Miguel Ángel Juárez Pérez

Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Juárez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1194/2021 promovido por ***, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que expuso que el Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha omitido expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero del año en curso. El inconforme estima que el acto del ente responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 8, 9, segundo párrafo, 17 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Miguel Ángel Juárez Pérez promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como autoridad responsable al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a quien reclamó la omisión de expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero del año en curso. Por acuerdo de veintinueve de octubre pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 1194/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en la que se dictó la sentencia correspondiente, en donde se decretó el sobreseimiento en este asunto. Inconforme con esa resolución el autorizado del quejoso interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca del recurso de revisión 40/2022 y en la ejecutoria de cuatro de agosto del año en curso, revocó el fallo recurrido y ordenó reponer el procedimiento; en acato a esa ejecutoria se continuó con el procedimiento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se previno al justiciable para que ampliara su escrito inicial. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: Del Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca reclama: La omisión de expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, consistente en la omisión de expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, porque al margen de que esa autoridad en su informe justificado negó la existencia de la actuación impugnada, lo cierto es que la omisión señalada no puede ser atribuida a ese ente público en la medida en la que no existe alguna norma jurídica que lo obligue a actuar en el sentido que el disidente pretende. Para evidenciar la inexistencia de la omisión reclamada es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por la entidad responsable en su informe justificado por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos -máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta, aunque negativa, cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 15.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 15.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo combatido es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encontraba constreñida a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Enseguida, es necesario examinar si el ente responsable señalado conforme alguna norma jurídica se encontraba obligado a actuar en el sentido indicado por el solicitante de la protección constitucional, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñido a realizar tenía el deber de expedir a su favor el certificado de estudios que solicitó el veintidós de febrero del año en curso. Para determinar lo anterior en principio debe señalarse que de los ordinales 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se advierte que el Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como su representante legal y es el Presidente del Consejo Universitario de esa casa de estudios, quien entre sus atribuciones y deberes se encuentran las de hacer cumplir esa legislación y los reglamentos que de ella emanen; nombrar a diversos funcionarios y al Abogado General de esa institución; dar a conocer al Consejo Universitario los presupuestos aprobados por las Instituciones del Poder Público respectivas; presentar anualmente, en forma detallada y por escrito ante el Consejo Universitario un informe del estado que guarda la administración; celebrar y suscribir convenios, contratos colectivos e individuales de trabajo; delegar la representación legal de la Universidad, para casos concretos, cuando lo juzgue necesario, así como revocar todo tipo de poderes que hubiere otorgado; ejecutar las resoluciones y los acuerdos que aprueben el Congreso o el Consejo Universitario, conforme con sus atribuciones; firmar en unión del Secretario General, los títulos profesionales, certificados de estudio y diplomas; convocar a elección de representantes de los tres sectores de la Universidad ante el Congreso y Consejo Universitario; en su omisión, convocará el Consejo Universitario, entre otras. Ahora, conforme a los antecedentes relatados en el primer apartado de esta sentencia y de los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que expuso que el Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha omitido expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero del año en curso; empero, no aportó el ocurso que contiene esa petición dirigido a dicha autoridad. En este punto, se tiene en cuenta que el arábigo 8 del Pacto Federal prevé de manera general el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al establecer lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La norma constitucional inserta consagra la obligación de los funcionarios y los empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario siendo que éste debe señalar el domicilio en el que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular. En esa línea, el ejercicio del derecho de petición por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos: 24.1. La petición: debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 24.2. La respuesta: la autoridad debe dictar un acuerdo por escrito en breve término y congruente con la petición; es decir, debe resolver en determinado sentido a lo pedido no necesariamente debe acceder a la pretensión. 