Miguel Ángel Madrid Tello

Expediente 230/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Madrid Tello
  • Jesús Ángel Rodríguez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, misma que fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, visto su contenido téngasele solicitando que se haga disponible el expediente electrónico del presente asunto con el diverso ********************de su índice. En consecuencia, hágase saber al juzgado oficiante que el expediente electrónico del presente amparo se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y remítasele las constancias solicitadas. En mérito a lo anterior, se encomienda a la analista jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado federal, para que proceda hacer disponible el expediente electrónico de este asunto, a efecto de que pueda ser vinculado con el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de engrose de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó NEGAR en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación al cuaderno incidental, ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la DÉCIMA SALA UNITARIA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado consistentes en el toca de apelación 13/2020, copia certificada de la causa penal 239/2019/PUEBLA y sus acumulados 1536/2019/PUEBLA y 272/2019/PUEBLA; y los discos versátiles digitales DVD´S, que anexó.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 230/2020, promovido por Miguel Ángel Madrid Tello, Jesús Ángel Rodríguez Hernández, José Rafael Hernández Mota y Bryam Trujillo Sánchez. R E S U L T A N D O: Primero. Por demanda presentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, ante la Décima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Miguel Ángel Madrid Tello, Jesús Ángel Rodríguez Hernández, José Rafael Hernández Mota y Bryam Trujillo Sánchez, por su propio derecho, solicitaron la protección federal contra actos de la citada Sala y del Juez de Control de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla, que hicieron consistir en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca 13/2020; así como su ejecución. Segundo. La demanda fue remitida al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, la cual se recibió el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Tercero. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado antes citado declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo, al considerar que la resolución reclamada no decide el juicio en lo principal ni lo da por concluido, sino que se trata de una resolución que dejó sin efectos la sentencia de primera instancia de dieciocho de mayo de dos mil uno y ordenó al juez natural la reposición del procedimiento; por lo que, se ordenó remitir la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; demanda que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Cuarto. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado aceptó la competencia planteada, registró la demanda con el número 230/2021, la admitió a trámite; dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. El dieciocho de marzo y diecinueve de abril, ambos de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado la tiene para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción, y se reclaman actos de naturaleza penal, como es, la resolución que deja insubsistente la sentencia de primera instancia y repone el procedimiento dentro de la causa penal 239/2019/PUEBLA y sus acumuladas; de tal suerte que se actualiza la competencia territorial y material. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que el quejoso reclama en esta vía constitucional: A la Magistrada de la Décima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. La resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca 13/2020 mediante la cual dejó sin efectos la sentencia de primera instancia de veintitrés de abril de dos mil veinte y ordenó al juez natural la reposición del procedimiento de la causa penal 239/2019/PUEBLA y sus acumuladas. A la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla: La ejecución de la resolución emitida por la sala. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la magistrada de la Décima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitieron las autoridades responsables en apoyo a sus informes, con las que se formaron los anexos I y II de este expediente, documentales públicas que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2, párrafo segundo. De tales constancias se advierte que el acto reclamado obra a fojas 1246 a 1262 del anexo I. CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Los conceptos de violación tendentes a combatir la resolución que dejó sin efectos la sentencia de primera instancia de veintitrés de abril de dos mil veinte y ordenó a la jueza natural la reposición del procedimiento, son infundados, sin que se advierta que deba suplirse la deficiencia