Miguel Angel Martínez Gomez
Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2022
Partes del expediente
- Miguel Angel Martínez Gomez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintidós. Firmeza procesal. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así como con el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Toluca, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de en su oportunidad ser destruido, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. En el entendido que no existen documentos originales. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, concluido dicho plazo dentro de los treinta días siguientes se procederá a su destrucción. ...
- Principal
.... Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Toluca; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 366/2022-V. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". De la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que el Tribunal responsable se declara incompetente y declina el conocimiento del expediente *** de su índice estadístico al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Por otra parte, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. A fin de dilucidar lo anterior, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto (vía excepción), solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado y en la que podrá impugnar las violaciones intraprocesales que crea le causan un perjuicio. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra, o, en su caso cuando se decida a quién le corresponde el conflicto competencial, y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline, inhiba la competencia o se resuelva el conflicto competencial que determine a quien le corresponde conocer del asunto, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes, momento en el cual podrá hacer valer las violaciones procesales que considere le hayan causado un perjuicio. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Sirve de apoyo la jurisprudencia IX.2o. J/9, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1190, de la Novena Época, con número de registro 179888, del rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Así como en la tesis XII.2o.2 L (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1507, con número de registro 2006296, del rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE REQUIERE QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SEA DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA. La extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a. 16, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 333, de rubro: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.", determinó que la declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y remite los autos a la autoridad que estima competente, todavía requiere que esta última acepte la competencia para que el justiciable pueda acudir al juicio de amparo, en virtud de que, mientras esto último no acontezca, no se tiene certeza de que la competencia declinada sea aceptada o no por la segunda autoridad. Así las cosas, el Juez de Distrito, al momento de aplicar el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir de 3 de abril de 2013, el cual dispone que el amparo indirecto procede contra la resolución que determine declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, deberá atender que esa determinación debe ser definitiva en los términos señalados. Lo anterior es así, porque la sola existencia del auto del órgano declinante que se declara incompetente no tiene el carácter de definitivo, ya que por su naturaleza sólo constituye un acto cuyo objetivo o propósito es remitir los autos que conforman el juicio natural a la autoridad que se considera competente, pendiente de aceptarse; de ahí que hasta que se acepta la competencia por la autoridad declinada, se puede acudir al juicio de amparo indirecto." En el caso, la parte quejosa reclama como acto central el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que el Tribunal responsable se declara V 11 incompetente y declina el conocimiento del expediente *** de su índice estadístico al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. De lo expuesto se obtiene que tal resolución no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, sino en todo caso, un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, dado que no afecta derecho sustantivo alguno; por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada y en ese momento impugnar dicha determinación haciendo valer las violaciones intraprocesales que crea le causan un perjuicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***; contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Toluca, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir el señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas señaladas en el proemio de la demanda, ello, dada la materia laboral en este asunto, y que la parte quejosa es la trabajadora. CORREO ELECTRÓNICO. En relación al correo electrónico proporcionado, en términos del Acuerdo General 13/2020 señalado, únicamente tómese nota de dicho dato, y se comisiona al Actuario y Secretario de la adscripción a efecto de que puedan hacer su uso para comunicaciones no oficiales, sin que se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones, pues la Ley de Amparo ni el citado Acuerdo lo establece. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese la presente determinación por medio de lista que se realiza mediante la publicación en Internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.
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