Miguel Ángel López Mireles
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Ángel López Mireles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el que cumple con lo ordenado en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, e informa que el oficio 50941/2022 girado con motivo de la separación de juicios decretada en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, relativo a los actos reclamados a los Jueces de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, David Rodríguez González y Javier Vázquez Fernández, deducidos de la carpeta judicial administrativa 170/2021/CHOLULA, le fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Matera Penal en el Estado de Puebla, lo que se corrobora con la papeleta de turno con número de registro 20221459034501673; al respecto, se tiene por cumplido el requerimiento contenido en el acuerdo de mérito, por hechas las manifestaciones insertas en el oficio de cuenta y por recibidas las constancias que anexa. SOLICITUD A JUZGADO DE DISTRITO En mérito de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, solicítese a la Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Matera Penal en el Estado de Puebla, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Juzgado Federal el acuerdo que recayó al oficio 50941/2022 girado con motivo de la separación de juicios decretada en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda en el expediente de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno. Ahora bien, del análisis integral del expediente en que se actúa, se advierte que en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, se decretó la separación de juicios respecto de los actos reclamados al Comandante Ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, Mario Gerardo Noel Casco, y otras autoridades, consistentes en los actos de tortura perpetrados sobre los aquí quejosos *** al momento de su detención realizada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; así como respecto de los actos reclamados a los Jueces de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, David Rodríguez González y Javier Vázquez Fernández, deducidos de la carpeta judicial administrativa 170/2021/CHOLULA, para lo cual se ordenó girar los oficios 50940/2022 y 50941/2022 dirigidos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que realizara el turno correspondiente, sin que a la fecha se conozca el órgano jurisdiccional federal al que le fue turnado el oficio 50941/2022 relativo a los actos reclamados a los Jueces de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, David Rodríguez González y Javier Vázquez Fernández, deducidos de la carpeta judicial administrativa 170/2021/CHOLULA. En tales condiciones, a fin de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda, mediante oficio que al efecto se gire, se requiere al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de este acuerdo, informe a qué órgano jurisdiccional federal le turnó el citado oficio 50941/2022. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en el plazo fijado se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual transcribe el acuerdo dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1161/2022, en el que el titular del Juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel López Mireles y Edgar César Valerio, contra actos del Comandante Ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, Mario Gerardo Noel Casco, y otras autoridades; al respecto, se tiene por hechas las manifestaciones contenidas en el oficio de cuenta.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito de manera autógrafa únicamente por ********************, profesionista autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos ********************y********************, al que adjunta veintidós copias del mismo, mismas que carecen de firma autógrafa de los citados quejosos, tal como se certificó en la cuenta que antecede, por medio del cual el citado autorizado pretende cumplir con la prevención contenida en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a los quejosos; ya que si bien en términos del numeral 12 invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que tal prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional; por ejemplo, cumplir con la prevención formulada en el auto inicial en términos del artículo 114 de la Ley de amparo, o aclarar la demanda de amparo si ésta tuviera deficiencias, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados o hechos personalísimos de los quejosos, como señalar el domicilio en el que desean oír y recibir notificaciones, o precisar antecedentes de los actos reclamados o señalar autoridades responsables. Además, el artículo 108, fracciones I, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará el nombre y domicilio del quejoso, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención contenida en el acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, consistente en manifestar bajo protesta de decir verdad en qué consistieron los actos de tortura que los quesos que pretenden reclamar a través del juicio de amparo; así como los antecedentes de los actos reclamados en orden cronológico; el acto o actos en concreto que les reclama a los Jueces de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, ******************** y ********************; la fecha en que fueron emitidos los actos que pretende reclamar, la materia de los autos o resoluciones reclamados, así como la fecha en que le fueron notificados o tuvieron conocimiento de los mismos; y, en qué consistió el acuerdo dictado el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la Carpeta Judicial Administrativa con número ********************. Ello en razón de que tales datos corresponden a actos de carácter personalísimo que sólo pueden manifestar los quejosos, por lo que no pueden quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Aunado a lo anterior, se señala que las rúbricas que aparecen en el escrito de cuenta y copias del mismo, son insuficientes para tener por cumplido el requerimiento contenido en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, y por satisfecho el requisito de firma que manifieste la voluntad de los quejosos de exponer el contenido del escrito; ello en razón de que tal como se asentó en la certificación que antecede, el escrito de cuenta carece de firma electrónica y autógrafa de los quejosos, ya que la firma es un requisito indispensable para dar trámite a cualquier promoción de carácter judicial. De tal manera, se hace saber a los quejosos directos que continúa corriendo el plazo que se les otorgó en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que den cumplimiento al requerimiento que se les formuló. Esto es, aún cuentan con un día, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para cumplir con la citada prevención, ello en razón de que la Jurisprudencia que a continuación se menciona establece la obligación del suscrito de emitir un acuerdo correspondiente al escrito a través del cual la parte quejosa pretende cumplir con la prevención que le fuera formulada, para que en caso de que no se haya dado cumplimiento a tales prevenciones, los quejosos estén en aptitud de cumplir en forma total con las mismas, lo cual debe realizarse antes de que concluya el término que les fue otorgado. En ese sentido, si el acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se notificó personalmente a los quejosos el cinco de octubre de dos mil veintidós, surtió sus efectos el seis del mismo mes y año; por ende, el plazo para cumplir con la prevención transcurre del siete al once de octubre de dos mil veintidós, y los quejosos presentaron su escrito aclaratorio el diez del mes y año que transcurren, esto es, el segundo día hábil del término otorgado, por lo que es evidente que les queda un día para cumplir con los requerimientos contenidos en la prevención de mérito.
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