Miguel Angel Lira Morales

Expediente 184/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
184/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Lira Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, aparece que mediante acuerdo de seis de marzo de este año, se consideró que el presente expediente es susceptible de destrucción; sin embargo, de autos se desprende que el mismo no lo es; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de dicha Ley, se regulariza el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se determina que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de depuración, toda vez que se otorgó la suspensión de plano en favor de la parte quejosa, por lo que procédase a ello una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del mismo, toda vez que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 1514/2017-IV, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue remitido a dicho juzgado, para el dictado de la sentencia correspondiente, el cual fue registrado como cuadernillo auxiliar 109/2018; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    se notifica por lista al quejoso directo: Torreón, Coahuila, trece de febrero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Lira Meza, en favor de Miguel Ángel Lira Morales, contra actos que reclama del agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación con Detenido Mesa I, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en la incomunicación, malos tratos, tormentos, atentados contra su vida, presiones físicas y psicológicas, detención ilegal y el posible traslado, de que está siendo objeto el quejoso directo; en tales condiciones, a reserva de que sea ratificada, fórmese el expediente relativo bajo el número 184/2018-IV del libro de registro correspondiente; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126, todos de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN Y SE ORDENA CESE DE INMEDIATO LA INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, TORMENTOS, ATENTADOS CONTRA SU VIDA, PRESIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, QUE SE ADUCE ESTÁ SIENDO OBJETO EL REFERIDO QUEJOSO DIRECTO MIGUEL ÁNGEL LIRA MORALES. En ese sentido, comuníquese a las autoridades responsables que se otorgan las facilidades tanto a sus familiares como a sus abogados, a fin de que tengan comunicación con el quejoso directo, ello, siempre y cuando se cumplan con los reglamentos internos del lugar en que se encuentre recluido. A fin de tener la certeza de que han cesado tales actos en los términos decretados en este proveído, las autoridades responsables deberán informar a este juzgado federal, dentro del término de tres horas siguientes a la notificación del presente, las medidas que hayan tomado para tal efecto; y se les requiere para que informen en caso de ser cierta la incomunicación, a disposición de qué autoridad se encuentra el quejoso directo; apercibidas que de hacer caso omiso a lo anterior, se dará vista al representante social federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. Lo antes determinado es sin perjuicio de que quede el quejoso directo en el lugar en que se encuentre a disposición de la autoridad ministerial, para el único y exclusivo efecto de la continuación de la averiguación que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que la misma es de orden público; o bien, de que en su caso, sea puesto en libertad por la autoridad correspondiente si así procede. Por otra parte, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio de las autoridades señaladas como responsables, a efecto de que solicite la presencia del quejoso directo y requiera a éste para que en el acto, o dentro de los tres días siguientes de la notificación de este proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que se promueve a su nombre; apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, quedarán sin efectos las providencias dictadas en este proveído; asimismo, el referido funcionario judicial deberá dar fe en dicha diligencia, del estado físico exterior que presente el quejoso directo. Ahora bien, para el caso de que el quejoso no se encuentre en las instalaciones de las autoridades responsables, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en los centros de reclusión que existan en la región, a fin de lograr la encomienda de referencia. Por otro lado, en el caso de que las autoridades nieguen que el quejoso directo se encuentra detenido en ese lugar, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones; así como los demás lugares donde estime puedan encontrarse, en el entendido de que la autoridad donde deba practicarse dicha diligencia deberá facilitarle el acceso, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que corresponde a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el precepto 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho. En ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que haga del conocimiento de la autoridad que tenga la custodia del quejoso directo, los términos bajo los cuales se decretó la suspensión del acto reclamado. En otro contexto, para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo de que se trata, se tramitará el juicio de amparo respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la detención ilegal y el posible traslado. De igual forma, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita y el cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, como lo ordenan los artículos 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Finalmente, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado al licenciado Cesar Arturo Saucedo Vázquez; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso directo Miguel Ángel Lira Morales; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Jesús Omar López Coronado, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy Fe.

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