en favor de los quejosos en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, conviene establecer que los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal y 201 a 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén los requisitos para autorizar el trámite del procedimiento abreviado, tales preceptos, en lo que interesa, establecen: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, que formule la acusación y exponga los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. II. Que la víctima u ofendido no presente oposición, y III. Que el imputado expresamente renuncie al juicio oral; consienta la aplicación del procedimiento abreviado; admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. En el caso, mediante proveídos de veintiuno de febrero y treinta de marzo, ambos de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de procedimiento abreviado, se citó a las partes y se omitió hacerles saber a las víctimas las consecuencias de su incomparecencia (fojas 571 y 590 del anexo I). Posteriormente, el dieciocho de abril de dos mil veinte tuvo verificativo una audiencia para analizar la procedencia del procedimiento abreviado, la cual no pudo desahogarse a petición de la defensa y por ende, se señalaron las once horas del veintiuno de abril de dos mil veinte (foja 600 del tomo I de pruebas). Tal determinación fue notificada al Ministerio Público, los entonces imputados (quienes se encontraban presentes), las víctimas Jonathan Salinas Hernández, Javier Munguía Onofre, José Luis Calderón Cervantes y Jesús Ángel Calderón Aguilar, (quienes no comparecieron a la audiencia) así como a sus asesores jurídicos (foja 606 del cuaderno en comento); empero en la notificación practicada a asesores y víctimas, no se les hizo saber las consecuencias de su inasistencia; esto es, que en caso de no comparecer, la audiencia se desahogaría en sus términos. En la fecha antes indicada, y sin la presencia de las víctimas ni sus asesores jurídicos, el Agente del Ministerio Público formuló acusación en contra de Miguel Ricardo Madrid Tello, Jesús Ángel Rodríguez Hernández, José Rafael Hernández Mota y Bryam Trujillo Sánchez al considerarlos responsables en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones calificadas y robo agravado, respectivamente (6:02 a 1:52:40 minutos de reproducción de la audiencia de veintiuno de abril de dos mil veinte y foja 616 del anexo I). Asimismo, expuso los datos de prueba que sustentan la acusación, enunció los hechos que se atribuyen a los acusados, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas. Al exponer el tópico de reparación del daño, señaló: ".Por cuanto hace al pago de la reparación del daño a las víctimas, debo decir que dentro de la causa penal 239/2019/PUEBLA, el daño material fue cubierto con fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, la defensa particular de los acusados hicieron el pago de esa reparación a la Fiscalía General del Estado, específicamente a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, por los gastos generados a la víctima. De igual forma, con fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve le fueron cubierto el pago de la reparación del daño moral a las víctimas y de igual forma en audiencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecinueve, el órgano jurisdiccional determinó el pago de la reparación del daño a las víctimas ya que había una oposición que se determinó infundada, cantidad que fue depositada por la defensa particular de los acusados por la cantidad de treinta mil pesos que fijó el órgano jurisdiccional, mediante fecha de depósito de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve. Por lo que respeta a la causa penal 272/2019, la defensa particular de los acusados, hicieron el pago de la reparación del daño a la víctima, a quien se le dio la explicación de la etapa procesal en la que se encontraba la carpeta de investigación y la causa penal, así como los alcances jurídicos de esta forma de terminación anticipada, donde con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, él se dio por pagado de la reparación del daño sin reservarse ninguna acción civil o penal que ejercer en contra de los acusados. Por lo que respecta a la causa penal 1536/2019/PUEBLA, la víctima se dio por pagada de la reparación del daño y se le dio la explicación de los alcances de la misma por lo que con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve se dio por pagado de la reparación del daño sin reservarse alguna acción de carácter civil o penal en contra de los hoy acusados (39:10 a 42:03 minutos de reproducción). Concluida la intervención del Ministerio Público, la juez de control declaró cerrado el debate, admitió la solicitud de procedimiento abreviado, consideró satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 201 a 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues luego de cuestionar a los procesados a cerca