Miguel Angel Leon Vazquez
Expediente 860/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Leon Vazquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo, legalmente computado, de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos seguirán la suerte del expediente judicial, que será depurado. En el entendido, de que para recoger los documentos deberá realizar una cita, en el sistema electrónico correspondiente, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
de escrito inicial de demanda de amparo Vista la demanda de amparo presentada por ********; en contra de actos del secretario de Salud Federal y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 860/2021-5. Desechamiento de demanda En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- 1.- De la primera y segunda Autoridad en su carácter de ORDENADORA (sic), el acuerdo general descrito en el diario oficial de la federación de fecha 27/07/2021 y/o demás acuerdos en el cual se obliga a los trabajadores de la salud con esquema completo de vacunación a trabajar en área covid, sin evaluar sus antecedentes de salud. II.- De la tercera Autoridad, como EJECUTORA, la ejecución material, parcial o total de los acuerdos u órdenes emitidos por las autoridades ordenadoras para la instrucción de que las personas con esquema completo de vacunación atiendan a pacientes con la enfermedad llamada Covid 19 sin evaluar sus antecedentes clínicos o personas vulnerables aun vacunadas, y las correspondientes consecuencias de hecho y derecho tendiente a despojar al suscrito a su derecho a la salud Asimismo, de ambas Autoridades Responsables SE RECLAMAN las Ordenes o Acuerdos que se hallan ejecutado o se pretendan ejecutar, para privar al suscrito ilegalmente del derecho a la salud y sus consecuencias legales, violentando con ello de nueva cuenta mis Garantías Individuales y mis Derechos Humanos Fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1) ****** en su carácter de SECRETARIO DE SALUD con domicilio en (.) 2) ****** en su carácter de SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en (.) 3).- ********* en su carácter de DIRECTORA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO con domicilio en (.)". Ahora, del examen integral del escrito de demanda y sus anexos, se obtiene, en términos de lo previsto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, que el accionante de la tutela federal reclama: i) El oficio número ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, a través del cual le respondió una petición al agraviado, en el sentido de que se presentara a realizar sus actividades laborares inherentes a su puesto -médico general "A"-, en dicho nosocomio por considerar que ya no es parte de la población en situación de vulnerabilidad para contraer el SARS-CoV2, al contar con un esquema completo de vacunación en contra de dicho virus. ii) La norma de aplicación general denominada "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", emitido por el Secretario de Salud, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. De lo expresado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se desprenden como antecedentes de los actos reclamados: 1. Que el quejoso se desempeña como médico general "A", adscrito al Hospital Comunitario Apaseo el Alto; 2. Como integrante del personal médico, el quejoso obtuvo su esquema de vacunación en contra del virus SARS CoV2 (COVID19); la primera dosis el trece de enero, mientras que la segunda el dieciocho de febrero, ambas datas del año actual; 3. Po rescrito de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó a la autoridad responsable directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, revocara la determinación de que dicho agraviado realizara sus labores con ingreso al área COVID, como se especificó en el oficio de "ROL DE MÉDICOS SEPTIEMBRE 2021"; señaló el peticionario que por los padecimientos que presenta se pone en riesgo su salud y vida, aunado a que no cuenta con ninguna prestación de seguridad social. 4. En respuesta a lo que precede, la responsable directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, emitió el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que en esencia le respondió que se presentara a realizar sus actividades inherentes a su puesto -médico general "A"-, en dicho hospital, por considerar que ya no es parte de la población en situación de vulnerabilidad para contraer el SARS-CoV2, al contar con un esquema completo de vacunación en contra de dicho virus. Esta determinación constituye uno de los actos reclamados. El fundamento de esta determinación consistió en el acuerdo denominado "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Este Acuerdo es el otro de los actos reclamados. Asimismo, la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados el siete de septiembre del año en curso. I. Improcedencia por cuanto ve al acto concreto de aplicación de la norma general impugnada. De lo expuesto se advierte que con relación al acto reclamado consistente en el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el invocado numeral 17 -quince días-, siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama. En efecto, el artículo 61, en su fracción XIV, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También emerge que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En la especie, cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, el término para la presentación de la demanda de amparo que ahora se examina, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, si la parte agraviada expresamente señala que tuvo conocimiento del reclamado oficio ******************** de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, lo