Miguel Ángel Loza Rodríguez

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Loza Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA"5" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DPS MIL VEINTIUNO. Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente..."

  2. Principal

    MESA "5" Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente..."

  3. Principal

    MESA "5" Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el ocurso suscrito por el quejoso, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de cuatro de mayo de este año, en ese tenor, respecto de su contenido se provee: Consideración previa Una vez analizado el escrito que nos ocupa, se advierte que el promovente del amparo señaló diversos actos de carácter omisivo, así como una determinación relativa al archivo temporal de la carpeta de investigación -----------------------------. Improcedencia del juicio de amparo Sentado lo anterior, es necesario destacar que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; En ese sentido, analizado que ha sido el escrito inicial que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, por lo que hace a las diversas omisiones y negligencias que atribuyó a la autoridad responsable en la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación que se originó con motivo de la denuncia interpuesta por los hechos acaecidos el quince de octubre de dos mil dieciocho, así como la determinación de archivo temporal emitida en la carpeta de investigación --------------------------. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contempla: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos se destaca que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. De igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar los actos que reclama ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control; esto es así, pues constituyen omisiones cometidas por la representación social en la integración de la indagatoria de origen, mismas que podrían derivar de su negligencia en el perfeccionamiento de la misma. Así entonces, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre las omisiones y archivo temporal en cita la que podría combatirse en esta vía indirecta. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le producen afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Empero, de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que contiene el principio de definitividad, relacionado con el diverso numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, permite establecer que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Sino también, de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. Al tenor de dichas consideraciones, este juzgado de distrito estima que en el caso particular, ante las omisiones que reclama el justiciable por parte de la autoridad responsable, así como el archivo temporal de la multicitada carpeta, se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor del quejoso, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la presente instancia constitucional. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente....."

  4. Principal

    MESA 5*** Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso ****, por medio del cual desahoga la prevención realizada en autos; no obstante ello, atendiendo el contenido literal de éste, se desprende que el promovente señaló: ". ****." Por lo que, se aprecia que incluyó a la litis una diversa actuación, referente a que existe una negativa por parte de la autoridad ministerial responsable de extraer la carpeta de investigación ****. En consecuencia, ...., requiérase de nueva cuenta al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, a fin de estar en aptitud de fijar correctamente la litis sobre la cual versará el presente controvertido constitucional, se estima necesario que el quejoso realice lo siguiente: 1. Señale con precisión el acto o actos que pretende reclamar. 2. En caso de señalar como acto, la negativa de extraer la carpeta de investigación ****, deberá precisar la fecha en que la autoridad responsable emitió el auto por medio del cual negó la extracción del archivo de dicho expediente, la fecha en que tuvo conocimiento de éste, o bien, cuándo le notificaron su contenido. 4. De existir petición expresa, si fue elevada en términos del numeral 8° de la Constitución Federal -de manera pacífica y por escrito-. 5. Para el supuesto de insistir en señalar como acto el acuerdo de reserva ****, tendrá que aclararlo, dado que en el nuevo sistema penal acusatorio, en términos de lo previsto por el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federales, no se advierte la existencia de la figura "reserva". 1 6. En esos términos, también deberá manifestar la fecha de dicho acuerdo, la data en que fue dictado, cuándo tuvo conocimiento, o bien, le notificaron en términos de ley; ...., ... 2. Copias. Con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que la suscrita esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio... Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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