Miguel Ángel Mendoza Cruz
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México
- Miguel Ángel Mendoza Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual solicita le sean remitidos los tomos de pruebas formados en apoyo al informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que mediante misiva 21942/2023 le fueron remitidos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del once de septiembre del año en curso, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de pruebas, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 953/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el doce de diciembre siguiente, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en ********************, Estado de México y otra autoridad. II. Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 953/2023-V; se admitió a trámite y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La orden de lanzamiento de la accesoria ubicada en el inmueble del Lote ********************, de la Manzana ********************, de la Calle ********************, ********************, en el Municipio de ********************, Estado de México, dictada por el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en ********************, Estado de México, en el expediente 68/2023, y su ejecución, lo anterior, en virtud de que alega que no fue emplazado a juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en ********************, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las actuaciones que adjuntó la juzgadora responsable en copia certificada, relativas al expediente ********************(relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio en dos tomos), cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudios de la causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya la anterior consideración la tesis 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI - Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia: 1ª. /J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 13, Tomo: IX - Enero de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, este juzgador federal advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El precepto legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.." Al respecto cabe decirse que los tribunales de la Federación han estimado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia visible en el Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, cuyo rubro y contenido son: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, en la jurisprudencia 854, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: "INTERÉS JURIDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; en ese sentido, si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del impetrante de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en la accesoria del Lote ********************, de la Manzana ********************, de la Calle ********************, ********************, en el Municipio de ********************, Estado de México, dictado por el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en ********************, Estado de México, en el expediente 68/2021, (relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio) y su ejecución, lo anterior, en virtud de que alega que no fue emplazado a juicio. Al respecto, la doctrina y jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del juicio amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". De lo anterior se advierte que el hoy quejoso sí es persona extraña al juicio de origen del que deriva el acto reclamado, pues no ha figurado como parte en el juicio ordinario civil reivindicatorio con número de expediente ********************(relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio), del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con Residencia en ********************, Estado de México. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de garantías es que se acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Esto es, dicho en otros términos, la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. En este orden de ideas, resulta inconcuso que la parte quejosa necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la causa generadora de la posesión que dice ostentar el quejoso en relación con el bien inmueble materia de la litis, se sustenta en el contrato de arrendamiento de quince de abril de dos mil veintiuno, celebrado entre ********************, en su carácter de arrendadora, y el quejoso, en su carácter de arrendatario, relativo a la accesoria ubicada en el inmueble del Lote ********************, de la Manzana ********************, de la Calle ********************, ********************, en el Municipio de ********************, Estado de México. En ese contexto, el documento en el que se funde el derecho a poseer debe ser de fecha cierta, porque sólo de ese modo el juzgador tiene la certeza de que el documento de que se trate no es utilizado con fines contrarios a derecho y que existe seguridad jurídica acerca de su origen. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpora o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se actualiza alguno de estos supuestos el documento privado que incumpla con esos requisitos no merece ningún valor probatorio en relación con terceros. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 1a./J. 46/99, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." [registro digital 192662) En ese orden, es evidente que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos para que el contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso sea considerado como documento de fecha cierta; por ende, no es insuficiente para demostrar el interés jurídico del demandante del amparo. En efecto, el contrato acompañado a la demanda de amparo tiene el carácter de documental privada, de conformidad con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según dispone el artículo 2°, de la Ley de Amparo, el cual, por su especial naturaleza, carece de fecha cierta, ya que no consta su registro ante autoridad pública o que se haya ratificado ante fedatario público, pues si bien, no se requieren dichos requisitos para la validez del acto jurídico, son necesarios para que tengan autenticidad y eficacia contra terceros, como en el caso, son las partes en el juicio natural; tampoco se adujo ni se comprobó la muerte de alguno de los que intervinieron en ese acto jurídico; por tanto, dicho contrato, que resulta de fecha incierta, es jurídicamente insuficiente para acreditar que el quejoso se propietario o poseedor legitimo en tal carácter del inmueble materia de la litis en el presente juicio de amparo, y con ello acreditar fehacientemente su interés jurídico. En ese contexto, se concluye que el documento exhibido en el juicio de amparo es legalmente insuficiente para demostrar que la posesión que la parte quejosa alega tener respecto del inmueble ya descrito tiene un sustento legal objetivo y razonable; por consiguiente, como ya se dijo, no acredita su interés jurídico. Además, cabe mencionar que el referido contrato sólo probaría, en su caso, el supuesto derecho de la quejosa a poseer el inmueble a que alude el contrato, pero no la posesión en sí misma; por lo tanto, el quejoso debió adminicular esa probanza con otros elementos eficaces de convicción; de tal manera que si no lo hizo, el documento por sí solo no hace prueba plena de la posesión que afirma detentar sobre el bien inmueble objeto del contrato. De ese modo, cabe decir que la posesión que aduce tener el quejoso respecto del inmueble citado es una detentación simple y no la posesión protegida por el derecho, que como se indicó, para que sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por lo anterior, el suscrito estima que el quejoso, quien se ostenta como tercero extraño al juicio de donde emanan el acto reclamado, no demostró contar con un derecho legítimamente tutelado por la ley respecto del bien inmueble en cuestión, pues el documento en el que sustenta la posesión carece de fecha cierta, razón por la cual no puede surtir efecto frente a terceros; máxime, que no ofreció en este juicio, otro medio de prueba idóneo encaminado a demostrar que tiene un título sustentado en la ley, que objetiva y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien materia de litis. Por ende, es inconcuso que el peticionario del amparo no demostró su interés jurídico, el cual, debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Resulta aplicable la jurisprudencia número 293, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Superior de Justicia del País, publicada en la página 242, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO. AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, de la Novena Época, con rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario de amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, razón por la cual procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 288, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y contenido son: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985) De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para estudiar los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo demás en los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por derecho propio, por las razones precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso ******************, solicitando se difiera la audiencia constitucional señalada en autos; por tanto, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en auto de veinticuatro de agosto pasado, en el que se proveyó lo conducente, respecto al diferimiento de la audiencia de ley. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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