Miguel Ángel Longinos Muñoz

Expediente 1527/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1527/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Longinos Muñoz
  • Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el cinco de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: > La Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: I. Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (diez horas del diez de junio de dos mil veintiuno), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1307/2018/16-E, la fijación de la nueva fecha, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá ser de manera inmediata, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. > Por su parte, el Actuario Notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, deberá: II. Notificar y emplazar a las demandadas: a) fuente de trabajo conocida de manera pública y comercialmente como Moyanos Asesoría Empresarial. b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V. Ambas por conducto de quien o quienes acrediten ser sus representantes legales, en los domicilios que para al efecto obran en autos del juicio natural. Debiéndoles correr traslado con el escrito inicial de demanda, auto de avocamiento de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, así como del de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, en el entendido que de no poder realizar las citadas diligencias por motivos ajenos a su función, el notificador deberá dar cuenta a este juzgado federal." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio 2000/AMPARO/1400/2021, el Presidente Auxiliar de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas del acta de notificación al actor en el juicio de origen, de la notificación de la demandada Seguridad Privada ABR, sociedad anónima de capital variable y de la constancia en donde el actuario de dicha Junta hizo constar los motivos por los cuales no pudo emplazar a la codemandada fuente de trabajo, así como del acuerdo que recayó a la misma el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en donde dejó insubsistente la data de diez de junio y requirió a la actora para que se pronuncie en relación a la citada constancia. Con dicho actuar de la responsable es inconcuso que cumplió con la ejecutoria de amparo, ello porque el actuario responsable se constituyó en el domicilio que la parte actora -aquí quejosa- suministró en el juicio génesis a fin de emplazar a la demandada, luego, al haber imposibilidad de llamar a juicio a la fuente de trabajo en el domicilio que proporcionó la impetrante, resulta diáfano que ésta cumplió con su obligación de acudir a efectuar dicha diligencia, pues la imposibilidad escapa a su voluntad de llevarla a cabo, lo anterior dentro del juicio laboral 1307/2018/16-E. Con lo cual en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestará lo que a su derecho convenga, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral dejó insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia de demanda, conciliación y excepciones, y el actuario notificador manifestó la imposibilidad de emplazar a los demandados. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 2000/AMPARO/1400/2021, del Presidente Auxiliar de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias certificadas del acta de notificación al actor en el juicio de origen, de la notificación de la demandada Seguridad Privada ABR, sociedad anónima de capital variable y de la constancia en donde el actuario de dicha Junta hizo constar los motivos por los cuales no pudo emplazar a la codemandada fuente de trabajo, así como del acuerdo que recayó a la misma el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno en donde dejó insubsistente la data de diez de junio y requirió a la actora para que se pronuncie en relación a la citada constancia, de donde se advierten las gestiones que se realizan para cumplir con la ejecución de amparo, ello dentro del juicio laboral 1307/2018/16-E. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: > La Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: I. Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (diez horas del diez de junio de dos mil veintiuno), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1307/2018/16-E, la fijación de la nueva fecha, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá ser de manera inmediata, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. > Por su parte, el Actuario Notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, deberá: a) fuente de trabajo conocida de manera pública y comercialmente como Moyanos Asesoría Empresarial. b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V. Ambas por conducto de quien o quienes acrediten ser sus representantes legales, en los domicilios que para al efecto obran en autos del juicio natural. Debiéndoles correr traslado con el escrito inicial de demanda, auto de avocamiento de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, así como del de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, en el entendido que de no poder realizar las citadas diligencias por motivos ajenos a su función, el notificador deberá dar cuenta a este juzgado federal." Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es ampliar el plazo previsto en el artículo 192 Ley de Amparo a cinco días. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo referido, cumplan con el fallo protector y lo acrediten con las constancias conducentes, o bien, informen las gestiones que se encuentran realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa a la omisa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1527/2020, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado del Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Miguel Ángel Longinos Muñoz, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisaron, y señalaron como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previa prevención cumplida, el once de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1527/2020; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (denominación correcta) : El auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se fijaron las diez horas del diez de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los términos a que alude el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del juicio laboral 1307/2018/16-E. Del actuario notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, a saber: a) Fuente de trabajo conocida de manera pública y comercialmente como Moyanos Asesoría Empresarial, ubicada en calle Juan Palomar y Arias número 439, de la Colonia Monraz, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. b) Asimismo, conjunta y solidariamente la fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V., ubicada en calle Río Suchiate número 1530, de la Colonia Atlas, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Ambas, a través de quien o quienes acrediten su representación legal, en los domicilios que para tal efecto proporcionó el actor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindió informe por sí y en representación del actuario adscrito a la citada junta laboral, al haber dado contestación a los oficios 24257/2020 y 24258/2020, de once de diciembre del mismo año, por los cuales se le