Miguel Angel Marin Castillo

Expediente 748/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
748/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Marin Castillo
  • Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa

Actuaciones

  1. Principal

    ..Téngase por recibido el oficio... recibido vía electrónica, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual transcribe el proveído de siete de agosto del año en curso, del que se advierte que admitió la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ... contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, el cual radicó bajo el amparo directo ... de su índice. Por tanto, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 6467/2023 procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual hace del conocimiento que previo a hacer algún procedimiento de la competencia declinada, requirió a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, de esta ciudad, para que le remita las actuaciones del expediente de origen 681/2023; el cual radicó bajo el amparo directo 529/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE NO HABER ACUDIDO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE DEJÓ EL CITATORIO EN SU DOMICILIO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: En ese tenor, resulta evidente que se está en presencia de una resolución que sin decidir el fondo del asunto puso fin al juicio; por tanto, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 170, fracción I, párrafo primero y segundo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado constituye materialmente una resolución que puso fin al juicio. Bajo tal contexto, como se dijo, contra dicha resolución emitida en el juicio especial de divorcio judicial en la que el juez determinó declararse incompetente para conocer del asunto ordenando la devolución de los documentos originales, es procedente el juicio de amparo directo, por disposición expresa del citado precepto legal, de manera que es inconcuso que a este Juzgado de Distrito no le compete conocer de la demanda de amparo en estudio, sino que su tramitación debe hacerse a través del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, Constitucional, y 170 de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 748/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en el despacho jurídico que se ubica en boulevard********************), en esta ciudad, y como autorizados para tal efecto a ******************** y ******************** en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y a ********************, con las limitantes del mismo, al no tener acreditado tal extremo. III. Incompetencia. En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama el siguiente acto: Del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad: - La resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio especial de divorcio judicial ********************, en la cual determinó declararse incompetente para conocer del asunto, y ordenó la devolución de los documentos originales. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: ..". Por otra parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." De los numerales antes transcritos, así como del relato de antecedentes, se advierte que el acto reclamado se emitió en el juicio de tramitación especial de divorcio judicial número ********************, en el que por resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, determinó declararse incompetente para conocer del asunto, y ordenó la devolución de los documentos originales En ese tenor, resulta evidente que se está en presencia de una resolución que sin decidir el fondo del asunto puso fin al juicio; por tanto, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 170, fracción I, párrafo primero y segundo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado constituye materialmente una resolución que puso fin al juicio. Bajo tal contexto, como se dijo, contra dicha resolución emitida en el juicio especial de divorcio judicial en la que el juez determinó declararse incompetente para conocer del asunto ordenando la devolución de los documentos originales, es procedente el juicio de amparo directo, por disposición expresa del citado precepto legal, de manera que es inconcuso que a este Juzgado de Distrito no le compete conocer de la demanda de amparo en estudio, sino que su tramitación debe hacerse a través del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, Constitucional, y 170 de la Ley de Amparo; razón por la cual, este órgano de control constitucional, se declara legalmente incompetente de plano para conocer del asunto y ordena el envío de la presente demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Décimo Segundo Circuito, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para los efectos que se señalan en el numeral 47 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior por las razones que la informan, en la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2015687, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Así como la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2008791, del rubro y contenido siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales procedentes. IV. Se autoriza la utilización de medios electrónicos. Se autoriza a las partes la utilización de celular, lector óptico, fotográfico, scanner o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con apoyo en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73,113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. VII. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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