24.3. La notificación: debe darse a conocer el acuerdo recaído en forma personal al gobernado. En el caso, se advierte que el justiciable no probó el primero de los elementos indicados, porque no exhibió el escrito que contiene su solicitud dirigida al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para que expidiera a su favor el certificado de estudios de bachillerato, no obstante que afirma que pidió ese documento el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Luego, si el quejoso no demostró que formuló al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca una petición para que expidiera a su favor el certificado de estudios de bachillerato, porque no exhibió la constancia de que entregó su solicitud relativa, entonces es indudable que no puede reprochar que la responsable incurrió en omisión, porque la existencia de la formulación de la petición es un presupuesto para que el órgano estatal tenga la obligación de dar una respuesta y notificar su determinación en términos de lo prescrito por el ordinal 8 de la Carta Magna. Además, se tiene en cuenta que conforme a lo dispuesto por el arábigo 42, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no corresponde a esa autoridad expedir los certificados de estudios, sino solo le compete firmar en unión del Secretario General de la citada institución ese tipo de documentos; de ahí que la autoridad responsable está imposibilitada para expedir a favor del justiciable el certificado de estudios de bachillerato que asevera que solicitó el veintidós de febrero del año en curso, pues se insiste el citado ordenamiento no obliga a ese ente público a actuar en el modo que el justiciable pretende. Lo anterior pone de relieve que la omisión combatida no puede ser reprochada a la autoridad responsable, porque el normativo 42, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no la obliga a expedir certificados de estudios a los alumnos de ese plantel educativo. En ese contexto, no existe el acto omisivo que el titular de la acción de amparo reclama a la citada responsable, dado que no se colman los elementos deóntico y óntico indicados con anterioridad para que se actualice una omisión como conducta cualificada por el derecho, en la medida en la que conforme a lo prescrito por el dispositivo 42, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ese ente público no está obligado a expedir el certificado de estudios de bachillerato al disidente. En ese contexto, al no ser un deber de la responsable expedir el documento académico que el quejoso afirma que solicitó es inconcuso que no puede actuar en el sentido que el disidente pretende; por tanto, es indudable que no existe la omisión reprochada a la autoridad responsable; de ahí que en el caso se actualice la causal de sobreseimiento regulada por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, consistente en la omisión de expedir a su favor el certificado de estudios de bachillerato que solicitó el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el delegado de la autoridad responsable Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en atención al requerimiento de diez de agosto del año en curso, hace del conocimiento que en respuesta al oficio OAG/UABJO/197/2022 de once de los corrientes, el Secretario General de esa casa de estudios informó que el diecisiete de agosto anterior se entregó al quejoso su certificado de estudios correspondiente y para constancia remite copia fotostática simple de ese instrumento. Al respecto, se tiene al promovente por hechas sus manifestaciones, se toma conocimiento de lo que expone y se tiene al ente responsable por atendida parcialmente la citada prevención, porque solo rindió el informe requerido, pero no remitió reproducción autorizada del certificado de estudios expedido a favor del inconforme. En ese contexto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que deberá atender el requerimiento indicado en los términos en los que fue formulado, por lo que tiene la obligación de realizar las acciones necesarias e inmediatas para cumplir tal prevención en el plazo de veinticuatro horas concedido y remitir físicamente copia certificada del citado instrumento, dado que este último está asociado con la respuesta dada al comunicado OAG/UABJO/197/2022 de once del mes y año en curso, que se giró al Secretario General de tal institución educativa, en el entendido que subsiste el apercibimiento formulado en el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, en el caso de que no lo haga. Máxime que la emisión del referido certificado de estudios a favor del quejoso eventualmente pudiera actualizar alguna causal de improcedencia, cuyo estudio es oficioso, preferente y de orden público; de ahí que este Juzgado Federal tenga la obligación de indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si ese supuesto de inejercicio de la acción constitucional se actualiza o no. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en atención al requerimiento de diez de agosto del año en curso, hace del conocimiento que hasta el momento no cuenta con la información y la documentación solicitada, por lo indica que giró un nuevo comunicado a la Secretaría General de esa casa de estudios para pedir tal información y una vez que obre en su poder la comunicará a este órgano jurisdiccional. Al respecto, se tiene a la oficiante por hechas sus manifestaciones y se toma conocimiento de lo que expone, por lo que hágase de su conocimiento que deberá atender el requerimiento indicado en los términos en los que fue formulado. En ese sentido, tiene la obligación de realizar las acciones necesarias e inmediatas para cumplir tal prevención en la temporalidad concedida, por lo que una vez que obren en su poder de manera pronta deberá suministrar la información solicitada y remitir las constancias requeridas, en el entendido que subsiste el apercibimiento formulado en el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, en el caso de que no lo haga. En diverso aspecto, se tiene como su delegado a *** conforme a lo establecido por el ordinal 9 de la ley de la materia y en cuanto a las personas restantes que designa como sus delegados, así como los medios de contacto que indica deberá estarse a lo decido en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó sobre tales aspectos. Notifíquese.

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