Miguel Ángel Lima Gallegos
Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Lima Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia dictada el trece de septiembre del año en curso, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para el efecto de que el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dentro del término de tres días posteriores a que causara ejecutoria la sentencia concesoria del amparo, emitiera de manera escrita la resolución que en derecho procediera respecto de la solicitud de pensión presentada por el quejoso el uno de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, la hiciera del conocimiento de la parte quejosa a través de la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec del citado Instituto (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Destacando que el sentido de la respuesta o su fundamentación no eran motivo de la concesión del amparo, por lo que bastaría que la autoridad responsable emitiera la resolución que conforme a derecho correspondiera y la hicieran del conocimiento del quejoso, para que la sentencia se tuviera por cumplida. Así las cosas, mediante acuerdo de cuatro de octubre pasado, el fallo protector causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficio registrado con el número 14476, el Presidente del Comité responsable remitió copia certificada del dictamen CP/91909/2023, de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, por el que dio respuesta de manera fundada, motivada y congruente a la solicitud de pensión presentada por el quejoso, en el que en sesión ordinaria 895 determinó que el peticionario de amparo tenía derecho a una pensión por fallecimiento de servidor público, causas ajenas al servicio de *************, con clave número 0329404, desempeñando como puesto el de Profesor Titulado y CM en Gobierno del Estado de México, toda vez que a esa fecha acreditaba los requisitos de procedencia, por lo que le corresponde un monto diario de pensión para el año dos mil veintidós de $************ (************ pesos 21/100 moneda nacional), haciendo de su conocimiento el derecho que tenía de interponer recurso administrativo de inconformidad en su contra ante la autoridad responsable o juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de México, en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al en que surtiera efectos la notificación del dictamen en cuestión. Asimismo, mediante la citada misiva con registro 14476, el representante legal del Comité responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación por la que se notificó al quejoso el contenido del dictamen CP/91909/2023, de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Constancias las anteriores, que se pusieron a la vista de las partes, sin que realizaran manifestación alguna. Así las cosas, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplido. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al representante legal de la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informando las gestiones que se encuentra realizando encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de septiembre del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. Se requiere a la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 1019/2023-VII, promovido por ***********, por derecho propio, contra actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar, que no obsta para la celebración de la presente audiencia, el hecho de que el ocho de septiembre del año en curso, se haya recibido el informe justificado de la autoridad responsable antes precisada y, por ende, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; dado el sentido de la resolución que a continuación se dictará, ya que a nada práctico conduciría diferirla, en tanto que se atentaría contra el principio de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo mismo, no se contraviene la jurisprudencia 54/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XI, de Abril de 2000, en la página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", toda vez, que del análisis de la ejecutoria que originó tal criterio, se advierte que el diferimiento de audiencia resulta obligatorio cuando las partes, tengan la posibilidad de desvirtuar el contenido del informe justificado, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, lo cual no acontece en el caso, pues del contenido de dicho informe se advierte que no tiene nada que desvirtuar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las responsables al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1019/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, **********, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra el acto del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. II. Por auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 1019/2023-VII, se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama: La omisión de emitir el dictamen respectivo derivado de la solicitud de pensión presentada por la parte quejosa el uno de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO. La autoridad Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto de su apoderado, acepto el acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia, por lo que se le tiene como cierto el mismo. CUARTO. Previo el estudio de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En el particular, el apoderado del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XX así como el numeral 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte quejosa estaba en aptitud de promover juicio contencioso administrativo, previó a acudir al juicio de amparo; lo cual se estima infundada. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevén que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción deben acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de las responsables. La razón de esta excepción se establece en función de que, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto resulta procedente contra una norma que, por su sola entrada en vigor o, con motivo de su primer acto de aplicación, causen perjuicio a la parte quejosa. Empero, dada la norma combatida por la parte quejosa, ello hace evidente la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar medio de defensa alguno, toda vez que en la especie se plantea violaciones directas al artículo 17 Constitucionalidad, por lo que resulta infundada la causa de improcedencia alegada. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte diversa causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir más causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso expone que se violó en su perjuicio los artículos 1° y 8° constitucionales. Además, del estudio integral de la demanda, se advierte en lo medular que la quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los preceptos constitucionales precisados en el párrafo que antecede, toda vez que las autoridades responsables han omitido dar respuesta a su solicitud de seguro de fallecimiento de uno de noviembre de dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, incumpliendo el plazo previsto en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Como se observa, del argumento que antecede lo que en realidad se está impugnando es violación al artículo 17 Constitucional. La corrección en la cita del precepto constitucional mencionado la realiza este juzgador con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo que autoriza a corregir la cita de los preceptos constitucionales o legales que exprese cualquiera de las partes. Robustece lo anterior la tesis 423, Novena Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página: 362, del rubro y tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." Asimismo, sirve de apoyo la tesis: P. XLVIII/98, Novena Época, Instancia: Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, visible en la página 69, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como, ilustra en lo conducente a lo anterior, lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la tesis 2ª. XCV/2014 (10a), de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS"; en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expedites debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la solicitud de seguro de fallecimiento presentada el uno de noviembre de dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (.)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el uno de noviembre de dos mil veintidós, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición del peticionario el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso. En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de las autoridades responsables, pues como se advirtió, han omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Ángel Lima Gallegos, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emitan de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de seguro de fallecimiento presentada por Miguel Ángel Lima Gallegos, el uno de noviembre de dos mil veintidós. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y se haga del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, por derecho propio, contra el acto reclamado al Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Miguel Ángel Guzmán Guzmán818/2023
- Miguel Ángel Hernández Contreras293/2021
- Miguel Ángel Juárez López630/2022
- Miguel Ángel Karam Enríquez882/2021
- Miguel Angel Lara Martínez1555/2015
- Miguel Ángel Leyva Silva1718/2018
- Miguel Ángel Lima Gallegos1435/2023
- Miguel Ángel López Castillo1322/2018
- Miguel Ángel López Castillo1796/2017
- Miguel Ángel López González593/2023
- Miguel Ángel López Zetina836/2018
- Miguel Angel Luna Trejo830/2021