Miguel Ángel Mendoza Estrada
Expediente 52/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 08/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Mendoza Estrada y Otros.
- Miguel Ángel Mendoza Estrada
- LIC. DOLORES ESPINOZA MEDRANO y Otros.
- Lic. Dolores Espinoza Medrano
- Luis Alejandro Mendoza Samaniego
- Juez Segundo de lo Familiar, del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la licenciada Dolores Espinoza Medrano, apoderada del quejoso Miguel Ángel Mendoza Estrada; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, hágase la devolución de las documentales originales que anexó a la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, previa copia certificada que de las mismas se deje en autos, y entréguese, previa identificación en original y copia que de la misma exhiba, asentándose razón de su recibo para quede constancia en autos.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, en tanto que el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en la fracción IV y III, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues no obstante haberse concedido la protección constitucional a la parte quejosa, y en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental, sin perjuicio de conservar la demanda de amparo y sentencia respectiva. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del artículo Vigésimo del Acuerdo General invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que ya transcurrieron seis meses posteriores al dictado de la interlocutoria con que concluyó. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas respectivas de los expedientes mencionados y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO EL ACUERDO DE 25 DE ENERO DE 2017, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, con el cual remite copia certificada del auto veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1273/2015, del que derivan los actos reclamados, en el que atento a la ejecutoria de amparo, ordenó hacer del conocimiento de las autoridades a quienes solicitó el auxilio para lograr la comparecencia en esta ciudad, de los menores quejosos, que dichas encomiendas quedaron sin efectos; lo que acredita con las constancias de recepción que al efecto anexa a su comunicado. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a Dolores Espinoza Medrano, en su carácter de apoderada del quejoso Miguel Ángel Mendoza Estrada, y al licenciado José Luis Jimarez Cabrera, Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, representante especial de los menores Miguel Ángel y Luis Alejandro, ambos de apellidos Mendoza Samaniego, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; apercibidos que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 18 DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: De autos se advierte que el catorce de diciembre último, se tuvo por recibido el oficio 19291/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el cual remitió testimonio de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver en el cuaderno auxiliar 741/2016, formado con motivo del toca de amparo en revisión civil 323/2016, relativo a los recursos de revisión interpuestos por Dolores Espinoza Medrano, en su carácter de apoderada del quejoso Miguel Ángel Mendoza Estrada y por el licenciado José Luis Jimarez Cabrera, Asesor Jurídico Federal, en su carácter de representante especial de los menores Miguel Ángel y Luis Alejandro ambos de apellidos Mendoza Samaniego, contra la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la cual la superioridad revocó la resolución recurrida y concedió la tutela constitucional a Miguel Ángel Mendoza Estrada por sí y en representación de los menores Miguel Ángel y Luis Alejandro, ambos de apellidos Mendoza Samaniego, contra el acto reclamado al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta localidad fronteriza; proveído en el que, atento a los lineamiento de la ejecutoria de amparo, se ordenó requerir cumplimiento a la autoridad responsable y la notificación del mismo a las partes. Ahora bien, en la ejecutoria de la Alzada, se concedió el amparo para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistentes el acto reclamado, de cuatro de enero de dos mil dieciséis, y en su lugar, declarara improcedente la petición de la demandada (aquí tercera interesada), en el sentido de que se ordene la permanencia de los menores Miguel Ángel y Luis Alejandro, de apellidos Mendoza Samaniego, en Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitado por escrito de cuatro de enero del año en curso. Asimismo, para que dejara sin efecto el acuerdo de veintiséis de febrero último, mediante el cual se dio respuesta a la promoción de veinticinco de ese mismo mes, presentada por la demandada (aquí tercera interesada), a fin de solicitar que en cumplimiento al acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis, requiriera al actor a fin de que presentara a los menores ante la presencia judicial; lo cual, acordó de conformidad ordenando al quejoso que justificara en un término de tres días que aquéllos se encontraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que en caso de no hacerlo, se tomarían medidas más drásticas. En vía de consecuencia, se ordenó igualmente dejar insubsistente el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se proveyó con respecto a la promoción del actor (aquí quejoso), en el sentido de dejar sin efectos el proveído de veintiséis de febrero último en el párrafo anterior, ordenando que, por el contrario, deberían girarse oficios a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; Procuraduría General de Justicia de la República y Secretaría de Relaciones Exteriores, para que procedieran a la recuperación de los menores por estar sujetos a la jurisdicción de ese tribunal. SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 18 DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: A efecto de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable informó que por auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el acuerdo del ocho de marzo de dos mil dieciséis, y todos aquellos proveídos en que ese tribunal ordenó la permanencia de los menores Miguel Ángel y Luis Alejandro, ambos de apellidos Mendoza Samaniego, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, a fin de acreditar lo anterior, únicamente remitió copia certificada del proveído en el que se pronunció al respecto, sin que del mismo se advierta que se haya hecho pronunciamiento expreso respecto de los proveídos cuatro de enero y veintiséis de febrero, ambos de dos mil dieciséis, mismos que en atención a lo ordenado por la Alzada, deben quedar insubsistentes; así como las constancias con las que, en su caso, acredite haber girado los oficios correspondientes a las autoridades a las que primigeniamente solicitó el auxilio para lograr la comparecencia de los aludidos menores, en los que les comunique que dichas encomiendas deben quedar sin efectos, por los razonamientos expresados en la ejecutoria cuyo cumplimiento se busca. Por tal motivo, requiérase, nuevamente al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe a este órgano de control de la constitucionalidad el cumplimiento cabal al fallo protector, en los términos precisados en la ejecutoria de que se trata, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado o no informar el impedimento legal que le asista para ello, se le impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor unitario es equivalente al salario mínimo vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo previsto en el artículo 258, en relación con el diverso artículo 238, ambos de la ley de la materia, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. No pasa inadvertido que el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte la obligación de requerir el cumplimiento de la sentencia tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, a fin de que obligue a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándole los mismos apercibimientos que al inferior, entendido superior jerárquico, según lo preceptuado por el artículo 194 de la ley de la materia, como aquél que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre la responsable poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien, para cumplir esta última por sí misma; sin embargo, en lo que respecta al cumplimiento encomendado al órgano jurisdiccional aludido, para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad es plenamente autónoma y en sus decisiones no puede haber injerencia de otra autoridad; es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad.
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