de: a) Si estaban debidamente informados de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Si expresamente renuncian al juicio oral; c) Si consienten la aplicación del procedimiento abreviado; d) Si admiten su responsabilidad por los delitos que se le imputan; e) Si aceptan ser sentenciados con base en los medios de convicción que expuso el Ministerio Público al formular la acusación. . Los acusados informaron que sí (2:16:45 a 2:19:02 horas de reproducción) Luego, la juez señaló: ". que la víctima no presentó oposición fundada respecto del presente procedimiento, con independencia que a decir de las partes ha sido pagada y garantizada la reparación del daño a favor de cada una de las víctimas (2:19:45 horas de reproducción) Cada uno de los acusados presentaron su conformidad al respecto, de manera libre, voluntaria, informada, con la asistencia de su defensor, aquí presente, todos renunciaron a su derecho de exigir un juicio oral, comprendiendo los términos del acuerdo." Por tanto, condenó a los ahora quejosos Miguel Ricardo Madrid Tello, Jesús Ángel Rodríguez Hernández, José Rafael Hernández Mota y Bryam Trujillo Sánchez por la comisión de los delitos de lesiones calificadas, abuso de autoridad y robo agravado, respectivamente, dentro de la causa penal 239/2019/PUEBLA y sus acumuladas. Inconformes, los agraviados José Luis Calderón Cervantes y Jesús Ángel Calderón Aguilar apelaron la sentencia definitiva de veintitrés de abril de dos mil veinte dictada por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Puebla, lo anterior, con motivo de la aprobación del procedimiento abreviado pues esencialmente controvirtieron el monto pactado para cubrir el pago de la reparación del daño. El ocho de diciembre de dos mil veinte, la Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 239/2019/PUEBLA, y sus acumuladas y dejó sin efecto la sentencia impugnada y lo actuado a partir de la citación de las partes para que comparecieran a la audiencia de procedimiento abreviado. Ahora bien, la conclusión de la Sala es legal, ya que como correctamente lo refirió la responsable, el agente del Ministerio Público omitió especificar de manera clara y precisa la forma en que están pagados o garantizados los rubros que integran la reparación del daño, omisión que -dijo la sala- debió ser controlada por el órgano jurisdiccional requiriendo precisión en la información y en caso de no ser subsanada rechazar la procedencia o autorización judicial del procedimiento especial abreviado. Lo anterior, pues al omitir una exposición que permita constatar la manera en que quedó satisfecho el tópico de la reparación del daño provocó una lesión en el derecho humano de reparación del daño de las víctimas pues se desconoce si las víctimas fueron restituidas, rehabilitadas, compensadas, garantizadas, o en su caso si se adoptó alguna medida de no repetición en los términos previstos en los artículos 26 y 27 de la Ley General de Victimas. Tampoco se aclaró la forma en que se garantizó el pago, esto es, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca prenda o fideicomiso, pues como bien apuntó la Sala responsable, se formuló acusación por diversas causas penales y distintos ilícitos sin que se indicara la temporalidad de las lesiones padecidas por cada una de las víctimas para poder determinar que el pago de la reparación del daño estaba cubierto, pese a ello, la jueza aprobó la aplicación del procedimiento abreviado sin distinguir qué porcentaje del monto cubierto corresponde a cada una de las víctimas, de ahí que como lo señaló la Sala, no se conoce con claridad y precisión los términos específicos en los que están pagados o garantizados los rubros que integran la reparación del daño. En tal contexto, este órgano jurisdiccional conviene con la conclusión de la Sala, pues por un lado el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verifique en audiencia la acusación, la cual deberá contener, entre otros requisitos, el monto de reparación del daño. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que en el recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva derivada de un procedimiento abreviado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento, la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, lo cual comprende entre otros supuestos la fijación del monto de la reparación del daño. Tal conclusión se analizó en el siguiente criterio: Registro digital: 2018173.- Instancia: Primera Sala.- Décima Época.- Materias(s): Penal.- Tesis: 1a./J. 34/2018 (10a.).- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 742.