Miguel Angel López Torres

Expediente 936/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
936/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel López Torres
  • Juez de Control de Manzanillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la autoridad oficiante cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió por incompetencia del juicio de amparo en que se actúa e informa que se avoca al conocimiento del mismo, mismo que registró con el número de amparo directo 982/2022, de su índice. En consecuencia, archívese este cuadernillo como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, se ordena su destrucción, de conformidad en el artículo 20, inciso a), del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual *** autorizado de la parte quejosa, solicita se requiera a la superioridad a fin de que informe respecto a si aceptó la competencia del presente juicio, así como el número estadístico del mismo; en tales condiciones, hágase del conocimiento del promovente que se encuentra expedito su derecho para solicitar lo que estime conducente de manera directa al tribunal de alzada; en el entendido de que éste juzgado remitió el original del expediente en que se actúa el trece de septiembre del año en curso, tal y como se advierte del acuse de recibo. Cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el quejoso ***cumple con el requerimiento formulado en autos y refiere que el acto reclamado lo constituye la sentencia emitida por la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, en el toca de apelación 99/2017. Incompetencia. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para su conocimiento, como se explica a continuación. Es pertinente precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." De los artículos transcritos se obtiene que los órganos competentes para conocer de amparo directo son los Tribunales Colegiados, y que este juicio de control constitucional procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, por sentencias definitivas o laudos, se entiende que son las determinaciones que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Así, conviene mencionar que el juicio se inicia con la presentación de la demanda y puede concluir con la sentencia o resolución que, sin decidirlo en la principal, lo concluye y, por tal motivo, impide su prosecución o continuación. En el caso estudio, la parte quejosa reclama la sentencia definitiva dictada en el toca de apelación 99/2017 del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dictada el nueve de enero de dos mil dieciocho, derivada de la causa penal 14/2017; así como todo lo actuado en dichos expedientes. Ahora, de acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo de su fracción I, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. Al respecto, en materia penal, la cuestión principal esencialmente consiste en dilucidar la existencia de un hecho que la ley punitiva tipifica como delito, así como la responsabilidad penal del procesado en su comisión, componiendo las penas condignas. De ese modo, si en el marco del sistema procesal penal acusatorio, el acto reclamado es una sentencia dictada por un tribunal de alzada donde aborda un tema final de la instancia penal, es inconcuso, que se trata de una resolución jurisdiccional que forma parte de la que decide el juicio en lo principal, y al haber sido dictada por una autoridad de segunda instancia, no admite medio ordinario de defensa alguno por virtud del cual esa determinación sea susceptible de ser modificada o revocada. Por tanto, le da el carácter de sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, en razón de que dichos aspectos tienen carácter accesorio, pero inherentes, del tópico principal. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 fracción I de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, en razón que el acto reclamado constituye una sentencia definitiva; lo anterior, en virtud de que el quejoso reclama las sentencias definitivas dictadas en el toca de apelación 99/2017 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal de Alzada; así como de la causa penal 14/2017. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el original del presente juicio de amparo, así como las copias de la demanda anexadas por la parte quejosa, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda, solicitando atentamente, que de no existir inconveniente legal alguno, una vez que provea lo conducente, tenga a bien hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional; a fin de estar en posibilidad de proveer el destino del presente cuadernillo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 6/2015 (10a), Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2008791, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." No ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que el presente asunto no se encuentra comprendido en el supuesto normativo a que se refiere el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo. Acuse de recepción. Se solicita a la superioridad que, de no existir inconveniente legal alguno, una vez allegadas las actuaciones del presente sumario, tenga a bien acusar la recepción correspondiente. Formación del cuaderno de antecedentes. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio (revisión de cuaderno de antecedentes) emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en términos de ley. A

  4. Principal

    C. Pretende cumplir prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por el quejoso mediante el cual pretenden cumplir con el requerimiento que se le efectuó en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, insiste en referir desconocer las fechas en la que se le notificó la sentencia definitiva y demás actuaciones, por las razones expuestas dentro de su ocurso; sin embargo, lo anterior resulta inverosímil, pues conoce los delitos por los que se le dictó la misma, así como el número de causa y toca penal y es conocedor que se encuentra compurgando una pena de prisión, por lo que, al haber estado presente en las audiencias correspondientes debe conocer la fecha en la que se emitió el acto que reclama (sentencia definitiva), así como el nombre y domicilio de los terceros interesados, tal como se le explicó en el auto de radicación. Por tanto, ante la omisión descrita, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se le concedió en el mencionado auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en virtud de que presentó su ocurso el cinco de septiembre del año en curso, esto es, el segundo día, de ahí que le restan cuatro días a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en dicho acuerdo, sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Conviene mencionar que de no cumplir dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el multicitado auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, respecto a la prevención en cita, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Nueva prevención. Por otra parte, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que señala como nueva autoridad responsable a la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, de quien señala como acto reclamado la sentencia y todo lo actuado dentro del toca de apelación 99/2017. Lo anterior, genera incertidumbre sobre el acto que pretende reclamar el quejoso, así como en la fecha en que se generó el mismo, por lo que es necesaria una nueva prevención a fin de que el quejoso aclare dicha situación. Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V; así como el 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las sanciones a que pueden hacerse acreedores aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo conforme a lo que prevé el artículo 261, fracción I, de la citada Ley de Amparo, especifique de manera clara y precisa si el acto que pretende reclamar en este juicio de amparo es la sentencia emitida el nueve de enero de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en el toca de apelación 99/2017, y en vía de consecuencia las violaciones procedimentales. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicado en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Asimismo, es aplicable la tesis XXVII.3 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, Novena Época, registro digital 184437, página 1121, del rubro y texto: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión". De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, por lo que se dará vista al Fiscal Federal adscrito, además le será impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Es aplicable por las razones que la informan la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 8, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página 39, registro digital 233878, que dice: "MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, VISTA AL. AL ORDENARLA EL JUEZ DEL AMPARO, NO PREJUZGA DE MANERA ALGUNA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA RECURRENTE. Puesto que una de las finalidades de la fracción I del artículo 211 de la Ley de Amparo, es la de poner un dique al muchas veces desenfrenado ejercicio de la acción de amparo por personas inescrupulosas, cuya única pretensión ha consistido en obtener el beneficio de la suspensión de actos de autoridad perfectamente lícitos, la quejosa debe referirse en su demanda de garantías a todos los antecedentes de los actos reclamados. Sin embargo, si en caso de no cumplir con esa obligación, el Juez de Distrito da vista al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que conoció del asunto, no prejuzga en manera alguna sobre la responsabilidad de la recurrente, y el agravio que en ese sentido se haga valer, será totalmente inocuo, debiendo estimarse improcedente. Además, es de observarse que se surte en el caso a estudio la competencia del Tribunal en Pleno para examinar, como órgano revisor de la sentencia, la materia que se deriva, en este caso, no del examen de los conceptos de violación ni de los agravios, sino de la conducta procesal observada por las partes". -Lo resaltado es propio- El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Finalmente, respecto a las manifestaciones vertidas respecto a la oposición de la publicación de datos personales o sensibles del promovente así como de su autorizado; se instruye a los Actuarios adscritos y al oficial de SISE que dichos datos deberán considerarse como reservados en la lista de acuerdos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese en términos de ley.

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