Miguel Ángel Lagos Martínez
Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Ángel Lagos Martínez
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que los accionantes interpusieran recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-IV
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual se determina: Vista la demanda de amparo signada por Miguel Ángel Lagos Martínez y Juan Francisco Martínez Monroy, contra un acto de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y actuario de su adscripción; en su atención se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 843/2020-IV-A, y hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 2 para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especia, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a los promoventes, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 4 De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 6 Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial se advierte que Miguel Ángel Lagos Martínez y Juan Francisco Martínez Monroy, acudieron a esta instancia constitucional en su carácter de demandados en el juicio ordinario civil 526/2019, a reclamar el auto de cuatro de marzo del año en curso dictada por la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por la cual se abrió el juicio a prueba por el periodo de diez días; sin embargo, en realidad se duelen de que en diverso acuerdo de siete de septiembre pasado, se tuvieron por admitidos los medios de convicción ofertados por la parte actora. Como se adelantó, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. De los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiestan los promoventes, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de un juicio ordinario civil en el que los quejosos poseen el carácter de demandados. Luego, en proveído de cuatro de marzo del año en curso la autoridad responsable señaló plazo para que las partes ofrecieran los medios de convicción correspondientes; posteriormente, en auto de siete de septiembre del año en curso, la juez del proceso admitió los medios de convicción ofertados por la parte actora; circunstancia que los promoventes del amparo estiman aconteció fuera del término legal otorgado para ello, pues a su juicio ya había fenecido desde el mes de julio de esta anualidad; sin embargo, tal determinación no puede ser considerada como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. En efecto, el proveído de siete de septiembre pasado de ningún modo les impide el ejercicio de un derecho sustantivo, aunado a que de las consecuencias que producen, con independencia de la decisión que pudiera tomarse respecto a la legalidad o la constitucionalidad de dichos actos de autoridad, no depende la suerte de todo el proceso de origen. Es decir, no afectan de manera inmediata a los promoventes dado que sus efectos se verán reflejados en la resolución del juicio de origen y la afectación que, en su caso, les provocaría, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 8 En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo de los promoventes, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que, en todo caso, son cuestiones intraprocesales, ya que su vulneración puede carecer de relevancia si la sentencia que en su momento se dicte le es favorable a los recurrentes, en virtud de que desaparecería la afectación que pudo generarles. En ese sentido, las afectaciones que los ahora quejosos aducen les producen los actos reclamados pueden ser reparadas en el supuesto de que obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento, de acuerdo a lo consignado por las fracciones III y XII del artículo 172 de la citada legislación, ya que el acto reclamado se encuentra circunscrito a la actividad probatoria del juicio de origen. Así, en la demanda de amparo directo, que en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas de los quejosos. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTACIÓN A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 10 se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bugambilia número 11, primer y segundo piso, colonia Jardines de Colosio, en Pachuca de Soto, Hidalgo, y como autorizados para esos efectos a Gerardo Mejía Ávila, Gerardo Mejía González, Luis Quirino Aparicio, Isaí Rocha Negrete y Tamara Gutiérrez Guarneros, toda vez que de los tres primeros no se encontraron inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF), y los dos últimos fueron autorizados para esos efectos. De igual forma, se tienen por señalados los números telefónicos y correos electrónicos que indican, mismos que de ser necesarios se ocuparan para entablar comunicación no procesal con la parte quejosa. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REPRODUCCIONES DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u /VGgiaAs/tukB3Vf15Qc5qhmRkFUooJiWIVoBbO26Uw= 12 otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....m-IV
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte tercero interesada, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, a través del cual se determina: SE DECLARA CUMPLIDA EJECUTORIA. Visto el estado de autos del que se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, dentro del lapso que se le concedió, razón de lo anterior, resulta procedente realizar el análisis del mismo. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En la sentencia pronunciada por este juzgado el once de diciembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el dieciséis siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María del Rocío Téllez Girón Cabrera, para el efecto de que la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número VIII de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, sin tocar los demás aspectos de la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve: 1. Dejara insubsistente específicamente el punto cuatro de dicha determinación, en el que se negó a la impetrante la devolución del vehículo marca Chevrolet Trax, modelo 2015, serie 3GNCJ7CE3FL198909, motor hecho en México, Placas de circulación HJS113A, particulares del Estado de Hidalgo; y, 2. Con plenitud de jurisdicción dictara uno nuevo en el sentido que estimara procedente, pero purgando los vicios formales de fundamento y motivación que adolecía la anterior. Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en sesión de nueve de julio del año en curso; por lo que el veintidós de septiembre siguiente, se requirió a la agente del ministerio público responsable diera cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Dos sin Detenido, adscrita a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, remitió copias auténticas del registro de devolución en depósito de vehículo, de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta de investigación 12-2019-04182. De las referidas documentales, que merecen valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en la materia, se observa que la citada autoridad determinó realizar la devolución en depósito del vehículo marca Chevrolet, tipo Trax, modelo 2015, color blanco, serie 3GNCJ7CE3FL198909, motor hecho en México y placas de circulación HJS113A, a la impetrante María del Rocío Téllez Girón Cabrera. Para tomar la anterior decisión la agente del Ministerio Público responsable se apoyó en los artículos 239, 240 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se desprenden los requisitos para realizar la una devolución en depósito de un vehículo automotor, y la facultad del Ministerio Público para llevar a cabo su aseguramiento. Asimismo, refirió que la devolución ordenada encontraba sustento en que María del Rocío Téllez Girón Cabrera había exhibió la factura original FAUEAN7992, endosada a su favor, así como la tarjeta de circulación expedida a su nombre; lo que, hasta ese momento, la ostentaba como propietaria del citado vehículo. Agregó, que en el dictamen en materia de identificación vehicular se concluyó que el automotor en comento no presentaba alteraciones en sus medios de identificación y que, de acuerdo con el oficio 2576/2019, dicha unidad no contaba con reporte de robo. Así, determinó procedente realizar la devolución en calidad de depósito del vehículo referido, a la aquí quejosa María del Rocío Téllez Girón Cabrera, en calidad de poseedor; por lo que no podrá venderlo, alterarlo, arrendarlo, donarlo, ceder derechos, constituir garantías, cualquier otro acto análogo. En virtud de lo que precede, se concluye que se ha cumplido con la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente el punto cuatro de la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que se negó la devolución del vehículo marca Chevrolet Trax, modelo 2015, serie 3GNCJ7CE3FL198909, motor hecho en México, Placas de circulación HJS113A, particulares del Estado de Hidalgo; y emitió una nueva determinación en la que de manera fundada y motivada ordenó la devolución en depósito de dicho vehículo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, quedando expedito el derecho de la parte legitimada para hacer valer el medio de defensa que considere oportuno, en caso de inconformidad con la presente determinación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número VIII de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la copia auténtica de la carpeta de investigación 12-2019-4189, que remitiera en apoyo a su informe justificado; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, en virtud de que, para tal efecto, bastara la boleta postal que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. SE ATIENDE SOLICITUD. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María del Rocío Téllez Girón Cabrera; en su atención, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores...M-V
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