Miguel Ángel Martínez Silva

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Martínez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a doce de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de catorce de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a catorce de julio de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 42, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remite. Resulta aplicable la tesis XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página un mil ochenta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La reserva en forma indefinida y el derecho a emitir resolución definitiva dentro de los autos del expediente laboral 758/2019. Así como también, la negativa a permitir tanto al suscrito, como a mis apoderados jurídicos, el acceso material al expediente." Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este recinto judicial por la autoridad judicial responsable, como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 758/2019, promovido por Miguel Ángel Martínez Silva, en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social y de Afore Azteca, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de veinticuatro de mayo del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente al juicio laboral antes mencionado, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que las omisiones que constituyen los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictó el laudo correspondiente al juicio laboral 758/2019, de su índice. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTREESADO INSTITUTO DEL FONDO NAIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE:Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 42, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remite. Resulta aplicable la tesis XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página un mil ochenta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La reserva en forma indefinida y el derecho a emitir resolución definitiva dentro de los autos del expediente laboral 758/2019. Así como también, la negativa a permitir tanto al suscrito, como a mis apoderados jurídicos, el acceso material al expediente." Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este recinto judicial por la autoridad judicial responsable, como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 758/2019, promovido por Miguel Ángel Martínez Silva, en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social y de Afore Azteca, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de veinticuatro de mayo del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente al juicio laboral antes mencionado, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que las omisiones que constituyen los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictó el laudo correspondiente al juicio laboral 758/2019, de su índice. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en el que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque la autoridad responsable no ha rendido su informe justificado, pese a encontrar debidamente notificada del oficio por medio del cual se le solicitó, además de que no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veintisiete de mayo del año que transcurre, por medio del cual se le solicitó remitiera las constancias relativas al juicio de origen. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero, 117 de la Ley de Amparo y 297 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias del juicio de origen. Apercibimiento. Se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de ser omisa, le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Diferimiento. A fin de dar margen a que acontezca lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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