Miguel Ángel López Rodríguez
Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel López Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel López Rodríguez por propio derecho y en representación de los menores con iniciales A.G.L.M, H.E.L.M. y M.M.L.M.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el diecinueve de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Miguel Ángel López Rodríguez, por propio derecho y en representación de los menores con iniciales A.G.L.M., H.E.L.M. y M.M.L.M., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de localización y presentación de los menores de referencia ante la fiscal responsable, así como su ejecución. 2 La posible solicitud de audiencia ante el juez de control. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de Nacajuca, Tabasco. 2 Director General de la Policía de Investigación, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya, de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, fue admitida a trámite la demanda de amparo, bajo el expediente 693/2020-6; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada; se requirió a las autoridades responsables rindieran informe justificado; asimismo, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En dos de septiembre de dos mil veinte, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos a la tercero interesada Tania Martínez Lorenzo. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de localización y presentación de los menores con iniciales A.G.L.M., H.E.L.M. y M.M.L.M., ante la Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de Nacajuca, Tabasco; así como su ejecución. La posible solicitud de audiencia ante el juez de control, una vez que sean presentados los citados menores. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA POSIBLE SOLICITUD DE AUDIENCIA ANTE EL JUEZ DE CONTROL. Las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata y el Director General de la Policía de Investigación, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata, ambos del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya, de Nacajuca, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados fueron omisos en manifestar si negaban o aceptaban la existencia del acto reclamado consistente en la solicitud de audiencia para presentar a los menores quejosos ante el juez de control. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, no se advierte que dichas autoridades responsables hayan solicitado una audiencia ante el Juez de Control, a fin de que los menores quejosos fueran presentados ante ese órgano jurisdiccional; por tanto, deviene inexistente el referido acto reclamado. Sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas para demostrar la existencia de la emisión de dicho acto, pues la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Por ende, se considera inexistente el referido acto reclamado a las citadas autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, en lo tocante al citado acto reclamado a las citadas autoridades responsables, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LAS ORDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS MENORES QUEJOSOS. Al rendir su informe justificado, la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de Nacajuca, Tabasco, y el Agente de la Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de Nacajuca, Tabasco, aceptaron la existencia de dicho acto reclamado consistente en las ordenes de localización y presentación de los menores quejosos. Por su parte, la fiscal responsable remitió copias certificadas y cotejadas de las constancias que integran las Carpetas de Investigación CI-BDS/490/2020 y CI-FVSV-773/2020. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, ya que fueron expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. En ese contexto, son ciertos los precitados actos reclamados a las autoridades precitadas, al haberlos aceptado y encontrarse corroborados con las constancias que adjuntaron a su informe justificado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." [.] De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, en el caso se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de localización y presentación de los menores con iniciales A.G.L.M., H.E.L.M. y M.M.L.M., emitida por la Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de Nacajuca, Tabasco, dentro de la carpeta de investigación CI-BDS/490/2020; sin embargo, de autos se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, se materializó dicha orden reclamada para recuperar a los referidos menores quejosos, como se aprecia del escrito recibido ante este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, signado por el quejoso Miguel Ángel López Rodríguez, en el cual bajo protesta de decir verdad, el impetrante informó a este órgano jurisdiccional lo siguiente: "Que vengo hacer de su conocimiento lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, la tercero perjudicada la C. TANIA MARTÌNEZ LORENZO, el día sábado 19 del mes de Septiembre del año en curso, a través de la fuerza y con ayuda de dos vehículos particulares, así como en compañía de aproximadamente 5 personas se llevo(sic) a mis menores hijos, ya que ingreso(sic) al fraccionamiento El Olimpo ubicado en la ranchería Río Viejo, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco y se los llevo(sic). Situación que fue corroborada por la Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya, mediante oficio telegráfico UTMCBDS-197/2021, de veinticuatro de febrero del año en curso, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que del informe dado con motivo de la orden de investigación con número de oficio DGPDI-75/2021 de veintiuno de febrero del presente año, se desprendía que la progenitora Tanya Martínez Lorenzo, actualmente tiene bajo su cuidado a los menores de identidad reservada con iniciales A.G.L.M, H.E.L.M y M.M.L.M. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, si bien existen, como lo es la orden de localización y presentación de los menores con iniciales A.G.L.M., H.E.L.M. y M.M.L.M., emitida por la fiscal responsable, dentro de la carpeta de investigación CI-BDS/490/2020; también lo es que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de los actos reclamados; lo anterior, al haberse llevado la localización de dichos menores y encontrase actualmente bajo el cuidado de su progenitora Tanya Martínez Lorenzo, quien tiene la guardia y custodia definitiva de dichos menores, circunstancia que se acredita con el convenio judicial de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, celebrado por la citada tercero interesada y el impetrante Miguel Ángel López Rodríguez, ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, de Nacajuca, Tabasco, dentro del expediente de origen 68/2018, de su índice, el cual obra glosado en autos. Por tanto, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189 del Amparo Indirecto 289/2020 10 Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Por otro lado, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada y por la representante especial de los menores quejosos de identidad reservada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel López Rodríguez, por propio derecho y en representación de los menores con iniciales A.G.L.M, H.E.L.M y M.M.L.M., contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO Y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido electrónicamente signado por la Licenciada Delhy Amira Meza Gregorio, en su calidad de representante especial de los menores de identidad reservada con iniciales A.G.L.M, H.E.L.M y M.M.L.M; mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley de la materia, de los que se hará relación al celebrase la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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