Miguel Ángel Martínez Estrada
Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Miguel Ángel Martínez Estrada
Actuaciones
- Principal
MESA III. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Martínez Estrada, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA III. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio por el cual la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en cumplimiento al auto de once de junio del dos mil dieciocho, remite copia certificada de las listas de notificación de catorce de junio del año en curso, por tanto agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, acúsese el recibo de estilo al oficiante, y téngase por notificado al quejoso de la determinación de treinta de mayo del año en curso, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
MESA III. RECEPCIÓN DE OFICIO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y sus anexos, consistentes en: a) Expediente de amparo directo 100/2018, mismo que contiene, la papeleta, escrito original de demanda, b) Carpeta Administrativa 1857/2017, c) Un disco versátil digital, d) Una constancia de emplazamiento a las partes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. NOS AVOCAMOS AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Luego, toda vez que el Tribunal Federal oficiante en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 107 de la Ley de la materia, este Juzgado de Distrito se avoca a su conocimiento. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 794/2018-III. SE FORMA ANEXO. Por otra parte, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remitió el tribunal responsable, como complemento a su informe con justificación, fórmese el anexo correspondiente para su mejor manejo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, los actos que la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo son: 1. El auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil diecisiete emitido en la carpeta administrativa 1857/2017. 2. El auto de veintitrés de abril de dieciocho en la cual no se acordó favorable la suspensión de la audiencia intermedia. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en: El auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil diecisiete emitido en la carpeta administrativa 1857/2017 Este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 2. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para presentar la demanda, pues el quejoso tuvo conocimiento del referido acto el quince de noviembre de dos mil diecisiete y presento su demanda hasta el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Por otra parte, respecto del auto de veintitrés de abril de dieciocho en la cual no se acordó favorable la suspensión de la audiencia intermedia. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto que reclamada. Lo anterior pone de manifiesto que en el caso a estudio este órgano jurisdiccional está impedido para analizar la constitucionalidad del auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la carpeta administrativa 1857/2017, dado que este fue sustituido procesalmente al ser materia del recurso de revocación hecho valer en su contra el cual revoco el auto impugnado y ordeno la suspensión de la continuación de la audiencia inmediata. Lo anterior es así, toda vez que cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis por un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, recayendo una nueva determinación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en la nueva determinación, la cual viene a sustituir procesalmente al anterior, por lo que sólo son combatibles las razones que la autoridad haya tenido para resolver en la forma en como lo hizo, máxime que el sentido de la resolución del recurso fue favorable al quejoso pues se acordó la suspensión de la audiencia intermedia, cual constituía a su pretensión. Tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII-Mayo 1997, visible en la página 133, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo." En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de amparo, procede desechar la demanda por lo que hace a dicho acto. Por tales motivos, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en la fracción XIV y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Martínez Estrada, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, por así indicarlo el promovente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Muñoz Flores y Yunuen Luna Hernández, dado que no se encontraron registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos restringidos a las restantes personas. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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