Miguel Ángel Leal Toriello
Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Leal Toriello
- Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, con sede en Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Leal Toriello. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un érmino de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. Asimismo, se le informa que para la entrega de éstos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
Vista la demanda de amparo; fórmese expediente y regístrese con el número 518/2022-VI. Antes de proveer lo conducente en relación con la demanda de amparo, es menester precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, no contiene algún motivo específico de improcedencia del juicio de amparo, sino que permite deducir la improcedencia de alguna disposición tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo. El contenido de las fracciones III, IV y V del artículo 107 del referido ordenamiento legal permite advertir una regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos suscitados al desahogarse un juicio, un procedimiento en forma de juicio e incluso en procedimientos específicos como el de ejecución de sentencia y de remate. Esto tiene su razón en que, por una parte, el juicio de amparo no deber obstaculizar el desarrollo de tales procesos, y por otra, que las violaciones que en su caso ocurran son susceptibles de análisis constitucional, a través de amparo directo o indirecto, al reclamarse la decisión definitiva que se emita en el juicio o procedimiento respectivo. Empero, como se dijo, la improcedencia aludida constituye una regla general y como tal tiene su excepción, ya que el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto realizado en el juicio o procedimiento es de imposible reparación, entendiéndose por tal, el que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En el caso particular, el acto reclamado es la determinación emitida por la Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, en la audiencia de tutela de derechos de dieciséis de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente 1P1622-51, en la cual confirmó la determinación de veintiocho de enero de este año de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común "3" de esta ciudad, sobre no recabar datos de prueba propuestos por la parte denunciada. El quejoso sostiene que la determinación reclamada es un acto de imposible reparación, ya que de no recabarse los datos de prueba que solicitó se afectaría su derecho a una adecuada defensa ante un posible acto privativo de su libertad, pues se le vinculará a proceso en la audiencia programada para el veintidós de marzo del año en curso. ... Ahora, el hecho de que el acto reclamado no tenga cabida, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en el artículo y fracción ya invocados en el párrafo precedente, no impide que sea posible subsumirlo en la fracción II del referido artículo 107, que admite dicho juicio contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, judiciales administrativos o del trabajo. Así, los actos ocurridos en la investigación inicial del procedimiento penal son, por regla general, susceptibles de reclamo constitucional conforme a dicho precepto y fracción. Y resulta claro que esa hipótesis legal, desde un plano gramatical, no exige que tales actos sean de imposible reparación para acudir al amparo indirecto. Sin embargo, si el acto reclamado ha sido emitido dentro de un procedimiento formal y legalmente establecido, pese a que la invocada fracción II del artículo 107 no lo prevea, debe exigirse el requisito de irreparabilidad como ocurre en los casos de las fracciones III, IV y V de ese precepto, ya que es palpable que subyace el mismo principio. Esto es, existe la posibilidad de reparabilidad dentro del mismo procedimiento al emitirse una resolución posterior que es impugnable en amparo indirecto, en el cual pueden allegarse las violaciones ocurridas durante el procedimiento. Como se anunció, en el caso en análisis, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que la circunstancia de que la juez responsable haya confirmado el acuerdo de no recabar datos de prueba en los términos solicitados por la defensa del aquí quejoso, dentro de la fase de investigación inicial, no es un acto de imposible reparación. En ese orden de ideas, en razón que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, ambos preceptos de la Ley de Amparo; de ahí que respecto del acto reclamado en estudio, lo procedente sea desechar la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Leal Toriello, en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, recíbase la documental exhibida junto a la demanda, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que a través del usuario "rosario1971" pueda recibir notificaciones. Asimismo, téngase como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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