Miguel Ángel Leal Toriello

Expediente 1329/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1329/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Leal Toriello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días para interponer recurso de revisión contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y se determina que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa.

  2. Incidental

    Vistos los autos del juicio principal del que deriva la presente incidencia se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo en dicho asunto; en consecuencia, archívese el expediente en que se actúa. Toda vez que se negó la suspensión definitiva en los autos del presente incidente, se provee: Con fundamento en el artículo 21, inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en torno al duplicado de este incidente, en virtud de que en auto de cinco de enero de dos mil veintidós se ordenó formar únicamente de manera impresa el cuadernillo original.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, mediante el cual remite la documental como complemento a su informe justificado requerida en auto de uno de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase ofrecida y desahogada la prueba documental que remite, consistente en copia certificada de diversas constancias de la carpeta de investigación 73131/2021 de su índice, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que se actualiza una causa de improcedencia que permite sobreseer en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional. En efecto, a partir del análisis de las constancias recibidas en esta determinación, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la legislación de la materia por remisión expresa de su artículo 2o, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que impide analizar la constitucionalidad de la negativa que el quejoso reclama a la fiscalía responsable. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora bien, para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, el quejoso reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, la negativa de otorgarle el acceso a los registros de la carpeta de investigación 73131/2021, en la cual, aduce, tiene el carácter de indiciado. No obstante, en las constancias con que dio cuenta la secretaría en esta resolución, se aprecia un acta emitida el cinco de enero del año en curso, en la cual la fiscalía responsable hizo constar que en esa fecha, dentro de la carpeta de investigación de origen, otorgó acceso al licenciado Jesús Arturo García Frías, quien tiene el carácter de defensor particular en la carpeta de investigación de origen, así como de autorizado en términos amplios del aquí quejoso. Asimismo, se hizo constar que se autorizó a dicho abogado el uso de medios electrónicos para escanear las constancias integrantes de dicha carpeta y, finalmente, se aprecia la firma tanto de la fiscalía responsable como del abogado aludido, al calce del acta en cuestión. Por tanto, la conducta negativa atribuida a la autoridad responsable desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición del acto reclamado antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan sus efectos y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la negativa de brindar acceso al quejoso dentro de la carpeta de investigación de origen dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario, conllevaría el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad; téngase rendido el informe justificado que le corresponde. Con su contenido dese vista a la partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de una revisión de las constancias consistentes en la copia de la carpeta de investigación ..../2021 de su índice, se advierte que no están correctamente integradas. Por tanto, se requiere a la Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, reproduzca nuevamente las constancias que integran la carpeta que remitió en apoyo a su informe justificado, en ambas de sus caras, y con ellas forme un legajo que deberá reunir los siguientes requisitos para su validez.-

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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