Miguel Angel Mendoza Cruz
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Angel Mendoza Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha resolución; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. En términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción I, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca, en su carácter de autoridad responsable, el disco en formato DVD, probanza que exhibió en el presente juicio, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó estado la resolución que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y ordenó el archivo del expediente principal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, y toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del artículo 17 fracción lll, inciso b) el cuaderno incidental original es conservable, atendiendo a que se negó por una parte y concedió por otra la suspensión definitiva solicitada, por tanto el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, informa que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en auxilio del Juzgado de Control de la Mixteca con sede en Tlaxiaco, dentro de la causa penal 152/2023, dictó auto de vinculación a proceso en contra de MIGUEL ÁNGEL MENDOZA CRUZ, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, por lo que se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada de manera definitiva. De lo que se toma nota para los fines legales consiguientes. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo informado por el Juez de Control oficiante, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo cuando existe un CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El citado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" [.] En ese tenor, el presupuesto procesal en comento, establece que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En tesitura, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, instituyó en su tesis aislada número 2a. CXI/96, que para que opere el cambio de situación jurídica como causa de improcedencia del juicio de amparo, deben coexistir las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo la Tesis: 2a. CXI/96 localizada en Novena Época, Registro digital: 199808, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Diciembre de 1996, página doscientos diecinueve visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Expuesto lo anterior, cabe resaltar que la parte quejosa en este juicio de amparo reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, la orden de aprehensión y de diversas autoridades ejecutoras su ejecución material. Al rendir su informe justificado, el 1) Juez de Control del Circuito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que el once de mayo del dos mil veintitrés, en la causa penal número 152/2023, de su índice, libró orden de aprehensión en contra MIGUEL ANGEL MENDOZA CRUZ y otros, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de Abdón Cruz López, Odilón Cruz Ortiz, y Juan Mendoza López, previsto por el numeral 285, 286, 301 fracción IV, en relación con los numerales 8 fracción I, 11 fracción Il y sancionado por el 291, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. Por su parte, al rendir sus informes justificados el 2) Comandante del Grupo de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la 3) Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la 4) Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la 5) Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, 6) Fiscalía General de la Republica, Delegación Oaxaca, 7) Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social, y la 8) Fiscalía Local del Distrito de Tlaxiaco, negaron los actos que se les reclamaron; sin embargo, tomando en consideración que la autoridad judicial ordenadora, aceptó la existencia de la orden privativa de libertad, dicha negativa se desvirtúa y con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto de ejecución que se les atribuye. Asimismo, el 9) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, no rindió su informe justificado a pesar de haber quedado legalmente notificado de dicha petición; por lo que en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Sin embargo, de lo expuesto en líneas que anteceden, se advierte que ha cambiado la situación jurídica del quejoso MIGUEL ANGEL MENDOZA CRUZ, respecto de la orden de aprehensión reclamada, pues fue procesalmente sustituida por un nuevo acto, que es el auto de vinculación a proceso de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en auxilio del Juzgado de Control de la Mixteca con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, dentro de la causa penal 152/2023. En consecuencia, dicha sustitución actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por las razones expuestas en párrafos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 Registro digital: 169410, Tomo XXVII, Junio de 2008, página doscientos sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Así también la diversa jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Registro digital: 2017544, libro 57, tomo III, agosto dos mil dieciocho página dos mil cuatrocientos ochenta y dos, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con un minuto del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual se devuelve los autos originales del juicio de amparo ******************** y su cuaderno incidental, así como un disco compacto en formato DVD. Acúsese el recibo correspondiente. Se tienen por recibidos los autos anteriormente citados y este juzgado continuara con el conocimiento de este juicio de amparo. Por otra parte agréguese a los autos el oficio PJEO/CJ/TAT/8242/2023-J, mediante el cual el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, informa que con fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se formularía imputación inicial en contra de ********************; asimismo, que se señalaron las doce horas del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de ampliación de término constitucional. De lo que se toma nota para los efectos legales consiguientes. En ese contexto requiérase el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para que una vez que se haya resuelto la situación jurídica del imputado ********************, lo informe de inmediato a este juzgado. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, a la omisa se le impondrá como medio de apremio una MULTA CINCUENTA unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a $5,187 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos), que constituye la Unidad de medida referida. Finalmente, se señalan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional NOTIFÍQUESE.
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