que ya había justificado su inasistencia, no le afecta y no le podría causar un perjuicio ni con lo resuelto ni a futuro, aunado a que las inasistencias de comparecer del infante en compañía de su progenitora ante el Consejo de Familia para la práctica de estudios psicológicos, se justificaron por haber acudido al médico por problemas de salud, aunado que puede solicitar nuevas fechas para que ello ocurra, privilegiando ante todo el interés superior del menor a que tenga asistencia médica cuando éste lo requiera ya que es de prioridad su salud contra el examen psicológico que refiere el quejoso. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Al respecto es aplicable en cuanto a su contenido, la tesis en materia civil, consultable a página dos mil trescientos cuarenta y nueve, Tomo XXXIII, Novena Época, febrero de dos mil once, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." También es importante trascribir la jurisprudencia 1a./J.30/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 401, Tomo 1, Décima Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." Por lo que se hace saber que de emitir resolución en contrario se causaría un perjuicio de imposible reparación al menor y con ello se vulneraría su interés superior porque si se admitiera este amparo se retardara el procedimiento de origen, esto es, se señalara nueva fecha para efecto de que se desahogue el estudio psicológico del menor, progenitora y quejoso como se encuentra ordenado en autos. Aunado a ello, se advierte que en el momento en que se encuentra el juicio de origen, una medida más severa provocaría una duplicidad de medida y un estado de incertidumbre en la actora (tercero interesada y menor), al no saber con claridad a que medidas ceñirse en caso de incumplimiento. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese y, personalmente al quejoso.
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