que expresó bajo protesta de decir verdad; entonces el lapso de quince días para la presentación de la demanda de derechos fundamentales corrió a partir del ocho de septiembre y concluyó el uno de octubre, ambos de dos mil veintiuno, sin computarse en dicho lapso los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, todos del año en curso, por ser inhábiles. Luego, si la demanda constitucional fue presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, como se observa de la papeleta expedida por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Celaya (foja 1 cuaderno principal), entonces es inconcuso que dicha promoción se hizo con de forma extemporánea, fuera del plazo de quince días que prevén los transcritos numerales -17 y 18- de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto a la letra indican: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Además, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se reclama un procedimiento de extradición (fracción I), no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II), no se promueve en contra de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III), ni el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). II. Improcedencia en cuanto a la norma general impugnada. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo denominado "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; se señala lo siguiente: Conforme a la técnica de estudio del juicio de amparo en contra de leyes, resulta que, si este es improcedente contra el acto de aplicación, también lo será respecto de la ley, en consecuencia, la improcedencia declarada en este auto debe hacerse extensiva a la norma tildada de inconstitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número 2a./J. 71/2000, publicada en agosto de dos mil, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, visible en la página 235, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el amparo promovido en contra del acto reclamado de manera destacada consistente en el oficio ******************** de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, en donde se sustentó en el acuerdo la norma general impugnada; resultó improcedente por extemporáneo, queda evidenciado que dicha improcedencia se hace extensiva a la mencionada norma impugnada -"Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación-. Conclusión. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en trato, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta. Domicilio y autorizados Se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. Así también como sus autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda, al no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral; mientras que a los diversos designados, acorde con lo establecido por el numeral 24 de la invocada ley, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlos facultado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, respecto del proveído que a la letra dice: "Vista la demanda de amparo presentada por ********; en contra de actos del secretario de Salud Federal y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 860/2021-5. Desechamiento de demanda En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- 1.- De la primera y segunda Autoridad en su carácter de ORDENADORA (sic), el acuerdo general descrito en el diario oficial de la federación de fecha 27/07/2021 y/o demás acuerdos en el cual se obliga a los trabajadores de la salud con esquema completo de vacunación a trabajar en área covid, sin evaluar sus antecedentes de salud. II.- De la tercera Autoridad, como EJECUTORA, la ejecución material, parcial o total de los acuerdos u órdenes emitidos por las autoridades ordenadoras para la instrucción de que las personas con esquema completo de vacunación atiendan a pacientes con la enfermedad llamada Covid 19 sin evaluar sus antecedentes clínicos o personas vulnerables aun vacunadas, y las correspondientes consecuencias de hecho y derecho tendiente a despojar al suscrito a su derecho a la salud Asimismo, de ambas Autoridades Responsables SE RECLAMAN las Ordenes o Acuerdos que se hallan ejecutado o se pretendan ejecutar, para privar al suscrito ilegalmente del derecho a la salud y sus consecuencias legales, violentando con ello de nueva cuenta mis Garantías Individuales y mis Derechos Humanos Fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1) ****** en su carácter de SECRETARIO DE SALUD con domicilio en (.) 2) ****** en su carácter de SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en (.) 3).- ********* en su carácter de DIRECTORA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO con domicilio en (.)". Ahora, del examen integral del escrito de demanda y sus anexos, se obtiene, en términos de lo previsto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, que el accionante de la tutela federal reclama: i) El oficio número ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, a través del cual le respondió una petición al agraviado, en el sentido de que se presentara a realizar sus actividades laborares inherentes a su puesto -médico general "A"-, en dicho nosocomio por considerar que ya no es parte de la población en situación de vulnerabilidad para contraer el SARS-CoV2, al contar con un esquema completo de vacunación en contra de dicho virus. ii) La norma de aplicación general denominada "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", emitido por el Secretario de Salud, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. De lo expresado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se desprenden como antecedentes de los actos reclamados: 1. Que el quejoso se desempeña como médico general "A", adscrito al Hospital Comunitario Apaseo el Alto; 2. Como integrante del personal médico, el quejoso obtuvo su esquema de vacunación en contra del virus SARS CoV2 (COVID19); la primera dosis el trece de enero, mientras que la segunda el dieciocho de febrero, ambas datas del año actual; 3. Po rescrito de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó a la autoridad responsable directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, revocara la determinación de que dicho agraviado realizara sus labores con ingreso al área COVID, como se especificó en el oficio de "ROL DE MÉDICOS SEPTIEMBRE 2021"; señaló el peticionario que por los padecimientos que presenta se pone en riesgo su salud y vida, aunado a que no cuenta con ninguna prestación de seguridad social. 