- Tipo: Jurisprudencia. PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. De tal suerte, si la jueza de Control se limitó a señalar que ".la víctima no presentó oposición fundada respecto del presente procedimiento, con independencia que a decir de las partes ha sido pagada y garantizada la reparación del daño a favor de cada una de las víctimas" sin especificar de qué manera quedó pagada y garantizada la reparación del daño es inconcuso que asiste razón a la Sala responsable al considerar que omitió precisar las disposiciones legales aplicables al caso, así como las razones para generar certeza de que la conclusión a la cual arribó satisface los lineamientos legales y constitucionales antes indicados. Máxime que el Ministerio Público tampoco se ocupó de tales aspectos, pues como se dijo en líneas precedentes fue muy genérico en su intervención sobre el tópico de reparación del daño. Para mayor claridad, se transcribe su exposición: ".Por cuanto hace al pago de la reparación del daño a las víctimas, debo decir que dentro de la causa penal 239/2019/PUEBLA, el daño material fue cubierto con fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, la defensa particular de los acusados hicieron el pago de esa reparación a la Fiscalía General del Estado, específicamente a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, por los gastos generados a la víctima. De igual forma, con fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve le fueron cubierto el pago de la reparación del daño moral a las víctimas y de igual forma en audiencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecinueve, el órgano jurisdiccional determinó el pago de la reparación del daño a las víctimas ya que había una oposición que se determinó infundada, cantidad que fue depositada por la defensa particular de los acusados por la cantidad de treinta mil pesos que fijó el órgano jurisdiccional, mediante fecha de depósito de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve. Por lo que respeta a la causa penal 272/2019, la defensa particular de los acusados, hicieron el pago de la reparación del daño a la víctima, a quien se le dio la explicación de la etapa procesal en la que se encontraba la carpeta de investigación y la causa penal, así como los alcances jurídicos de esta forma de terminación anticipada, donde con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, él se dio por pagado de la reparación del daño sin reservarse ninguna acción civil o penal que ejercer en contra de los acusados. Por lo que respecta a la causa penal 1536/2019/PUEBLA, la víctima se dio por pagada de la reparación del daño y se le dio la explicación de los alcances de la misma por lo que con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve se dio por pagado de la reparación del daño sin reservarse alguna acción de carácter civil o penal en contra de los hoy acusados (39:10 a 42:03 minutos de reproducción). De ahí que como se indicó, en términos de los artículos 26 y 27 de la Ley General de Victimas en relación con el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar si se cubrió la reparación del daño, se debió tomar en consideración (I) el monto del pago de la reparación del daño, en función de cada uno de los ilícitos cometidos y cada una de las víctimas (II) la forma en que se garantizó el pago, esto es, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca prenda o fideicomiso, (III) si las víctimas fueron restituidas, rehabilitadas, compensadas o en su caso si se adoptó alguna medida de no repetición. Lo anterior, ya que la reparación del daño constituye una finalidad del proceso penal, así como un derecho de las víctimas a recibirla, de ahí que su exigibilidad se debe realizar mediante la exposición de información clara y precisa, porque de no acontecer así se transgreden derechos constitucionales de la víctima. Lo anterior, encuentra sustento en el apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a las víctimas u ofendidos del delito como titulares de diversos derechos fundamentales, entre los que destacan el de acceso a la justicia en calidad de parte procesal, que los faculta para exigir el derecho a la reparación del daño, de ahí su legitimación a impugnar las resoluciones derivadas de una sentencia dictada en un procedimiento abreviado. Por lo antes expuesto, resulta infundado el concepto de violación en el que arguyen los quejosos que la sentencia de ocho de diciembre de dos mil veinte transgrede los artículos 203, 204 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues refieren que no es indispensable fijar los montos de la reparación del daño, ya que no es un requisito de ley, máxime que se calificó como superada la oposición de las víctimas de veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que les beneficie el criterio invocado de rubro "Daño moral, aspectos que deben ponderarse para cuantificar su monto" pues atendiendo la naturaleza del procedimiento abreviado, éste debe ser concebido como una solución anticipada del conflicto penal, que pretende no sólo solucionar dicho conflicto desde una perspectiva de tiempo en atención a los interés del imputado sino también como condición, garantizando los derechos de la sociedad (representada por el Ministerio Público) y la victima