Miguel Ángel López García

Expediente 686/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
686/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Archívese como asunto totalmente concluido; susceptible destrucción.

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción; devuélvase discos versátiles remitidos por autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación hecha al autorizado del quejoso, del proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para efecto de llevar a cabo la diligencia respectiva.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación hecha a Jobb Servando Moguel Juanz, autorizado del quejoso Miguel Ángel López García, del proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para efecto de llevar a cabo la diligencia respectiva. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe. Xalapa, Veracruz, tres de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y de un análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso Miguel Ángel López García, se hace consistir en: ? La violación al debido proceso y acceso a la justicia, generada con motivo de la dilación por parte del Juez del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en remitir la apelación interpuesta por su defensa en contra del auto de vinculación a proceso emitido dentro del proceso penal 191/2017 de su índice. ? Como consecuencia de tal dilación, la falta de radicación del recurso de apelación ante el tribunal de alzada. Ahora bien, de las constancias allegadas por el juez responsable en justificación de sus actos, se advierte que mediante oficio 5127/2018 de diecisiete de julio de esta anualidad, fueron remitidas las constancias relativas al proceso penal 191/2017 de su índice, para la calificación y, en su caso, substanciación del citado recurso de apelación, mismas que fueron recibidas en la Oficialía de Partes, Segunda Instancia, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el dieciocho siguiente (foja 364). Asimismo, el Juez del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, informó que el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, se radicó ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el número de toca 482/2018, lo que se corrobora con el acta circunstanciada de llamada telefónica de tres de septiembre de esta anualidad (foja 365). Documentales a las que, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, a criterio de quien aquí resuelve, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ciertamente, el aludido arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, al respecto debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Sobre el particular, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio contenido en la tesis visible en la página dos mil cuatrocientos cuarenta y tres, Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, que es del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad qué lo emitió deja de afectar los derechos públicos subjetivos del quejoso al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Puesto que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en los derechos del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el supuesto de improcedencia de que se trata se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto combatido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese contexto, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que existe cesación de efectos del acto reclamado, cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido los derechos públicos subjetivos del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese orden de ideas, si bien el acto que se reclamaba por esta vía lo es la violación al debido proceso y acceso a la justicia, originada por la dilación del juez señalado como responsable en remitir la apelación interpuesta por el impetrante de amparo en contra del auto de vinculación a proceso emitido dentro del proceso penal 191/2017 de su índice y, como consecuencia de tal dilación, la falta de radicación del recurso de apelación ante el tribunal de alzada. Lo cierto es que, de lo manifestado por la responsable así como de las constancias remitidas en justificación de sus actos, se advierte que dicho medio de impugnación fue radicado ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al que le correspondió el número de toca 482/2018, y que el mismo fue turnado para resolución el veintidós de agosto de la presente anualidad; lo anterior, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el dieciocho de julio de dos mil dieciocho. En esa tesitura, toda vez que de autos se advierte que ya fue radicada la apelación interpuesta por la parte quejosa, y que la misma fue turnada para resolver el veintidós de agosto de esta anualidad; por lo tanto, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia número 415 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 356, materia común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, numero de registro 917949, cuyo rubro reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por tanto, resulta evidente que se han destruido en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere causado menoscabo a los derechos del impetrante de amparo, o habiéndolo causado, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por lo tanto, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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