4. En respuesta a lo que precede, la responsable directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, emitió el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que en esencia le respondió que se presentara a realizar sus actividades inherentes a su puesto -médico general "A"-, en dicho hospital, por considerar que ya no es parte de la población en situación de vulnerabilidad para contraer el SARS-CoV2, al contar con un esquema completo de vacunación en contra de dicho virus. Esta determinación constituye uno de los actos reclamados. El fundamento de esta determinación consistió en el acuerdo denominado "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Este Acuerdo es el otro de los actos reclamados. Asimismo, la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados el siete de septiembre del año en curso. I. Improcedencia por cuanto ve al acto concreto de aplicación de la norma general impugnada. De lo expuesto se advierte que con relación al acto reclamado consistente en el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el invocado numeral 17 -quince días-, siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama. En efecto, el artículo 61, en su fracción XIV, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También emerge que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En la especie, cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, el término para la presentación de la demanda de amparo que ahora se examina, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, si la parte agraviada expresamente señala que tuvo conocimiento del reclamado oficio ******************** de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, lo que expresó bajo protesta de decir verdad; entonces el lapso de quince días para la presentación de la demanda de derechos fundamentales corrió a partir del ocho de septiembre y concluyó el uno de octubre, ambos de dos mil veintiuno, sin computarse en dicho lapso los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, todos del año en curso, por ser inhábiles. Luego, si la demanda constitucional fue presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, como se observa de la papeleta expedida por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Celaya (foja 1 cuaderno principal), entonces es inconcuso que dicha promoción se hizo con de forma extemporánea, fuera del plazo de quince días que prevén los transcritos numerales -17 y 18- de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto a la letra indican: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Además, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se reclama un procedimiento de extradición (fracción I), no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II), no se promueve en contra de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III), ni el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). II. Improcedencia en cuanto a la norma general impugnada. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo denominado "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; se señala lo siguiente: Conforme a la técnica de estudio del juicio de amparo en contra de leyes, resulta que, si este es improcedente contra el acto de aplicación, también lo será respecto de la ley, en consecuencia, la improcedencia declarada en este auto debe hacerse extensiva a la norma tildada de inconstitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número 2a./J. 71/2000, publicada en agosto de dos mil, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, visible en la página 235, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el amparo promovido en contra del acto reclamado de manera destacada consistente en el oficio ******************** de siete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora del Hospital Comunitario Apaseo el Alto, en donde se sustentó en el acuerdo la norma general impugnada; resultó improcedente por extemporáneo, queda evidenciado que dicha improcedencia se hace extensiva a la mencionada norma impugnada -"Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; emitido por el secretario de Salud (federal), publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación-. Conclusión. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en trato, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta. Domicilio y autorizados Se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. Así también como sus autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda, al no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral; mientras que a los diversos designados, acorde con lo establecido por el numeral 24 de la invocada ley, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlos facultado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita".
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