u ofendido que igualmente exigen su derecho de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad y reparación del daño. Siguen manifestando los quejosos que el acto reclamado resulta violatorio del principio de equidad procesal pues fue incorrecta la conclusión de la alzada en el sentido que las víctimas no estuvieron asistidas por un asesor jurídico, pues -dicen los quejosos- las víctimas se encuentran representadas por el Ministerio Público y por ende no era dable citarlas nuevamente a audiencia pues se les explicó el alcance de que no se presentaran a la audiencia de juicio abreviado. Tales alegaciones son infundadas, pues contrario a lo aseverado por la parte quejosa, mediante proveídos de veintiuno de febrero y treinta de marzo, ambos de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de procedimiento abreviado, se citó a las partes y se omitió hacerles saber a las víctimas las consecuencias de su incomparecencia (fojas 571 y 590 del anexo I). Posteriormente, el dieciocho de abril de dos mil veinte tuvo verificativo una audiencia para analizar la procedencia del procedimiento abreviado, la cual no pudo desahogarse a petición de la defensa y por ende, se señalaron las once horas del veintiuno de abril de dos mil veinte (foja 600 del tomo I de pruebas). Tal determinación fue notificada al Ministerio Público, los entonces imputados (quienes se encontraban presentes), las víctimas Jonathan Salinas Hernández, Javier Munguía Onofre, José Luis Calderón Cervantes y Jesús Ángel Calderón Aguilar, (quienes no comparecieron a la audiencia) así como a sus asesores jurídicos (foja 606 del cuaderno en comento); empero en la notificación practicada a asesores y víctimas, tampoco se les hizo saber las consecuencias de su inasistencia; esto es, que en caso de no comparecer, la audiencia se desahogaría en sus términos, tal como lo expuso la sala responsable. De tal suerte que fue incorrecto que la jueza de control aprobara el procedimiento abreviado bajo el argumento de que no existió oposición de los agraviados pues la lógica dice que no podía existir oposición si éstos no estaban presentes en el desahogo de la misma. Además de que al momento de citarlos no se les dijo que en caso de su inasistencia de todas formas se resolvería la audiencia en sus términos. Siguen manifestando los quejosos que fue incorrecta la conclusión de la Sala en el sentido que las víctimas no tuvieron oportunidad de formular oposición durante la audiencia de procedimiento abreviado pues en audiencia previa de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve se calificó como superada la oposición de las víctimas, sin que se inconformaran, de ahí que -dicen los quejosos- debe tenerse como un acto consentido. Tal alegación es infundada, tomando en consideración que no existe medio ordinario de defensa que puedan hacer valer las víctimas para inconformarse contra resoluciones con tales características. Es así, pues si bien el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla que la víctima puede impugnar resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; sin embargo, al describir las hipótesis de procedencia de los recursos de apelación y revocación no prevé ese supuesto. En efecto, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las resoluciones del Juez de control apelables son las siguientes: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. En tanto que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procede en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. De tal suerte que no se puede considerar como consentida la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en donde se calificó la oposición de las víctimas, pues como se indicó no existe medio ordinario de defensa que puedan hacer valer las víctimas para inconformarse contra resoluciones con tales características. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia que suplir, se niega el amparo al quejoso. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, conforme a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Madrid Tello, Jesús Ángel Rodríguez Hernández, José Rafael Hernández Mota y Bryam Trujillo Sánchez, respecto del acto reclamado a la Décima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca 13/2020 y su ejecución, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se desprende que ya se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional y que aún no se ha dictado la sentencia correspondiente; por lo tanto, fórmese el expedientillo respectivo. En esa tesitura, agréguese el oficio de cuenta del RESPONSABLE DE OFICINA GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN COMERCIAL CENTRO ORIENTE y resérvese acordar lo conducente, en virtud de que el expediente principal del que deriva el presente expedientillo y al cual va dirigido, se encuentra en estudio para la resolución correspondiente.

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