Miguel Ángel León Cibrían
Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Ángel León Cibrían
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de ocho de febrero del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel León Cibrían, Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel León Cibrían, por propio derecho, contra actos que reclama del Director de Substanciación "A.2" DE LA Auditoria Superior de la Federación. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 177/2023-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente DGSUB/"A"/A.2//107/01/2023, registro DGSUB/B/B1/107/01/2023 que contiene la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa presentado por el Director General de Investigación A adscrito a la Auditoria Especial de Seguimientos, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de autoridad investigadora y el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Director de Substanciación "A.2" de la Auditoria Superior de la Federación, así como sus consecuencias. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" qaz Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva en contra de actos en juicio que no sean de imposible reparación. Asimismo, se observa que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se combaten actos en el juicio, se deben tomar en cuenta dos criterios, a saber: I. Que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. II. Que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. En caso de no reunirse alguno de esos criterios, debe estimarse improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. El criterio que informa, se contiene en la tesis P. LVII/2004, con registro número 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, que dice: De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, subsanando las posibles violaciones cometidas en su contra. Así es, la parte quejosa reclama el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente DGSUB/"A"/A.2//107/01/2023, registro DGSUB/B/B1/107/01/2023 que contiene la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa presentado por el Director General de Investigación A adscrito a la Auditoria Especial de Seguimientos, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de autoridad investigadora y el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Director de Substanciación "A.2" de la Auditoria Superior de la Federación, así como sus consecuencias. Además, llegado el momento de dictar la resolución en dicho procedimiento, puede ser favorable a sus intereses y evitar cualquier tipo de sanción administrativa. Más aún, en el supuesto de que la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, sea contraria a sus intereses, la promovente del amparo se encuentra en posibilidad de hacer valer los medios de defensa que procedan en la vía administrativa o jurisdiccional, incluyendo el juicio de amparo, en su caso, momento en el que pudieran repararse las violaciones que se hubiesen cometido durante dicho procedimiento. De ahí que, la determinación establecida en el informe de presunta responsabilidad administrativa y acuerdo de inicio de procedimiento administrativo reclamados, no lesionen alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna. De ahí que, los actos reclamados no son de naturaleza irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues cabe la posibilidad de que no se le sancione con la destitución de su empleo, sea suspendida, inhabilitada o sancionada económicamente, ya que la finalidad del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa es precisamente sujetarla al propio procedimiento a fin de determinar su responsabilidad, y en caso de que no se determine ésta, culminará con una resolución favorable, y de no ser así, se insiste, podrá controvertirlos a través de los medios de defensa legales, e incluso, a través del juicio de amparo directo, en el que podrá alegar las violaciones y perjuicios que pudieran suscitarse durante el desarrollo del procedimiento de trato. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242, de epígrafe y contenido siguientes: Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." En ese orden de ideas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a ********************y********************, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Se autoriza la consulta del presente expediente; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "JorgeCamachoVelazquez", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese
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