Miguel Ángel Martínez Mauro

Expediente 968/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
968/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Martínez Mauro
  • Abad Migueles Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de enero de dos mil veintidós. SE REMITE VERSIÓN PÚBLICA DE SENTENCIA. Agréguese el oficio signado por el Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual, en atención a la solicitud de información 330030422000493, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicita la versión pública de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, remítase la versión pública de la constancia solicitada al correo electrónico oficial dtsai@correo.cjf.gob.mx, de acuerdo con los puntos que a continuación se enlistan: 1. Existencia de la información: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 9 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este juzgado se encuentra facultado para expedir la información solicitada por la autoridad oficiante; además, se hace de su conocimiento que el juicio de amparo 968/2020-I se encuentra en el archivo como asunto concluido. 2. Información en posesión de los Centros Archivísticos Judiciales, Centro de Manejo Documental y Digitalización en Apizaco, Tlaxcala, o las Casas de la Cultura Jurídica, a raíz de la transferencia de los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal: no aplica. 3. Precisar si la totalidad de la información solicitada, actualiza los supuestos de información 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 2 reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o si resulta procedente su entrega a través de una versión pública: con fundamento en el aludido arábigo 113, fracción I, el presente asunto se considera de índole confidencial, no obstante, a través de una versión pública se pueden remitir la constancia solicitada. 4. Plazo de reserva: no aplica. 5. Modalidad de entrega: se envían las constancias solicitadas vía correo electrónico institucional a la dirección dtsai@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que la servidora pública que fungirá como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de su solicitud, es la secretaria adscrita a este juzgado federal Lucía Flores Miranda, con número de teléfono 771-71-706-60, extensiones 2038 y 2043. Finalmente, se solicita a la autoridad oficiante el acuse de recibo correspondiente...I

  2. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de octubre de dos mil veintiuno. SOLICITA SE DICTE CUMPLIMIENTO. Agréguese el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Martínez Mauro, por medio del cual solicita se emita el auto en el que se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno en el que se tuvo por cumplido el fallo protector. ARCHIVO. Devuélvase al archivo el expediente en que se actúa.-. M-I

  3. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede hacer análisis correspondiente. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Martínez Mauro, debido a que se consideró que el juez responsable al emitir el acto reclamado vulneró el principio de congruencia externa. Los efectos de la concesión consistieron en que, el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dejara insubsistente el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte; y dictara otro cumpliendo con el requisito de congruencia externa, atendiendo a los razonamientos emitidos en el fallo protector. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de ejecución 69/2015, en los que dejó insubsistente el diverso de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Asimismo, respecto de la solicitud del quejoso Miguel Ángel Martínez Mauro de obtener el beneficio de la libertad condicionada, la desechó. El juez responsable consideró que el beneficio señalado se encuentra regulado en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en el escrito de solicitud el sentenciado no menciona los requisitos señalados en dicha ley, los que deberán estar sustentados con medios de prueba. De igual forma, el juez responsable indicó que para que el enjuiciado pueda acceder al beneficio solicitado, en el planteamiento de su escrito de solicitud debe atender a las formalidades del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que la formulación de controversias debe contener los medios de prueba, sin que en el caso el sentenciado lo haya hecho. Por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se determinó que no estaba cumplida la ejecutoria debido a que no estaba debidamente fundado y motivado, el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de ejecución 69/2015; pues, en forma genérica el juez indicó que no se cumplen los requisitos contenidos en esos numerales, sin especificar claramente cuáles son esos requisitos que no están satisfechos y por qué ante esa circunstancia, procede desechar de plano la petición formulada, por lo que, en auto de dos de junio del año en curso, se determinó que la autoridad responsable no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria, y se le requirió nuevamente el acatamiento de esta. A fin de cumplir lo anterior, el juez responsable emitió el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, en el expediente de ejecución 69/2015, mismo en el que reiteró el desechamiento respecto de la solicitud del quejoso Miguel Ángel Martínez Mauro de obtener el beneficio de la libertad condicionada, argumentando que para que el enjuiciado pueda acceder al beneficio solicitado, en el planteamiento de su escrito de solicitud debe atender a las formalidades del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la formulación de controversias debe contener los medios de prueba con los que el sentenciado pretenda sustentar la misma, circunstancia que en el caso no aconteció. Además, añadió que atendiendo al numeral 126 de la ley nacional de ejecución, específicamente en su fracción IV, refiere que las partes discutirán la admisión de los medios de prueba (mismos que tienen que ser ofertados previamente por el promovente para su desahogo), y que dentro de la misma audiencia deberán ser admitidos para que sean desahogados conforme al código. Entonces, si al momento de que se planteó la controversia no fueron ofrecidos los medios de prueba, no se estaría cumpliendo con la refería fracción y no habría pruebas que admitir y desahogar en la referida audiencia; en consecuencia, no habría modo de acreditar que el sentenciado es candidato al beneficio solicitado. Por ello, insiste en que resulta necesario que el solicitante en su escrito invoque y ofrezca medios de prueba que acredite cada una de las fracciones que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Así, el juez responsable dejó a salvo sus derechos para que una vez que cuente con la información antes referida promueva lo que estime pertinente respecto a dicho beneficio. Finalmente, reiteró que en cuanto a la petición del aquí quejoso de que recabara el plan de actividades y la constancia de buena conducta, ordenó girar oficio al Director de Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, a efecto de que informe al enjuiciado las actividades disponibles en el centro de reinserción social a su cargo y de manera participativa con el sentenciado diseñara un plan de actividades, y remita constancia de conducta relativa al aquí quejoso. Procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones efectuadas por la parte accionante, pues van encaminadas a controvertir el sentido de la determinación emitida por el juez responsable. Por lo que, no ha lugar a realizar el análisis propuesto, debido a que el fondo de tal respuesta no fue materia del fallo protector, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable emitiera una respuesta fundada y motivada, y para tal efecto se le otorgó libertad en el ejercicio de sus atribuciones, es decir, no se le constriñó a que la contestación fuera favorable a las pretensiones de la solicitante del amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIA. Devuélvanse al Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, las copias auténticas del expediente de ejecución 69/2015; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, ya que basta con la constancia que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado qu,e el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable..-. M-I