solicitó y, reconoció la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, debe tenerse por cierto lo reprochado a dichas autoridades, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." I. Análisis del acto reclamado a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. En su motivo de disenso se aduce que la autoridad responsable viola lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, toda vez que se señaló una fecha excesivamente lejana (diez de junio de dos mil veintiuno) para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Es fundada la alegación expuesta. Es así, pues no debe perderse de vista que la inconformidad del peticionario la hace depender en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la legislación ordinaria, lo que esencialmente implica que se tenga en cuenta que se duele de una afectación al derecho fundamental de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expedites con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba celebrar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 685, párrafo primero, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de dictar las medidas pertinentes a efecto de que el trámite de los procedimientos que ante ellas se instauran sea inmediato, procurando que los juicios no queden inactivos. También, disponen que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda ante la Junta correspondiente. Ahora bien, de las constancias de autos, y en específico de la documental que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 1307/2018/16-E, de su estadística, se señalaron las diez horas del diez de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la fijación de esa hora y fecha contraviene lo dispuesto por el artículo 873 invocado, en razón de que excedió el plazo de quince días. De lo que se sigue que el acto reclamado vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 Constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos a situaciones ordinarias de carga de trabajo; es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo, hoy en día es un hecho notorio que esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma (exceso en la carga de trabajo) deberán justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. II. Análisis relativo a la omisión reclamada al actuario notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Bajo el mismo marco normativo, es fundado el motivo de disenso respecto de la omisión reclamada al actuario notificador adscrito a la junta responsable, consistente en la falta de notificación y emplazamiento de las demandadas: a) fuente de trabajo Moyanos Asesoría Empresarial, ubicada en calle Juan Palomar y Arias número 439, de la Colonia Monraz, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; y, b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V., ubicada en calle Río Suchiate número 1530, de la Colonia Atlas, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. En efecto, el procedimiento de donde se origina la omisión reclamada, en este caso se encuentra en los artículos 685, 742, fracción I y 750 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se substanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley." "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; [.]". "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". La transcripción de los mencionados preceptos advierte la obligación de la responsable de emplazar a juicio a las partes, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordenó. En el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa contenidas en el escrito de demanda de amparo, así como de la propia autoridad que sí rindió informe, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, se desprende que en los autos del juicio laboral 1307/2018/16-E, no se ha efectuado el emplazamiento a las demandadas, en el caso a) fuente de trabajo Moyanos Asesoría Empresarial, ubicada en calle Juan Palomar y Arias número 439, de la Colonia Monraz, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; y, b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V., ubicada en calle Río Suchiate número 1530, de la Colonia Atlas, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. No obstante que se proporcionó el domicilio por la parte actora, pues del contenido del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así lo ordenó la junta del conocimiento al actuario de su adscripción, sin que la fecha se tenga noticia de que se haya emplazado a las demandadas, lo que evidencia la contravención de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. Así pues, tal y como lo denuncia la parte quejosa, es claro que el actuario adscrito a la Junta del conocimiento, ha sido omiso en emplazar a las demandadas en mención, no obstante haberlo ordenado la Junta de mérito por lo menos desde el citado diecisiete de noviembre de dos mil veinte, violación que amerita el deber de reparar. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra la omisión del actuario notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de notificar y emplazar a la parte demandada, en el caso: a) fuente de trabajo Moyanos Asesoría Empresarial; y, b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V., en los domicilios que para al efecto obran en autos del juicio natural. No es obstáculo para la concesión del amparo atinentes a la inconstitucionalidad del acto y omisión reclamados, las manifestaciones de la autoridad responsable Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a fin de justificar la constitucionalidad de lo reprochado, en el sentido de que la fecha lejana de celebración de la audiencia obedece a que no hay actas o constancias de emplazamiento, sin embargo, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: > La Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: I. Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (diez horas del diez de junio de dos mil veintiuno), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1307/2018/16-E, la fijación de la nueva fecha, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá ser de manera inmediata, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. > Por su parte, el Actuario Notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, deberá: II. Notificar y emplazar a las demandadas: a) fuente de trabajo conocida de manera pública y comercialmente como Moyanos Asesoría Empresarial. b) fuente de trabajo Seguridad Privada ABR, S.A. de C.V. Ambas por conducto de quien o quienes acrediten ser sus representantes legales, en los domicilios que para al efecto obran en autos del juicio natural. Debiéndoles correr traslado con el escrito inicial de demanda, auto de avocamiento de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, así como del de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, en el entendido que de no poder realizar las citadas diligencias por motivos ajenos a su función, el notificador deberá dar cuenta a este juzgado federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, contra el acto y omisión que reclamó de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y actuario notificador adscrito, en términos y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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