Miguel Ángel Martínez Rayón

Expediente 823/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
823/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Martínez Rayón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de marzo del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el cual no fue recurrido dentro del plazo concedido a que se refiere el artículo en mención; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; para los efectos legales a que haya lugar. Plazo legal Auto Forma en que se realizó la notificación Fecha en que se notifica Fecha en que surte sus efectos Inicio de cómputo Conclusión del cómputo 22 de marzo de 2021 Lista 23 de marzo de 2021 24 de marzo 2021 25 de marzo 2021 05 de abril de 2021 Archívese el presente asunto como concluido; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Martínez Rayón, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial IZP-5 en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 823/2020-III, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane la irregularidad contenida en su escrito de demanda; esto es: 1. En el apartado del acto reclamado el quejoso refiere que reclama las acciones del Ministerio Público tendentes a la búsqueda, localización y correspondiente puesta del vehículo automotor de la marca NISSAN, sub marca TIIDA HB EMOTION 1.8L, 125HP L4 STD 5P CA, modelo 2009, con número de serie 3N1BC13G59L430589, motor MR18355810H. Así las cosas, requiérase al promovente para que bajo protesta de decir verdad, manifieste en qué demarcación territorial se ha tratado de ejecutar la búsqueda, localización y correspondiente puesta del vehículo automotor que aquí defiende. Lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Es aplicable a lo antepuesto, en la parte relativa, la tesis I.4o.C. 26 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO». Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». En virtud de que la parte quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Con independencia de lo anterior y dada la naturaleza del presente auto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, por única vez, se ordena la notificación personal de la presente determinación. Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Carlos Millán Pérez por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en la última parte del mismo ordenamiento a la diversa persona que nombra. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor.

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