Miguel Angel Medina Cisneros

Expediente 18/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
18/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Miguel Angel Medina Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Colima, Colima veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se concedió el amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los 0.puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. e) Devuélvase a su lugar de origen el cuaderno de pruebas remitido en apoyo al informe justificado. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. gis

  2. Incidental

    Colima, Colima, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que, por una parte, fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario (a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe. Gis

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de treinta de marzo de dos mil quince, la cual fue confirmada por resolución pronunciada en la sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis en la revisión principal 204/2015, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Colima, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el oficio reclamado 500-20-00-06-02-2014-5199, de doce de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual solicitó al justiciable diversa información, y documentación y con libertad de jurisdicción, si así lo estimaba, emitiera otra determinación, pero sin tomar en cuenta los hechos que consideró al expedir el oficio 500-20-00-03-01-2010-2011, de veintitrés de marzo de dos mil diez, a través del cual determinó al ahora quejoso un crédito fiscal por la suma de $1,929.158.15 (un millón novecientos veintinueve mil ciento cincuenta y ocho pesos 15/100 moneda nacional), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualizaciones y multas, así como un reparto adicional de utilidades por la cantidad de $188, 613.72 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos trece pesos 72/100 moneda nacional), el cual fue declarado nulo por la sala fiscal, y de ser el caso, pronunciara dicho acto debidamente fundado y motivado, para cumplir con el derecho fundamental previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El siete de octubre de dos mil dieciséis se recibió el testimonio de la resolución pronunciada en la revisión principal 204/2015 y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido el trece de octubre de dos mil dieciséis, el Administrador Desconcentrado Jurídico de Colima "1", remitió copia certificada del expediente administrativo del quejoso Miguel Ángel Medina Cisneros, de cuyo contenido se advierte que el once de octubre del año en curso, dejó sin efectos el oficio de requerimiento de solicitud de información y documentación, contenida en el oficio 500-20-00-06-02-2014-5199 de doce de diciembre de dos mil catorce; y en consecuencia todas las actuaciones que se hubieren practicado a su amparo. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos el oficio de requerimiento de solicitud de información y documentación dirigido al quejoso, y como consecuencia todas las actuaciones practicadas, con el fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, actuación que se ciñó a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar insubsistente el oficio de requerimiento de solicitud de información y documentación, así como las consecuencias derivadas de dicho acto, subsanó todas y cada una de las violaciones que se precisaron en la sentencia dictada; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Colima, Colima, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Administrador Desconcentrado Jurídico de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, a fin de seguir el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 196, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución en la que se declare si está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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