Miguel Ángel Landa Herrera
Expediente 1175/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Landa Herrera
Actuaciones
- Principal
...Notifíquese personalmente...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Landa Herrera, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por violación a sus derechos humanos. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1175/2019/VI-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Landa Herrera, señaló como acto reclamado: El acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, en el expediente 510/2019-II, de su índice, en el que, entre otras cosas, señaló las once horas del dieciséis de enero del año dos mil veinte, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, con el apercibimiento que en caso de no aceptar la reinstalación ofrecida por la parte demandada, se le tendrían por fijados los salarios caídos hasta la fecha de dicho requerimiento al quejoso. Expresiones las anteriores que para quien resuelve adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, pues revelan que el quejoso es parte en el expediente laboral 510/2012-II del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." No obstante, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que por esta vía combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del expediente laboral 510/2012-II del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que puede reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Asimismo el acuerdo que reclama la parte quejosa no es aquel en el que se tenga por cumplido el laudo arbitral dictado en aquellos autos, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA". Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto reclamado al Tribunal responsable consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, en el expediente 510/2019-II, de su índice, en el que, entre otras cosas, señaló las once horas del dieciséis de enero del año dos mil veinte, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, con el apercibimiento que en caso de no aceptar la reinstalación ofrecida por la parte demandada, se le tendrían por fijados los salarios caídos hasta la fecha de dicho requerimiento al quejoso.; es de aquellos dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, es decir, contra aquella en la que se aprueba el cumplimiento, o bien se declara la imposibilidad jurídica para hacerlo, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizadas en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Raquel Castellanos Guzmán, Óscar Jesús Hernández Cabrera y Francisco Javier Camacho Acosta, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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