  4. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de CINCO de OCTUBRE de 2021, en el/la que se determinó:......Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede hacer análisis correspondiente. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Martínez Mauro, debido a que se consideró que el juez responsable al emitir el acto reclamado vulneró el principio de congruencia externa. Los efectos de la concesión consistieron en que, el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dejara insubsistente el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte; y dictara otro cumpliendo con el requisito de congruencia externa, atendiendo a los razonamientos emitidos en el fallo protector. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de ejecución 69/2015, en los que dejó insubsistente el diverso de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Asimismo, respecto de la solicitud del quejoso Miguel Ángel Martínez Mauro de obtener el beneficio de la libertad condicionada, la desechó. El juez responsable consideró que el beneficio señalado se encuentra regulado en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en el escrito de solicitud el sentenciado no menciona los requisitos señalados en dicha ley, los que deberán estar sustentados con medios de prueba. De igual forma, el juez responsable indicó que para que el enjuiciado pueda acceder al beneficio solicitado, en el planteamiento de su escrito de solicitud debe atender a las formalidades del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que la formulación de controversias debe contener los medios de prueba, sin que en el caso el sentenciado lo haya hecho. Por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se determinó que no estaba cumplida la ejecutoria debido a que no estaba debidamente fundado y motivado, el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de ejecución 69/2015; pues, en forma genérica el juez indicó que no se cumplen los requisitos contenidos en esos numerales, sin especificar claramente cuáles son esos requisitos que no están satisfechos y por qué ante esa circunstancia, procede desechar de plano la petición formulada, por lo que, en auto de dos de junio del año en curso, se determinó que la autoridad responsable no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria, y se le requirió nuevamente el acatamiento de esta. A fin de cumplir lo anterior, el juez responsable emitió el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, en el expediente de ejecución 69/2015, mismo en el que reiteró el desechamiento respecto de la solicitud del quejoso Miguel Ángel Martínez Mauro de obtener el beneficio de la libertad condicionada, argumentando que para que el enjuiciado pueda acceder al beneficio solicitado, en el planteamiento de su escrito de solicitud debe atender a las formalidades del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la formulación de controversias debe contener los medios de prueba con los que el sentenciado pretenda sustentar la misma, circunstancia que en el caso no aconteció. Además, añadió que atendiendo al numeral 126 de la ley nacional de ejecución, específicamente en su fracción IV, refiere que las partes discutirán la admisión de los medios de prueba (mismos que tienen que ser ofertados previamente por el promovente para su desahogo), y que dentro de la misma audiencia deberán ser admitidos para que sean desahogados conforme al código. Entonces, si al momento de que se planteó la controversia no fueron ofrecidos los medios de prueba, no se estaría cumpliendo con la refería fracción y no habría pruebas que admitir y desahogar en la referida audiencia; en consecuencia, no habría modo de acreditar que el sentenciado es candidato al beneficio solicitado. Por ello, insiste en que resulta necesario que el solicitante en su escrito invoque y ofrezca medios de prueba que acredite cada una de las fracciones que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Así, el juez responsable dejó a salvo sus derechos para que una vez que cuente con la información antes referida promueva lo que estime pertinente respecto a dicho beneficio. Finalmente, reiteró que en cuanto a la petición del aquí quejoso de que recabara el plan de actividades y la constancia de buena conducta, ordenó girar oficio al Director de Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, a efecto de que informe al enjuiciado las actividades disponibles en el centro de reinserción social a su cargo y de manera participativa con el sentenciado diseñara un plan de actividades, y remita constancia de conducta relativa al aquí quejoso. Procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones efectuadas por la parte accionante, pues van encaminadas a controvertir el sentido de la determinación emitida por el juez responsable. Por lo que, no ha lugar a realizar el análisis propuesto, debido a que el fondo de tal respuesta no fue materia del fallo protector, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable emitiera una respuesta fundada y motivada, y para tal efecto se le otorgó libertad en el ejercicio de sus atribuciones, es decir, no se le constriñó a que la contestación fuera favorable a las pretensiones de la solicitante del amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIA. Devuélvanse al Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, las copias auténticas del expediente de ejecución 69/2015; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, ya que basta con la constancia que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado qu,e el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable...I

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